La Ley de Transparencia Corporativa, aprobada por el Congreso, exigirá que las corporaciones y las compañías de responsabilidad limitada revelen la identidad de sus verdaderos propietarios, acabando con una laguna de anonimato que alimentó la corrupción global
Para los criminales de “cuello blanco” estos días de navidad pueden ser tensos luego de que en Estados Unidos el Congreso y el Senado se unieran para aprobar, el 11 de diciembre, una legislación que prohíbe las empresas fantasmas anónimas en toda la nación.
Por más que Estados Unidos posea un acervo de leyes y reglas contra el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado desde hace décadas, la profunda laguna que existía con las empresas de capital anónimo hacía al país una tierra fértil para el lavado de dinero de poderosas mafias y cleptócratas globales.
La Ley de Transparencia Corporativa 2019, que se incorporó al proyecto de ley de defensa para 2021, exigirá desde ahora que las corporaciones y las compañías de responsabilidad limitada (LLC) establecidas en Estados Unidos revelen la identidad de sus verdaderos propietarios a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.
La nueva regla se aplicará a las futuras entidades como a las ya existente, por lo que muchos secretos en torno a lujosos condominios y rascacielos solitarios a lo largo de las grandes ciudades del país, podrían quedar al descubierto dando un vuelco significativo a la lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo.
“La ley es adecuada, necesaria y lógica”, resumió Álvaro Ruiz Ostos, un abogado de la Universidad de Boston, experto en prácticas anticorrupción internacional. “Saber quién es el dueño de una empresa no debería ser algo controversial en un país como los Estados Unidos”.
El presidente Donald Trump amenazó con vetar la ley de defensa anual, que incluye la legislación de transparencia corporativa, aunque con ambas cámaras del Congreso apoyando la medida con márgenes bastante amplios, el veto presidencial podría quedar anulado y entrar en vigor la legislación antes de que republicano deje la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.
El miércoles 23 de diciembre Trump cumplió con su promesa y vetó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Mediante un comunicado, el presidente ha asegurado que el presupuesto “no incluye medidas de seguridad prioritarias para la nación”, además de tildarlos como “una contradicción” a los esfuerzos de su Administración para poner “a Estados Unidos primero en cuanto a defensa nacional”, citó la Agencia Reuters.
Sin embargo, la Administración Trump no se opone en sí a la Ley de Transparencia Corporativa, la cual avisó que apoyaría cuando en 2019 fue votada por el Congreso.
Su rechazo, en concreto, es a la Ley de Defensa que abarca el presupuesto del ejército, gastos en la estrategia contra China, o el requisito de que las bases militares que enaltecen a líderes confederados tendrán que cambiar de nombre.
El estancamiento que por años se vivió en el Congreso, por las presiones de lobistas y grupos empresariales, incluyendo la Cámara de Comercio de EEUU, impidió que los legisladores tomaran en serio la norma y quedara engavetada a medida que billones de dólares opacos se invertían creando distorsiones en el mercado de viviendas, un sector muy afectado por estas prácticas.
En los 50 estados de la nación, se requiere menos información para formar una empresa que, para obtener una tarjeta de biblioteca, según la FACT Coalition, uno de los principales grupos no partidistas del país que promovió la legislación.
“Un número creciente de países, incluidos los 27 miembros de la Unión Europea, el Reino Unido con sus 14 territorios de ultramar y 3 dependencias de la corona, ya requieren la divulgación de los verdaderos propietarios de las empresas, EEUU no lo hacía”, advirtió la organización.
Cada año se forman cerca de dos millones de corporaciones y compañías de responsabilidad limitada bajo las leyes de varios estados, muchos de los cuales requieren poca información sobre los beneficiarios reales, de acuerdo con un análisis del Congreso que sustentó la legislación.
“Una persona que forma tales corporaciones generalmente proporciona menos información en el momento de la incorporación de la que es necesaria para obtener una cuenta bancaria o una licencia de conducir”, advirtió el Congreso.
