La trama en la cual los empresarios venezolanos Joseph Benoudiz Benoudiz y Pablo Emilio Cárdenas Zambrano aparecen señalados, surgió en 2007 e incluyó a empresas estadounidenses de su propiedad. No es la primera vez que ambos son señalados en un caso por estafa al Estado venezolano. En 2016 Benoudiz admitió que pagaba comisiones para ganar contratos.
Dos empresarios venezolanos que durante años se beneficiaron de jugosos contratos públicos en la Venezuela de Hugo Chávez, no se conformaron con los abultados dividendos de sus negocios, sino que través de sofisticados esquemas de fraude, lograron sobrefacturar decenas de millones de dólares.
Uno de ellos se refugia ahora en una acomodada zona de Miami bajo la cubierta de “hombre de negocios”, mientras se lamenta entre los suyos el cómo, a 1,600 millas de distancia, colapsa la otrora rica potencia petrolera suramericana que fue Venezuela.
La trama en la cual Joseph Benoudiz Benoudiz y Pablo Emilio Cárdenas Zambrano aparecen señalados, surgió en 2007 cuando la telaraña de corrupción que envolvió a Venezuela en las últimas dos décadas, comenzó a tejerse con pagos de comisiones y sobreprecios en muchos de los contratos que se manejaron en la industria petrolera y el sector de la construcción pública.
Las compañías que estos dos venezolanos operaron para sus presuntas irregularidades, las estadounidenses A.T.N. Industries, Inc. de Miami y Jiafang Steel Pipes Americas, Inc. de Texas; y en Venezuela el Consorcio Pentamat, C.A., operaron utilizando el sistema bancario de Estados Unidos para triangular fondos, pagar comisiones y recibir los dividendos de sus operaciones opacas, según revelan registros judiciales, extractos bancarios y decenas de documentos comerciales analizados por Itempnews durante 17 meses.
Registros judiciales en poder de Itempnews revelaron que Benoudiz admitió durante un juicio civil en 2016, que pagaba comisiones a determinadas personas con relaciones dentro del sector petrolero de Venezuela para obtener información privilegiada de contratos, lo que contraviene las leyes federales antifraude.
Las autoridades federales de Estados Unidos están investigando, desde al menos 2015, las actividades de Benoudiz y Cárdenas por su presunta relación a un sonado caso de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la antigua joya de la economía del país caribeño que, en la última década, fue saqueada por burócratas y corruptos, de acuerdo con documentos judiciales examinados por Itempnews.
Los fiscales tratan de determinar el nivel de conexión que estos empresarios pudieron tener con la cúpula de PDVSA y el sector político en Venezuela, sobre todo dentro del círculo de militares que manejan el aparato productivo venezolano, donde Consorcio Pentamat tuvo importantes contratos.
Creada en febrero de 1996, cuando Chávez aún no se asomaba a las puertas de la presidencia de Venezuela, el holding Consorcio Pentamat de Benoudiz y Cárdenas se definía a sí misma como una “organización conformada por varias empresas y divisiones dedicas al equipamiento, venta, importación, instalación y servicios”.
Benoudiz sería el propietario, junto a su socio Pablo Cárdenas, de más de 40 firmas que tienen direcciones, teléfonos y directivos en común. A pesar de estar registradas en distintas jurisdicciones: Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda.
Fundada en 1994, A.T.N. Industries, Inc. de Miami operaba como un brazo de adquisiciones del Consorcio Pentamat.
El Registro de Corporaciones de Florida muestra que A.T.N. Industries, Inc fue llamada a disolución el 25 de septiembre de 2020, con status de “Inactiva” desde entonces.
A.T.N. Industries, Inc. se abasteció durante la primera década del año 2000 de tubos de acero para la industria petrolera venezolana, provenientes de fabricantes chinos. Su proveedor clave fue Shanghai Jiafang Steel Pipe y Liaoning Northern Steel Pipe Co, señaladas en 2012 en una trama de corrupción en PDVSA, que aún no se termina de aclarar.
Trabajando, además, con Tiajin Pipe Corporation, y Huludao City Steel Pipe Industrial Co, los empresarios abrieron las puertas a los gigantes chinos del acero, para adentrarse al rico mercado petrolero, que para entonces estaba en vías de expansión en Venezuela.
