Desde 2015 el empresario Luis Fernando Vuteff García se conectó con uno de los mayores clanes que expolió a la estatal Petróleos de Venezuela. La Fiscalía argentina guarda un expediente en su contra por delitos fiscales, que se suma al caso que en España se le sigue por el mismo delito. Ese país le otorgó libertad provisional luego de arrestarlo en 2018
El papel del empresario argentino Luis Fernando Vuteff García como protagonista en uno de los entramados de corrupción más grandes que sacudió a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ilustra cómo, a pesar de los discursos, un determinado sector de la clase política que adversa al chavismo, se conectó con jerarcas del régimen en opacos y lucrativos negocios que ahora los fiscales de varios países tratan de desenmarañar.
Las autoridades judiciales de Argentina, a través de los Juzgados Nacionales de Instrucción en lo Penal Económico, abrieron un expediente en 2019 a Vuteff en un caso que no se ha anunciado previamente, relacionado con recaudación de impuestos, ganancias no declaradas y fraude, para lo cual solicitaron el año pasado la colaboración de la justicia española, revelan documentos del caso al que ha tenido acceso ITEMP.
En el marco de ese expediente, la Audiencia Nacional española recibió una comisión rogatoria de sus pares argentinos en abril de 2020 en la cual se les solicitó diferentes informes sobre el empresario que puedan facilitar las pesquisas en el país suramericano, acordándose por el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de Madrid remitir copias “en formato DVD” del expediente e historial de Vuteff hasta la fecha 29 de junio de 2020.
España terminó por facilitar a los fiscales argentinos documentos sobre la situación personal de Vuteff y documentación relacionada con las medidas cautelares impuestas.
El empresario permanece en España bajo “libertad provisional”, en investigación, y no fue exonerado de cargos como dijo su familia en un comunicado en diciembre de 2018.
Más como un escudero que un sabio mago de los negocios, la amistad que por años tejió Vuteff con el banquero suizo Ralph Steinmann en Buenos Aires, le sirvió como puente para relacionarse con el mundo de los grandes capitales e inversores hasta chocar, al final del túnel, con una flamante cleptocracia venezolana que ansiaba lavar su fortuna donde fuera posible.
Para los gestores de capital, la tentación de captar dinero venezolano fue enorme estos últimos años. Igual eran los riesgos a medida que el patrimonio saqueado a Venezuela corría por el torrente financiero estadounidense disparando las alarmas del Departamento de Justicia que, desde 2011, investiga a decenas de estafadores y operarios del régimen chavista.
Vuteff García, yerno del opositor exalcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, está en la mira de un proceso judicial en España –con epicentro en Estados Unidos-, por el que aún debe explicar sus vínculos con una trama de lavado de dinero de las arcas de PDVSA que alcanzó los 1.200 millones de dólares, y se relaciona con el polémico exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos.
A sus casi 50 años, lo que ayuda a comprender el rol de Vuteff García es que tenía una estrecha relación con Villalobos, un fugaz personaje de la burocracia chavista que ganó pantalla cuando la crisis eléctrica dejó a Venezuela a oscuras y Chávez lo recluta para atajar la situación.
Pero es Ralph Steinmann, a quien Vuteff conoce tras su paso por la universidad argentina a finales de la década de los noventa, el que traza el puente con otro personaje estelar en el futuro desfalco de PDVSA, el venezolano José Vicente Amparan Croquer, contra quien los Estados Unidos lanzó en 2018 una orden de captura por considerarlo un “lavador de dinero profesional”.
En octubre de 2018 comenzó la cruzada judicial contra Vuteff y otras cinco personas en España que fueron arrestadas por el delito de lavado de dinero debido a las ganancias que se habrían producido como consecuencia de una serie de actos de corrupción cometidos en Venezuela a través de PDVSA.
Ese procedimiento estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid el cual sigue algunos de los mayores casos de corrupción dentro de España.