Rigor jurídico
La nueva norma requerirá que las corporaciones y compañías de responsabilidad limitada (LLC) divulguen a las fuerzas del orden y a funcionarios con responsabilidades legales contra el lavado de dinero (por ejemplo, instituciones financieras) información sobre quién es la verdadera persona física (también conocida como beneficiario final) que posee y controla una entidad en el momento de su constitución, dice la exposición de motivos.
Los nombres, fechas de nacimiento, direcciones y números de pasaporte o licencia de conducir de cualquier persona que posea más del 25% de una empresa o ejerce un control sustancial en la misma, desde ahora será requisito obligatorio para establecer corporaciones “anónimas” que en el fondo dejarán de serlo.
Desde la entrada en vigor de la ley, cualquier cambio de propietario requeriría una actualización dentro de un año.
Para lo detractores de la legislación hay un riesgo de ahuyentar las inversiones legales que llegan al país, pero los defensores, por su parte, alegan que la diferencia se basará entre lo legal e ilegal.
Las ventas en Estados Unidos de propiedades por parte de extranjeros totalizaron 78 mil millones de dólares en 2019 con los chinos, canadienses y mexicanos como los principales compradores.
El hecho de que el país continúe liderando el ranking de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020, es un termómetro para medir hasta dónde hay confianza en las leyes y normas que rigen a EEUU.
Hasta 2019 Estados Unidos recibió 9,4 billones en IED, la mayor tasa del mundo, según el Fondo Monetario Internacional.
Un análisis inicial de los esfuerzos del FinCEN para recopilar información de propiedad en ciertas transacciones de bienes raíces encontró que, alrededor del 30% de las transacciones reportadas, involucran a un beneficiario final o representante del comprador que también fue objeto de un informe previo de actividad sospechosa”, argumentó FACT Coalition, la organización no partidista que respaldó la ley.
Gigantes vacíos
La congresista Carolyn Maloney (Demócrata por Nueva York), quien estuvo trabajando en el proyecto de ley de delitos financieros durante más de una década, y autora de esta legislación, era una testigo estrella de cómo los grandes lavadores de dinero estaban distorsionando los precios de las viviendas y propiedades a lo largo y ancho de su distrito.
Maloney preside el Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara y es miembro senior del Comité de Servicios Financieros del Legislativo. Muchas veces compartió su sorpresa al viajar por la ciudad de Nueva York y ver enormes rascacielos con las luces apagadas sin saber, al menos, quiénes eran los propietarios de aquellas masas de concreto y cristales brillantes.
“Durante casi 30 años, un edificio de oficinas de 36 pisos en Manhattan fue propiedad secreta del Gobierno de Irán. ¿Cómo pudo un gobierno que estaba bajo sanciones económicas poseer una propiedad inmobiliaria muy codiciada en medio de la ciudad más grande de Estados Unidos? La respuesta es sorprendentemente simple: utilizó empresas fantasma anónimas”, escribió la veterana legisladora en un artículo para defender su propuesta.
Los tribunales estadounidenses retuvieron más de 3.200 millones de dólares en activos asociados a la corrupción extranjera hasta 2017, de acuerdo con el último dato reportado por el Departamento de Justicia (DOJ). De ese botín al menos 500 millones ha sido repatriado a los países afectados en los últimos tres años.
Los FinCEN Files basados en más de 2.100 informes secretos presentados por una decena de bancos a este organismo del Tesoro y compartidos por BuzzFeed News con el Consorcio Internacional de Periodistas, revelaron en septiembre las formas en que cientos de millones de dólares “contaminados” fluyeron libremente a través del sistema financiero global.
Detrás de esta compleja maquinaria se escondían cuentas, fondos y transferencias, cuyos propietarios comenzaron a relucir estos días a medida que las evidencias de sus delitos se ventilan gracias a pesquisas de la prensa.