Pero fue con el ascenso del chavismo, y sobre todo a partir de 2006 con la reelección de Hugo Chávez ese año, que el Consorcio Pentamat logró lucrativos contratos públicos para la venta de equipos médicos a las fuerzas militares, el refaccionamiento de fragatas de la Armada (Marina), material de ingeniería para ministerios, maquinarias para el ejército, la Guardia Nacional y el sector de la industria petrolera, de acuerdo a una copia del registro de contrataciones del Estado venezolano donde la empresa estaba inscrita.
Es tanto el poder en torno a ambos empresarios y sus conexiones personales, que una denuncia por presunta corrupción en contra de ellos, elevada a la Fiscalía de Venezuela en 2015, desapareció del registro de expedientes de ese órgano en virtud de órdenes superiores, por lo que las pruebas y detalles concretos del caso quedaron ocultos y la investigación enterrada, determinó Itempnews sobre la base de dos fuentes judiciales venezolanas.
“El expediente que se abrió tras la denuncia no salió y no saldrá de la Fiscalía por órdenes superiores. Está bajo ‘reserva legal’ y esto suele pasar cuando afecta a alguien del gobierno o hay inconsistencia en el caso”, dijo uno de los tres exfiscales venezolanos que verificaron de forma independiente el caso, por petición de Itempnews y cuya identidad debe preservarse.
Carrera de obstáculos
De acuerdo con un informe periodístico publicado en 2017, Benoudiz y su socio Cárdenas, a través de la empresa Consorcio Pentamat, se beneficiaron de contratos con la estatal PDVSA en 2012 gracias a la venta de tuberías especializadas para la perforación de hidrocarburos, en representación de una importante empresa china de acero, Liaoning Northern Steel Pipe Co., Ltd.
El negocio habría resultado de lo más convencional en este ramo si no fuera porque en el desarrollo de la operación la compañía de Benoudiz, como subsidiaria de la fabricante china, sobrefacturó los precios de venta incrementando los costos para obtener un extra de millones de dólares de PDVSA.
El caso fue investigado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana, que en 2015 pasó a manos de la oposición al régimen de Nicolás Maduro y comenzó a indagar en las irregularidades en torno a la petrolera, el tanque de dólares que oxigenó la autodenominada revolución bolivariana de Chávez.
Las conclusiones del informe parlamentario, en octubre de 2016, avalaron que hubo irregularidades en la venta de aquellas tuberías por parte de Benoudiz y Cárdenas con posible sobreprecio, aunque no se ejecutaron investigaciones de tipo penal por parte de la Fiscalía, controlada por el chavismo.
Para ese entonces, y desde diciembre de 2006, el Ministerio Público estaba a cargo de la fiscal Luisa Ortega Díaz, una funcionaria de entera confianza en el damero de poder de Chávez, que hasta agosto de 2017 estuvo vinculada al proceso político del fallecido mandatario.
Tras sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro, Ortega huyó de Venezuela hacia Colombia y ahora está en el exilio.
La exfiscal dijo no tener conocimiento del expediente contra Benoudiz y Cárdenas, o haber escuchado sus nombres alguna vez, declaró uno de sus voceros tras la consulta de Itempnews.
El diputado Freddy Superlano, del opositor partido Voluntad Popular, dijo que toda la información relacionada al caso Benoudiz-Cárdena sería enviada al procurador especial de la República designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por 56 países, entre ellos Estados Unidos.
“Remito al Procurador (esta información) para que ejecute acciones legales en Estados Unidos”, dijo Superlano a Itempnews, quien presidió hasta noviembre de 2019 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cargo del que se separó a fin de facilitar las investigaciones sobre su gestión por casos de corrupción, por parte de representantes del gobierno interino.
Modus operandi
La opacidad de la Contraloría General de Venezuela y la Fiscalía para investigar todo aquello con tufo a corrupción gubernamental quedó en evidencia la tarde del 4 de junio de 2015 cuando “una fuente” que trabajó para Cárdenas durante varios años consignó ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía un sobre amarillo cargado de documentos.
El material contenía una detallada denuncia, soportada con más de un centenar de páginas de evidencias, donde Benoudiz y Cárdenas eran señalados de ejecutar una presunta estafa, de doble facturación, por al menos 18.2 millones de dólares liquidados por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), entidad estatal que manejaba el control de cambio en el país, desde su implementación en 2003.