Durante meses Vuteff estuvo recibiendo altas sumas de dinero en su cuenta personal con una explicación sobre el origen de esos fondos que los fiscales españoles pusieron en duda, según los documentos judiciales vistos por ITEMP.
Mucho menos entendieron los argumentos por los cuales Steinmann y Vuteff sirvieron como colaboradores de un clan que utilizó varias de sus sociedades de inversión en Madrid para facilitar el millonario robo en contra de PDVSA por 1.200 millones de dólares que el Departamento de Justicia bautizó como “Operación Money Flight” y reveló el 24 de julio de 2018.
Sin referirse a ellos por sus nombres, los fiscales estadounidenses describieron a Steinmann y Vuteff como “lavadores de dinero de terceros”, o “Conspirador 5” y “Conspirador 6”, respectivamente, por el rol que jugaron en la trama criminal apoyando con esquemas de blanqueo de inversiones falsas a los autores de aquel millonario desfalco, de acuerdo con los relatos de dos fuentes al tanto de las investigaciones en Miami.
El Departamento de Justicia no presentó cargos contra los dos empresarios, según la documentación del caso. Un portavoz de la oficina del fiscal declinó comentar sobre “investigaciones en curso”.
EEUU tiene media docena de órdenes de arresto por la Operación Money FlightEn paralelo a esa trama, Petróleos de Venezuela presentó a principios de 2018 en España una querella por actos de corrupción dirigida contra diez personas naturales y diez jurídicas, en la cual no aparece Vuteff entre los acusados.
Cuando la petrolera llevó su denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, este órgano rechazó la competencia y lo trasladó al Juzgado de Instrucción número 41.
La cumbre del caso se avizora cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió que se enviara todo el material al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, que esta vez sí aceptó la competencia al constatar una “nueva operativa de blanqueo a través de una estructura de carácter trasnacional”, dice un documento.
Es allí donde entra Vuteff, que aparece, según los registros, como la persona que controla el grupo Swissinvest, que estaría siendo utilizado para realizar actos de lavado de dinero tanto en España como en el ámbito internacional, para
aflorar capital procedente de delitos de corrupción cometidos por los
máximos directivos de PDVSA, siempre según los documentos.
Fundada en 1993, pero con un historial de negocios de cuatro décadas por parte de algunos de sus miembros, Swissinvest servía como asesor independiente de mercados de capitales globales con una “estrecha conexión con clientes institucionales suizos y europeos”, según las descripciones entre sus socios.
En Argentina Swissinvest fue establecida el 11 julio de 2006 con Ralph Steinmann como apoderado, aunque su padre, Johann Rudolf, fungía como símbolo referencial, muestran los registros públicos. Pero la firma inversora tenía representaciones en Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela, admitió el propio Steinmann en una entrevista con un medio argentino en 2011.
El apellido suizo daba cierto sosiego a quien buscara invertir en Swissinvest por su historial en la banca europea. El patriarca de la familia, el señor Johann, trabajó por más de 20 años en el todopoderoso Credit Suisse Group ofreciendo servicios a clientes privados, así como a pequeñas y medianas empresas, asesoría financiera integral de productos mercantiles.
“La familia Steinmann estaba en el negocio de la banca privada desde hace décadas, cuarenta años, más o menos. Cuando en España estalla la burbuja inmobiliaria y los precios de las viviendas comienzan a caer abruptamente, los inversores vieron la oportunidad de hacer negocios en ese país, y aprovecharon el historial de ese apellido para embarcarse en cualquier proyecto”, cuenta uno de los financieros del grupo cuyo dinero estuvo manejado por la firma.
Steinmann aseguró a algunos inversionistas que, como ellos, había otras personas interesadas en bienes raíces españoles y el capital podía ascender hasta 500 millones de euros.
“No llegó ni la décima parte de ese monto que hablaba”, admitió uno de sus antiguos clientes.