Conforme fluyen las revelaciones sobre cómo en la última década el capital manejado por corruptos y mafiosos inundó el sistema financiero estadounidense con dinero opaco, los esfuerzos del Gobierno para frenar este festín no son suficientes y, en consecuencia, ha sido blanco de cuestionamientos, por el caudal de transacciones dudosas que los bancos movilizaron sin control estos años.
Reclamos a la deriva
En la última década el organismo internacional contra el blanqueo de capitales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual Estados Unidos es miembro, emitió informes que criticaban al país por no cumplir con estándares globales a la hora de recolectar información sobre los beneficiarios de propiedades e instó a los legisladores a corregir esta deficiencia.
Ian Gary, director ejecutivo de FACT Coalition, declaró que “prácticamente todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la seguridad nacional que analizaron el tema han pedido el fin de las empresas anónimas. Es el cambio más importante que puede hacer nuestra nación para proteger mejor el sistema financiero del abuso”.
El anonimato a la hora de adquirir propiedades es un manjar para los gobiernos locales estadounidenses en busca de dinero, aunque más apetecible para cleptócratas y criminales que manejan capitales opacos y no tienen como respaldar el origen de sus fondos.
Estados Unidos estima que los delitos financieros domésticos, excluida la evasión fiscal, generan aproximadamente $ 300 mil millones de ingresos a los lavadores de dinero, según el análisis citado en la Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Dinero de 2015 del Departamento del Tesoro (NMLRA, por sus siglas en inglés).
Una investigación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami encontró que “una vez que el anonimato ya no esté disponible gratuitamente para los inversores nacionales y extranjeros, las compras en efectivo por parte de las corporaciones caen casi en 70%, lo que indica la proporción de inversionistas que buscan el anonimato utilizando compañías de responsabilidad limitada como ‘corporaciones fantasmas’”.
“Al probar los posibles impactos distorsionadores del mercado, encontramos disminuciones posteriores en los precios de las viviendas de lujo”, según los autores del estudio.
El Departamento de Justicia actualmente sigue la pista a casos que involucran cientos de millones de dólares de activos asociados a presunta corrupción extranjera, donde sonados escándalos como el saqueo a la petrolera del Estado venezolano, o el desfalco al fondo de desarrollo de inversiones de Malasia (1MDB) están bajo pesquisa.
Los autores de la millonaria trama malasia se beneficiaron de empresas anónimas para cometer sus fechorías y adquirir propiedades en media decena de estados americanos.
Michael Cohen, ex abogado del presidente Trump, utilizó una empresa fantasma de Delaware para enmascarar los pagos a Stormy Daniels, la actriz porno que afirmó haber tenido un encuentro sexual con Trump, recordó El Post.
La legislación a la espera de aprobación definitiva tiene limitaciones y no todo es color de rosa.
El público en general no tendrá acceso a los datos de propiedad, una decepción para los activistas anticorrupción y movimientos en defensa de acceso a la información, quienes dicen que el escrutinio público ayudaría a combatir la actividad criminal.
Bullock, el secretario de estado de Delaware, dijo al The Washington Post que estos límites al acceso a los datos eran una de las razones por las que el estado apoyaba la legislación.
Un punto de honor, para quienes temen opacidad a la hora de indagar sobre potenciales infractores, es que la norma exige auditorías anuales por parte de FinCEN y cada agencia de aplicación de la ley que tenga acceso a la base de datos de beneficiarios reales, para asegurar que estén utilizando la información de forma adecuada.
Existen sanciones civiles y penales, que incluyen multas de hasta diez mil dólares y hasta dos años de prisión por infracciones intencionales. La negligencia (por ejemplo, violaciones honestas del papeleo) no es punible según la ley.
“Ninguna ley es perfecta del todo, pero esta legislación hace más fácil el monitoreo de listas de sancionados, historial criminal, estafadores”, acotó Ruiz Ostos, el experto en prácticas anticorrupción internacional.
Esta historia fue actualizada el 24 de diciembre de 2020 para agregar información sobre el veto presidencial a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).