La principal compañía de Benoudiz y Cárdenas en Venezuela por la cual se habría fraguado el fraude, Consorcio Pentamat, recibió un total de 51 millones de dólares de CADIVI entre 2004 y 2012, pero en la denuncia se deja por sentado que parte de ese monto podría corresponder a dinero de dudosa procedencia.
La acusación contra los empresarios terminó procesada en la Fiscalía 67 con Competencia Nacional bajo el expediente MP-268713-2015 el cual mencionaba, en concreto, una presunta estafa por doble cobranza de un proyecto de tuberías de acero por parte de una empresa de Benoudiz y Cárdenas, al Ministerio del Ambiente en 2007.
Para 2015 la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía estaba a cargo de Ana Isabel Hernández, una polémica fiscal que se dio a conocer en el pasado por manejar casos de corrupción, muchas veces con vinculaciones políticas, lo que melló su credibilidad como autoridad independiente.
Hernández actualmente es la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público. La funcionaria no respondió a las solicitudes de información presentadas para esta investigación.
El caso y la existencia del material con su expediente fue reportado por primera vez por el sitio web de noticias venezolano Caraota Digital el 27 de noviembre de 2017. El texto no está disponible ahora en el portal, pero en Internet puede hallarse referencias a la investigación.
El medio asomó detalles sobre cómo se orquestó la presunta trama en la cual ambos empresarios habrían desfalcado al Estado venezolano bajo lo que sería un “modus operandi” que años después repitieron contra PDVSA, encontró Itempnews al revisar las denuncias contra Benoudiz y Cárdenas.
Las evidencias y los pormenores de cómo se ejecutó la trama en 2007 fueron examinados por Itempnews que accedió a unos doscientos documentos, declaraciones y entrevistas con testigos, para analizar cómo estos viejos socios tejieron a lo largo de los años, una alianza en Venezuela que silenció y protegió sus dudosas actividades.
Las compañías utilizadas para las operaciones denunciadas, así como las cuentas bancarias por donde fluyeron los millonarios depósitos, están domiciliadas y operan también en los Estados Unidos. Con lo cual, cualquier irregularidad que implique la jurisdicción del país, podría constituir una violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
“En el esquema triangular que estudiamos, basado en las pruebas, vemos cómo una empresa constituida en Texas, usando a una institución financiera americana, habría procesado pagos y distribuido ganancias. Es por lo anterior que estamos ante una violación de la FCPA”, explicó Álvaro Ruiz Ostos, un abogado de la Universidad de Boston, experto en prácticas anticorrupción internacional.
Ruiz Osto accedió al material judicial y pruebas del caso suministradas por Itempnews para evaluar su repercusión bajo las leyes de Estados Unidos.
Unos 60.000 millones de dólares fue el estimado de recursos públicos robados a Venezuela, a través de diferentes operaciones con Petróleos de Venezuela, así como con la compra de equipos para mitigar la crisis eléctrica de 2012, según las denuncias de voceros de la oposición.
Los casos de Benoudiz y Cárdenas son apenas un ladrillo de la inmensa torre de escándalos que se erigieron entorno a la petrolera estatal.
Más que compadres de sangre
En 2007, A.T.N. Industries, Inc., una corporación con sede en Miami que vende equipos industriales a clientes de países latinoamericanos, obtuvo un contrato con el Estado venezolano a través del Ministerio del Ambiente para suministrar tuberías con determinadas especificaciones para la aducción del acueducto Winka, un proyecto destinado para el aprovechamiento del Embalse Tres Ríos ubicado en el petrolero estado Zulia, al occidente del país.
Para 2007 la ministra del Ambiente era Yubirí Ortega de Carrizales, esposa del exvicepresidente y exministro de Defensa, Ramón Carrizales. La funcionaria renunció a su cargo en enero de 2010 y actualmente es la primera dama del estado Apure, al sureste del país. La oficina de la Gobernación no respondió a los correos para obtener una entrevista con la exministra.
La ausencia de registros públicos del Ministerio del Ambiente no permitió determinar si la adjudicación del contrato se dio directamente o, a través, de una licitación pública.
El monto del contrato a la compañía alcanzó los 130 millones de dólares y se entregó un anticipo equivalente al 60%, unos 70 millones de dólares. El saldo restante el gobierno lo honraría contra factura y evaluación del proyecto, de acuerdo con lo firmado.
La construcción del acueducto Winka culminó en noviembre de 2010, tres años después de su inicio, lo que fue una proeza en medio de la desproporción de “elefantes blancos” en Venezuela, como advirtió un informe de Transparencia Internacional.
