Documentos judiciales revelan que Luisa Ortega Díaz estuvo dispuesta a certificar ante la justicia española que no existen acusaciones formales en su país contra el exjefe de los servicios de inteligencia.
Entre los múltiples esfuerzos que hicieron los abogados del ex jefe de inteligencia de Venezuela Hugo “El Pollo” Carvajal para impedir su extradición de España a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, hay uno muy poco conocido, pero poco sorprendente para muchos.
De acuerdo con uno de los abogados, la fiscal venezolana en el exilio Luisa Ortega Díaz estaba dispuesta a certificar que Carvajal no tenía acusaciones pendientes en su país por ningún tipo de delito que se le acusa en Estados Unidos, que ha ofrecido diez millones de dólares por detalles que conduzcan a su arresto.
En un memorando presentado el 29 de agosto de 2019 a la Audiencia Nacional de España, Ismael Oliver, antiguo abogado de Carvajal, afirmó que la fiscal le manifestó telefónicamente que “se concluyó que no existían elementos que permitieran enervar [formulario] acción alguna contra el Sr. Carvajal Barrios ”.
A esa conclusión llegó a la fiscalía venezolana luego de “una serie de diligencias que llevaron algún tiempo”, agregó Oliver en su escrito.
De acuerdo con el abogado Ortega estaba “dispuesta a certificar dicha información si se le solicita por la autoridad judicial española”.
El ofrecimiento de Ortega de apoyar a uno de los funcionarios más protegidos por el gobierno de Venezuela en los últimos años gracias a sus secretos, contrasta con su campaña internacional desde el exilio en contra de la corrupción y la violación de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro.
Líderes de la oposición en Venezuela consideran que sería improbable que Carvajal fue sometido a una investigación por vínculos con el narcotráfico teniendo en cuenta el extraordinario poder que derivaba de su cargo en el sector de inteligencia, los secretos que guardaba, y su amistad con el fallecido presidente Hugo Chávez.
El sacerdote venezolano José De Jesús Palmar, que por años denunció la intromisión del narcotráfico en las Fuerzas Armadas de su país, se mostró sorprendido por los alegatos de la exfiscal, tomando en cuenta que personalmente, en 2007, entregó al Ministerio Público evidencias contra Hugo Carvajal.
“El 7 de agosto de 2007 presentamos ante la Fiscalía venezolana -Ortega Díaz aún no ejercía el cargo- bastante material, con evidencias incluido, que demostraba la relación de Carvajal con los narcos”, recuerda Palmar.
“Si ella no vio evidencias en contra de Hugo Carvajal fue porque eliminaron los expedientes o simplemente los ocultaron, pero negar que existan pruebas es absurdo”, remata el sacerdote.
El padre Palmar está exiliado en Estados Unidos desde 2018 tras escapar de su país donde sufrió amenazas de muerte y tortura.
La Policía española está buscando a Carvajal desde el 8 de noviembre de 2019 para detenerlo, desde que la Justicia autorizara su extradición a Estados Unidos. Cuando los agentes fueron al domicilio en Madrid donde residía el exoficial tras quedar en libertad el pasado mes de septiembre, no lo encontraron.
Oliver aseguró en una primera entrevista con un redactor de este medio, que la exfiscal le hizo el ofrecimiento sobre Carvajal durante una visita a Madrid previo a un encuentro con funcionarios de la Unión Europea en Bruselas, a la que ella asistiría para denunciar al régimen de Maduro. Según escribió Oliver en su memorial, Ortega es reconocida por la Unión Europea como la única fiscal de Venezuela.
“Ella me dijo personalmente, en mi despacho, que se solicitara (su certificación) y que la daría… por eso yo se lo pedí al tribunal”, describe Oliver. ITEMP intentó obtener comentarios mayores del abogado para esta historia, pero declinó ofrecerlos.
Ortega, quien se asiló en Colombia, dijo que lo plasmado en los documentos por el abogado no era cierto. Sin embargo, en los expedientes públicos relacionados con el caso en España no existe ningún desmentido de la fiscal de la versión que le atribuye la defensa de Carvajal.
Un portavoz de la exfiscal dijo que Ortega “no recibió ninguna notificación y no ha visto el documento donde aparece tales citas” para proceder a desmentir.
De vieja data
En Venezuela las sospechas de la complicidad de Carvajal con los narcos se remontan a 2010 cuando Walid Makled alias “El Turco”, un prominente narco venezolano actualmente preso en Caracas, aseveró haber tenido al entonces jefe de inteligencia militar en su nómina para operar cargas de cocaína. En ese año Ortega dirigía el Ministerio Público (Fiscalía).
De acuerdo con una acusación de la corte del distrito sur de Estados Unidos, Carvajal protegió a los narcotraficantes desde 1999 a través de una organización de militares de alto rango conocido como El Cartel de los Soles.
Ortega fue destituida en 2017. Meses antes de su salida, el 23 de febrero de ese año, Carvajal le pidió a la fiscalía venezolana que levantara su inmunidad parlamentaria como diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas para someterse a una investigación sobre la veracidad de las acusaciones en su contra hechas por la justicia estadounidense.
Oliver sostuvo en su memorando que efectivamente la exfiscal le confirmó “la petición de retirada de la inmunidad”. Luego se produjo un informe, no conocido públicamente en Venezuela, sobre el cual la fiscal estaba dispuesta a dar constancia. En dicho informe se certificaba que no existían hechos que comprometieran a Carvajal con el narcotráfico.