Una de las condiciones que Steinmann impuso para trabajar desde Madrid fue llevar como socios al proyecto a Vuteff y Amparan, de acuerdo con tres personas familiarizadas con las operaciones del grupo, las cuales declararon bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a compartir sus alegatos.
En España al timón de Swissinvest estaban Vuteff, Amparán y Steinmann, quienes crearon en ese país media docena de sociedades de inversión inmobiliaria con fondos obtenidos, mayormente, de las inversiones ejecutadas por ciudadanos venezolanos.
Uno de esos inversores estrella fue el exviceministro Villalobos, quien, por su rol como antiguo funcionario público venezolano, entraba en la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP) de acuerdo con la normativa internacional de prevención contra el lavado de dinero.
De esta manera todo su capital debía ser tratado bajo rigurosos estándares de control financiero. Sin embargo, el jerarca chavista nunca tuvo que preocuparse.
Para desarticular la red, la policía española, con apoyo de las autoridades estadounidenses, ejecutó el 18 de octubre de 2018 la “Operación Carabela” en la que se detuvo a cuatro personas e intervinieron 115 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en más de 60 millones de euros.
El pez gordo fue Villalobos, y entre otros, Vuteff García, a expensas de que Steinmann no pudo ser arrestado y ahora se encuentra en Suiza, indicó una persona al tanto de la investigación.
A Vuteff le fue decretada prisión, el 18 de octubre de 2018, pero casi tres meses después, el 21 de diciembre, la Sección número 5 de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa acordando su libertad provisional pero no exculpatoria.
Los pormenores
De acuerdo con las citas del expediente, revelado por ITEMP por primera vez, Vuteff “estuvo recibiendo dinero procedente del entramado societario constituido por la organización con la finalidad de blanquear ganancias que, indirectamente, pudieran proceder de delitos cometidos en Venezuela”.
Vuteff, según los folios, reconoció que “había cobrado esas cantidades, no pequeñas, como remuneración de supuestos servicios prestados a otro de los investigados, el señor Villalobos, sin que dé una razón convincente de qué servicios fueron estos, es decir, que concretas inversiones analizó, que resultado tuvieron sus análisis”.
Para el Ministerio Fiscal español las explicaciones no “tenían una lógica mercantil o financiera normal que justifique por qué cobra esas cantidades, por qué las cobra a través de transferencias que le realizan sociedades y cómo atribuye esos pagos a los servicios de consultoría presuntamente prestados para el señor Nervis Villalobo cuando el dinero procedía de sociedades aparentemente de don Hugo (Andre Ramalho Gois)”.
Según los fiscales estadounidenses, el portugués Ramalho Gois era un consumado experto en lavado de dinero, aliado de Amparan Croquer, que Villalobos reclutó para legitimar sus ganancias y quien utilizó una serie de esquemas en varios países europeos para ocultar el botín de prominentes jerarcas chavistas que entre 2015 y 2018 desfalcaron a PDVSA.
Así los pagos que Vuteff estuvo recibiendo provenían de depósitos de la cuenta del portugués quien desde 2018 tiene una orden de arresto por la Corte de Distrito Sur de Florida debido a su papel en la conspiración contra la petrolera.
Conforme los fiscales españoles no creyeron en los alegatos de Vuteff sobre sus ganancias, mucho menos en los que dio sobre la compra de una propiedad en Marbella (Costa del Sol) envuelta en la trama. Por estos elementos deciden que su arresto preventivo era necesario, sobre todo, para evitar la destrucción de pruebas que ayudarían a la investigación.
Sobre la base de otro documento del caso en el que se explica las razones para dar a Vuteff la libertad provisional, uno de los delitos en “España sería la recepción de casi 50.000 euros justificados en cuatro facturas por trabajos realizados en la cuenta corriente del recurrente que aparecería como blanqueador de otro presunto blanqueador, el señor Nervis Villalobo”.