El proyecto, de acuerdo con una nota de prensa de la época, contaba con 70.5 kilómetros de tubería, desde el embalse Tres Ríos hasta la planta potabilizadora Wüinpala.
“Se colocaron tuberías de aducción de 2.600 y 2.800 milímetros de diámetro y la colocación de relleno en muros de aliviadero del embalse Tres Ríos y adecuación de los drenajes de los filtros hidráulicos de la presa, entre otras obras”, dijo el viceministro de Agua, Cristóbal Francisco Ortiz, el 18 de noviembre de 2010, luego de culminar la obra.
Las tuberías de acero con revestimiento que se utilizaron para la presa estaban debidamente troqueladas por la fabricante de acería china Liaoning Northern Steel Pipe Co., Ltd, por lo que cada una tiene un serial único certificado.
En un principio, el consignatario aceptante de los cargamentos despachados fue el Ministerio del Ambiente venezolano, lo cual facilitaría las operaciones de nacionalización, e incluso los pagos a través del Banco Central o el Ministerio de Finanzas. Pero repentinamente se dio un cambio.
De acuerdo con la documentación del contrato y la denuncia en Fiscalía, visto por Itempnews, “hubo cambios en el consignatario aceptante, el agente aduanal y la compañía encargada del embarque (shipper), la cual emite la factura final para la nacionalización de los tubos, así como la responsable de contratar el flete marítimo”.
Los cambios en la cadena de comercialización fueron determinantes en vista de que toda la operación de exportación, facturas, pasó a manos de empresas y socios de Benoudiz y Cárdenas, los cuales terminaron proveyendo el material clave para consumar los supuestos actos de corrupción, halló Itempnews.
Al contrario del Ministerio de Ambiente, el consignatario aceptante pasó a ser el Consorcio Pentamat, C.A.
El agente aduanal recayó en la empresa Tecno Agentes Aduanales Venezuela y el embarcador (shipper) fue Threepwood Investment, INC., una empresa panameña que fue creada en 2007, el mismo año en que se firmó el contrato, también vinculadas a Cárdenas, de acuerdo con los registros de Import Genius y Panjiva Inc., que rastrean el comercio global.
En la ciudad de Miami, los registros estatales señalan que una empresa bajo el mismo nombre de Threepwood Investment, INC. fue incorporada el 25 de noviembre de 2019 con direcciones en la ciudad asociadas a Pablo Cárdenas, según datos de Company Credit Report.
La manera en que los dos empresarios manejaron el contrato e importación de las tuberías chinas con el Ministerio del Ambiente les abrió las puertas para utilizar la misma documentación y generar una doble facturación con la que habrían cobrado al órgano del control cambiario (CADIVI), por el mismo material que proveyeron para la construcción del acueducto, según la denuncia ante la Fiscalía y los registros comerciales de Venezuela presentados.
Cárdenas, dice la querella, solicitó a uno de los empleados de su compañía que preparara un “Conocimiento de Embarque (BL)” por cada una de las facturas relacionadas con el contrato, entre la empresa estadounidense ATN Industries y el Ministerio del Ambiente venezolano.
El conocimiento de embarque es un contrato de transporte internacional estandarizado que contiene la declaración general de las mercancías transportadas. Este documento es un instrumento que sirve para comprobar el recibo y la entrega de la mercancía, trasladada por un transportista. Allí se especifican los aspectos relevantes de la carga para que haya constancia del material transportado, explicaba en una nota el economista venezolano Gabriel Páez.
Bajo las normativas con las que operaba CADIVI, era necesario presentar los conocimientos de embarques, facturas; además de documentos fiscales de las compañías, para poder obtener una Autorización de Liquidación de Divisas.
Sin embargo, este proceso no correspondía a lo contratado entre ATN Industries y el Gobierno de Venezuela, según los documentos rubricados entre ambos. Los pagos por parte del Ministerio del Ambiente se ejecutaban a través del Banco Central de Venezuela o el Ministerio de Finanzas.
Un fax del Ministerio de Finanzas enviado a ATN Industries en abril de 2009, examinado por Itempnews, señala lo que podría ser pagos procesados por ese ministerio a favor de la compañía, a través del Banco Central de Venezuela, “los cuales pueden corresponder al contrato del Ministerio del Ambiente”, dice la documentación enviada a la fiscalía para soportar la denuncia.