La Agencia para el Control de Drogas (DEA) tiene información diferente a la de la fiscalía venezolana respecto al pasado del exfuncionario. Según la acusación en Estados Unidos Carvajal habría facilitado las operaciones de narcotráfico de al menos una docena de capos de la droga que buscaron refugio en Venezuela entre 2004 y 2011, el tiempo en que estuvo al mando de la contrainteligencia militar.
De acuerdo con los documentos de la corte de Nueva York, Carvajal fue cómplice en el despacho de un cargamento de más de cinco toneladas de cocaína en un avión DC-9 de matrícula estadounidense (N-900SA).
Los documentos describen que el avión partió la tarde del 10 de abril de 2006 desde la rampa presidencial del aeropuerto internacional de Maiquetía. Por una falla técnica realizó un aterrizaje de emergencia en Campeche, México, pero su destino final era Toluca y de allí Estados Unidos.
No se conocen documentos de apertura de investigaciones o acusaciones en Venezuela contra altos funcionarios relacionados con esta incautación pese a que la imputación en Estados Unidos menciona la complicidad de un juez venezolano no identificado por su nombre, constató ITEMP luego de revisar el archivo de expedientes penales de la Fiscalía de Venezuela.
Según la solicitud de extradición de Estados Unidos a España, Carvajal solicitó un importante juez venezolano que brindara su apoyo para una operación que se ejecuta en la “Rampa 4” de Maiquetía.
“Tras la incautación en México, Carvajal le pidió al citado juez que estaba de guardia en caso de que las autoridades del orden público conectaran el cargamento de cocaína con el general”, dicen los alegatos de la solicitud de extradición.
Aparte del expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Carvajal enfrenta otra acusación en la Corte del Distrito Sur de Florida presentada en 2013.
Según la corte federal de Miami el narcotraficante colombiano Wilber Varela pagó a Carvajal para su protección y trasiego de drogas.
El abogado de Carvajal ha cuestionado los testigos citados por el gobierno de Estados Unidos en su solicitud de extradición.
“Ninguna de esas personas, delincuentes confesos, que ofrecen testimonios conoce a Carvajal”, dijo.
Voz crítica
Carvajal llegó a la capital española el 18 de marzo en un viaje secreto desde República Dominicana luego de romper con el régimen de Maduro y reconocer a Juan Guaidó como líder del país. Fue arrestado el 12 de abril en Madrid.
La Audiencia Nacional denegó su extradición cinco meses después al considerar que Estados Unidos lo pedía “por una motivación política”.
El 8 de noviembre la Audiencia cambió su decisión y ordenó la extradición del exgeneral chavista para ser juzgado por cargos de tráfico de drogas.
Tras filtrarse por la prensa la noticia de su extradición dos semanas antes de hacerse oficial, Carvajal escapó de su domicilio a las afueras de Madrid y su paradero es desconocido.
Cerrando todas sus opciones, el Gobierno de España, a través del Consejo de Ministro, como dicta la ley, aprobó el 3 de marzo de 2020 la entrega a Estados Unidos del antiguo funcionario una vez que sea localizado.
Cuando los fiscales federales acusaron el 26 de marzo de 2020 al presidente Maduro de participar en una conspiración de narcotráfico, el Departamento de Estado también anunció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto del líder chavista, además de $ 10 millones por información que para capturar a Carvajal.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, fue también acusado ese día de lavado de dinero, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López con cargos por tráfico de drogas.
El jefe de la Asamblea Constituyente, y segunda figura del poder en el país, Diosdado Cabello, junto al general retirado Clíver Alcala, estaban en esa lista con cargo por narcotráfico. Los fiscales dicen que ambos son figuras clave del Cartel de los Soles.
Carvajal contó en España con cuatro abogados diferentes en los siete meses que duró el proceso judicial, y mientras su paradero es desconocido, la defensa que lleva su caso en el país europeo interpuso una querella ante el Tribunal Supremo español por intromisión judicial.
En concreta la acusación es contra quien fuera juez de enlace de la Embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech, por “intentar influir” en la entrega del general del Ejército venezolano a Estados Unidos con “al menos un magistrado” del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que decidió extraditarle, informó por primera vez el diario español El Independiente.
Por el momento Carvajal puede dilatar su entrega a la DEA llegando a recurrir a la máxima instancia de los derechos humanos en Europa, la Corte de Estrasburgo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, solo concede la suspensión si corrobora que la extradición puede suponer, para el reclamado, un grave y real riesgo de vulneración de los derechos regulados como derecho a la vida o no ser someido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes.
Este último caso no parece ser un atenuante para el caso de Carvajal, ya que existen precedentes de otras extradiciones entre EEUU y España donde la tortura o pena de muerte no han sido aplicadas.
Una de las voces más críticas en contra de Carvajal en los últimos años fue el diputado Ismael García, quien desde 2009 ha denunciado que el Pollo es miembro de la organización de narcotraficantes “Cartel de los Soles”, integrado por militares venezolanos de alto rango.
A principio de 2017 Carvajal tuvo que solicitar un derecho a réplica en la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones de García, lo que terminó en un debate personal entre ambos diputados. El parlamentario opositor llegó a viajar a Estados Unidos para presentar pruebas contra el militar venezolano en la Corte de Distrito Sur de Florida.