No obstante, dado que la investigación tenía carácter transnacional, la justicia española acordó la libertad provisional de Vuteff con la medida de retirarle el pasaporte y la presentación ante un juzgado o tribunal cada mes y siempre que sea citado, además de notificar cualquier cambio de domicilio.
En el marco de la preparación de esta historia ITEMP no pudo recabar la versión de la defensa del señor Vuteff, en manos del abogado Nielson Maycon de Souza Vilela, quien no respondió un cuestionario remitido.
Más allá de rechazar las entrevistas, la familia política del empresario expresó su inquietud por la preparación de la historia apuntando a influir en su publicación y contenido, revelaron dos personas enteradas de la situación.
Ninguno de los documentos examinados de la justicia española o estadounidense por parte de ITEMP relacionan al yerno de Vuteff, el exalcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledezma, con la trama en la cual el esposo de su hija se encuentra inmerso.
En la carrera por lograr jugosos beneficios a expensas del bazar de edificios baratos en los que se convirtió España con su crisis inmobiliaria, muchos de los que invirtieron en las empresas donde Vuteff participaba sentían cierto alivio al escuchar que el empresario era un asiduo arengador contra la dictadura venezolana y en defensa de la democracia y la anticorrupción.
“Eso me dio cierta tranquilidad, estábamos con gente seria. Un ‘adalid de la lucha contra la corrupción’”, pensó sobre Vuteff un antiguo socio.
Tras el arresto de su suegro, el 19 de febrero de 2015, Vuteff aprovechó la influencia política de la familia Ledezma para, junto con su esposa Antonietta Ledezma, presionar internacionalmente por la liberación del líder político.
El encuentro con el ahora expresidente argentino, Mauricio Macri, en la Casa Rosada, en Buenos Aires, fue solo un reflejo de hasta dónde su apellido se escuchaba en los pasillos de poder de las capitales de gobiernos de Occidente que reclamaban por Ledezma.
En Uruguay quienes trabajaron cerca de Steinmann y Vuteff en la filial de Swissinvest en el país, también buscando captar capitales, recuerdan cómo ambos disponían de grandes sumas de dinero para ejecutar inversiones o como regalías de sus negocios, muchos de los cuales no estaban a la vista de otros socios, admitió un antiguo empleado de la firma que compartió con ambos amigos en Montevideo.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, reveló que Nervis Villalobos “recurrió a un entramado empresarial con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción venezolana”, de acuerdo con el reporte citado por primera vez en el diario madrileño El País en mayo de 2019.
El sofisticado esquema con el que la petrolera fue defraudada, según los alegatos de una acusación que la Corte del Distrito Sur de la Florida destapó en julio de 2018, es que no hubiese sido posible sin la participación del abogado venezolano Amparan Croquer, quien, convertido en un diestro mago de las falsificaciones, prestó su servicio a la causa de la élite chavista, los “boliburgueses”, así como a poderosos funcionarios del Gobierno de Venezuela.
La conspiración, bautizada por agentes federales estadounidenses como Money Flight, comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio de moneda para malversar 600 millones de dólares de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraude. La idea era blanquear una parte de los ingresos robados.
Es entonces cuando la maquinaria de Amparan Croquer comienza a operar y Vuteff se cuela. Ambos trabajaron dentro del conjunto de empresas inmobiliarias en España que se erigieron para legitimar el caudal de millones que llegaban de forma ilícita por el pago de comisiones.
Para finales de mayo de 2015, el monto de la estafa a la petrolera se duplicó al pasar de 600 millones a 1.200 millones de dólares. En esto Amparan fue clave: al momento de concretarse la estafa se usaron bienes inmuebles en Miami y “sofisticados esquemas de inversión falsos” en Europa, concretamente España, refiere la acusación de la Corte del Distrito Sur de la Florida.
En siete sociedades del ramo de bienes raíces dentro de España Amparan Croquer y Vuteff se relacionaron en cargos de presidentes, consejeros o administradores, exponen los registros mercantiles obtenidos por ITEMP a través de Axexor, una empresa de rating española contratada para esta investigación.