Las copias del material, no obstante, no permiten descifrar los montos señalados. El Ministerio de Finanzas no respondió a la solicitud de información sobre registros. El Banco Central venezolano no guarda para uso público los reportes de liquidación de dólares, dijo un vocero de la institución.
El Consorcio Pentamat, CA cuyos accionistas (Benoudiz y Cárdenas) son los representantes legales de ATN Industries, INC en Venezuela fue la empresa que finalmente ejecutó la solicitud de divisas ante CADIVI, con la misma documentación que correspondía a lo firmado entre Ministerio del Ambiente y ATN, revelan los registros del caso.
Para amarrar la operación y obtener las divisas “bajo regla”, los empresarios recurrieron a una compañía panameña de embarques (Threepwood Investment, INC), la cual entre febrero de 2009 y abril de ese mismo año, emitió 24 facturas proforma para CADIVI a Consorcio Pentamat “con los mismos registros del cargamento de tuberías que se presentaron en el contrato con el Ministerio en 2007”, señala la denuncia.
Las facturas, con respectivo serial, presentan descripciones del producto e importes que rondan los 800 mil dólares cada una, para totalizar una deuda a pagar por 18.2 millones de dólares.
De acuerdo con el fabricante chino de las tuberías y por norma internacional, cada cilindro está debidamente troquelado con un serial único, por lo que no podría utilizarse el mismo registro del contrato de 2007 para ejecutar un doble pago en 2009.
Threepwood Investment, INC fue domiciliada en Panamá el 15 de febrero de 2007, el mismo año en el que se ejecuta el contrato en Venezuela con ATN Industrie.
Los registros de Threepwood exponen conexiones de la compañía con Pablo Emilio Cárdenas, que pasan de Panamá a Miami coincidiendo con direcciones, datos de contacto y relaciones personales.
Las más de dos docenas de facturas proforma emitidas en 2009 por la compañía de embarques, muestran en el encabezado la dirección de oficina en Panamá, pero con un número de celular estadounidense de la ciudad de Miami vinculado a Cárdenas, observó Itempnews.
Threepwood Investment, INC está representada en Panamá por el bufete Dudley & Asociados. La firma no respondió a dos cartas de Itempnews con un cuestionario de preguntas sobre la empresa, así como del caso en cuestión.
La existencia de Threepwood Investment, INC como una empresa de servicios logísticos (shipper) es particular, y ayuda a entender cómo pudo erigirse el esquema de fraude denunciado.
En Venezuela una empresa registrada bajo el mismo nombre tuvo como Gerente de Operaciones al ciudadano Vicente Bolinches entre 2006 y 2016, por lo que figuró dentro de la organización cuando se elaboró la documentación para solicitar las divisas.
El ahora exgerente no respondió a una carta enviada por Itempnews para solicitar su versión sobre el caso.
Bolinches aparece relacionado con Pablo Cárdenas en, al menos, media docena de compañías registradas en Florida, en las que todas coinciden con una dirección principal localizada en la ciudad de Doral, en Miami, un bastión de la comunidad venezolana.
El 25 de junio de 2019 otra empresa bajo el mismo nombre (Threepwood Investment, INC) se registró en Miami, coincidiendo la dirección de Bolinches y Cárdenas en toda la documentación, según los registros corporativos del estado de Florida.
Los abogados Brian Briz y Agnes Doyle, del bufete Holland & Knight en Miami que representa a Benoudiz en Estados Unidos, no respondieron a los correos electrónicos y llamadas para comentar sobre el caso.
Las operaciones de ATN Industries, INC, continúan en Estados Unidos como si lo que ocurrió en Venezuela es cosa del pasado.
Entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 la compañía realizó 39 envíos a puerto estadounidense desde Corea del Sur, China y Brasil, según la base de datos de Datamyne que recopila detalles del comercio de importación en EEUU.
Ruido en una corte de Texas
El 24 de septiembre de 2014, Joseph Benoudiz y alguna de sus compañías en Estados Unidos – la miamense A.T.N Industries, Inc. y la texana Jiafang Steel Pipes Americas, Inc – presentaron una demanda civil en contra de uno de sus antiguos empleados y otras nueve entidades relacionadas con ese individuo por presunta estafa.
La demanda estuvo pendiente en el Distrito Sur de Texas por más de tres años, hasta que se resolvió el 27 de noviembre de 2017, según los registros judiciales. “Fue un caso complejo con 230 civiles y cientos de pruebas tanto del demandante como del demandado, bajo el número de causa: 4:14-cv-02743”, dice el expediente.
Durante la causa civil, Benoudiz se sentó en el banquillo de los testigos para declarar sobre el proceso que había interpuesto, pero un polémico asunto relacionado con sus negocios y el Gobierno de Venezuela afloro en la sala, en vista de los escándalos de corrupción que se estaban conociendo en el país suramericano.
Interrogado por el abogado del demandado, en una deposición oral en la que el empresario participó en agosto de 2016, a la que accedió Itempnews, Benoudiz admite que pagaba comisiones a una o varias personas que fueron señaladas en un caso de corrupción de Petróleos de Venezuela en 2012, y con las que él trabajaba para obtener contratos.
Benoudiz habla de unos individuos que usaban seudónimos dentro de aquella trama de corrupción en PDVSA a “quien le pago comisión y quien me envía el precio (de productos). Es Taurus Enterprise (la empresa de la persona). Eran quienes me enviaban las facturas para pagar comisiones. Sí. Correcto”.
Petróleos de Venezuela habría pagado más de 12 millones de dólares en sobreprecios a un grupo de empresarios venezolanos en 2012, lo que prendió las alarmas de su propia contraloría interna. El monto se habría depositado en la cuenta bancaria de una empresa diferente de la que figuraba en las facturas.
Conocidos en la compañía PDVSA como “Los zares de Houston”, un grupo de venezolanos, entre los que figurarían Benoudiz y Cárdenas, habría desviado a Curazao comisiones y sobreprecios de una enrevesada operación que involucró hasta $56 millones.
La traducción legal certificada de las declaraciones de Benoudiz obtenidas por Itempnews, muestran su admisión, quizá inconsciente o presionado por los abogados durante el juicio, de que él pagaba hasta un 10% de comisión del monto de una factura y recibía esta por parte de un individuo con acceso a información clave de PDVSA, para retener el negocio.
La persona en cuestión, admitió Benoudiz, no trabajaba para el gobierno venezolano o alguna de sus subsidiarias, aunque se hacía pasar por varios individuos a su vez. “Me ayudaba con muchos negocios con PDVSA”, afirmó.
De acuerdo con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) las personas naturales y jurídicas americanas tienen una prohibición legal de sobornar a funcionarios en el extranjero.
Con el traspaso del tiempo, la definición se ha ido ampliando para incluir a sujetos con conexiones dentro del sistema financiero en los Estados Unidos, estén o no ubicados físicamente en el país.
“Esta iniciativa busca el abuso de sistemas jurídicos débiles susceptibles a la corrupción, dentro de los cuales, Venezuela es el perfecto ejemplo”, sugiere Ruiz Ostos, quien es especialista en jurisdicciones de alto riesgo y sanciones financieras.
Este experto en leyes estadounidenses analizó para Itempnews durante semanas, un grueso de las evidencias del caso contra Benoudiz y Cárdenas para verificar su impacto frente a los casos denunciados.
Itempnews solicitó el 5 de diciembre de 2019 una “Opinión Consultiva” al Departamento de Justicia sobre una acción de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con los dos casos en los que Benoudiz y Cárdenas fueron señalados, pero hasta el 26 de noviembre de 2020 no había recibido respuesta oficial.
Las empresas o individuos pueden preguntar al Departamento de Justicia si “una conducta especificada, prospectiva, no hipotética” viola la FCPA.
En los últimos años, el Departamento de Justicia ha demorado en emitir respuestas a estas solicitudes. Apenas el 14 de agosto de 2020 entregó una “Opinión Consultiva” de la FCPA tras la petición de una empresa, cuando no lo hacía desde 2014, dijo la National Law Review en un reporte.
La línea entre dinero opaco, su relación con la corrupción y los intereses políticos, es muy delgada. A medida que escándalos como los que envuelven a Benoudiz y Cárdenas surgen en el universo de desfalcos que sacudió a Venezuela, lo más claro es que siempre los mismos personajes resonaban, pero con distinto sonido y distinto lugar.
Por el momento, el puñado de funcionarios públicos que precipitaron el colapso económico de Venezuela están prófugos, arrestados, en paradero desconocido o, simplemente, en el mismo edificio donde complotaron, sin que apenas se asomen sus nombres.