La mayoría de estas empresas se establecieron a partir de junio de 2015 –fecha en la que se emprende el fraude a PDVSA–, hasta agosto de 2018. En algunas de las sociedades, incluso, se ejecutaron cambios en la junta accionaria conforme la conspiración estaba bajo investigación sellada, según los registros.
Uno de los detalles estelares en la investigación de la policía española, de la que hizo eco El País, es que Villalobos y sus socios adquirieron en “España 113 propiedades y el juzgado buscaba embargar 71 apartamentos y 42 plazas de garaje. Destaca las viviendas adquiridas por Vuteff –dos apartamentos de lujo en las madrileñas calles Goya y Ramón de la Cruz—y tres viviendas del exjerarca chavista (Villalobos)” en las vías más caras de la capital.
Son tantos los casos conectados al saqueo de la petrolera venezolana en la última década, que la conclusión más simple, pero no menos importante, contribuye a explicar la crisis que atraviesa la nación suramericana: que en manos de una veintena de altos funcionarios y sus “camaradas” se repartió un botín milmillonario que pasaba de una mano a otra sumándose más cómplices, hasta arrastrar al más insospechado de los personajes de la vida nacional.
Apellidos cruzados
La relación del argentino Vuteff con los Ledezma se remonta a 2015, cuando el 19 de febrero de ese año la familia atravesó su peor momento con el arresto de su patriarca por parte de la policía política del régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien lo acusaba de una operación para derrocarlo.
Antonietta Jesús, hija menor de Antonio y Mitzy Capriles de Ledezma, conoció a un Luis Vuteff que se presentaba como empresario de la actividad agroindustrial argentina y consultor financiero en una de esas tantas giras que ella realizó para buscar apoyo a la causa de liberación de su padre, según las versiones de la prensa que asomaron el romance.
Conforme el argentino pasaba desapercibido en reuniones y encuentros políticos a los que asistía con Antonietta Ledezma, su relación con los autores del complot contra PDVSA germinaba lentamente entre Caracas, Madrid y Portugal.
Fue en la capital española donde Vuteff ya aparecía para el 22 de julio de 2015, cuatro meses después del arresto de su suegro, como director ejecutivo (consejero) en la sociedad Columbus One Properties Management SL, una firma establecida el 16 de junio de ese año dedicada a la gestión y administración de propiedades inmobiliarias.
Ese mismo 16 de junio se crea Columbus One Properties SL, para “alquiler de bienes muebles por cuenta propia”. Vuttef y Amparan son designados el 6 de julio como “consejeros” para una empresa de apenas cuatro accionistas.
La sociedad Columbus One Properties SL fue la piedra angular utilizada en la trama de cobro de comisiones de PDVSA, revelada en julio de 2018 por el Departamento de Justicia, identificada como “Compañía Europea 1”, que exponía la acusación de la corte en Miami.
Hasta el momento hay dos condenados en los Estados Unidos de al menos una decena de implicados con órdenes de arresto, entre ellos el banquero alemán Mathias Krull, sentenciado en Miami a 40 meses de prisión luego de colaborar con las autoridades.
En España, Vuteff estaba presente en los registros mercantiles con 18 cargos activos y cuatro posiciones históricas en nueve sociedades domiciliadas en ese país, revelan los reportes de la agencia de rating.
El argentino estableció por cuenta propia otras sociedades dedicadas al ramo inmobiliario como Investment Center Haus SL, el 8 de mayo de 2015, con un capital de 1.7 millones de euros. A los pocos días, el 26 de mayo, constituye Girasol del Valle SL, con un patrimonio de 388 mil euros.
La apertura de todos los negocios coincidió con el lapso en que se gestaban las operaciones de lavado de dinero contra PDVSA, muestran los registros.
El informe de la policía española, citado por El País, anota que el viceministro Villalobos consiguió legalizar “27 millones de euros a través de supuestas inversiones en valores. El dinero se movió –según los investigadores—por una constelación de empresas del denominado grupo Swissinvest. Un conglomerado donde figuran el argentino Luis Fernando Vuteff, el suizo Ralph Steinmannn y Amparan Croquer”.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal española conectó a los tres con Nervis Villalobos, aclara el rotativo. ITEMP confirmó de manera independiente estos nexos gracias tres fuentes vinculadas a estas personas.
Cuando el 18 de octubre de 2018 la justicia española inició la “Operación Carabela” el embargo preventivo que ejecutó incluyó cuentas bancarias, vehículos de lujo, un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas en la costera ciudad de Marbella, así como varios inmuebles en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca.
La policía española declinó aporta información sobre los bienes incautados.
Con un capital de 30 mil euros, Antonietta Ledezma y su esposo constituyeron el 16 de enero de 2018 la “Fundación Crecer sin Fronteras”, para prestar ayuda a las familias migrantes. El Boletín Oficial del Estado Español muestra que la menor de los Ledezma fungía como presidenta de la ONG e Ignacio Sánchez Cumba, uno de los detenidos en la trama en España, como secretario.
A la deriva
Hasta finales de abril de 2021 la Fundación Crecer sin Fronteras no mostraba en internet ninguna actividad relacionada con su actividad caritativa.
De su yerno dijo Antonio Ledezma luego de conocer el arresto en España, que era un “hombre amoroso, cariñoso. Un profesional que tiene varios años trabajando en la actividad agroindustrial y como consultor financiero”, pero en todo momento evitó hacer una aireada defensa a la espera de lo que decidiera la justicia española.
“Cuando lo conocí era un hombre con recursos porque tiene más de 20 años trabajando con empresas agrícolas en Argentina. No lo conocí como un menesteroso. Nunca lo vi haciendo aspavientos de que tenía muchos recursos, simplemente vivía con holgura”, confesó el líder opositor en una entrevista con el Diario Las Américas.
Sin mucho alarde, la tarde del 24 de diciembre de 2018, a través de una escueta nota publicada por el canal Venezolano TV de Miami, se informó que Vuteff había sido absuelto de las investigaciones en España.
“Fernando Vuteff… fue puesto en libertad por la justicia española, al demostrar que nada tiene que ver su actividad comercial con operaciones de la estatal petrolera de Venezuela ni con transacciones para legitimar capitales de dudosa procedencia”, dijo el canal citando un mensaje colgado por Ledezma.
La versión publicada por la familia resultó ser falsa, como ahora muestran los registros.
Un asunto clave que Vuteff y el señor Steinmann deberán aclarar es cómo una de las sociedades que operaban, Columbus One Properties, S.L, facilitó la compra de un hotel en Madrid, en marzo de 2016, que habría servido para que los hijastros del dictador venezolano Maduro pudieran lavar parte del dinero robado a PDVSA en la trama de los 1.200 millones de dólares, como reveló en diciembre de 2020 un diario español citando un informe policial.
La compañía fue establecida el 16 de junio de 2015 para “la adquisición y promoción de bienes inmuebles”. Al año siguiente registró inversiones inmobiliarias por 18 millones de dólares con activos totales de 30 millones de dólares para 2016 manejados en una cuenta del español Banco Santander, revelan los registros mercantiles de la empresa analizados por ITEMP.
El valor de esa primera gran inversión inmobiliaria coincide con el importe que la firma habría pagado para adquirir el hotel que pertenecería a los hijastros de Maduro, según el citado informe policial, y los registros que la empresa elevó a las autoridades fiscales españolas.
Columbus One Properties, S.L el 24 de noviembre de 2020 absorbió tres compañías hermanas dedicadas a las actividades de bienes raíces e inversiones las cuales fueron constituidas casi al unísono en 2016, cuando el expolio a PDVSA se echó a andar en España. Vuteff y Steinmann continúan a la cabeza.
