El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, analiza en una entrevista los alcances de una esperada reforma dentro de la Policía Nacional luego de los abusos atroces perpetrados por ese cuerpo contra manifestantes durante las protestas de las últimas semanas en ese país. Con el narcotráfico como el principal combustible de la violencia, admite que la guerrilla de las FARC falló a la hora de desmontar este negocio, por lo que hay pujas internas, incluso, tras la firma del acuerdo de paz
Para Colombia los días de protestas sociales que desde abril mantienen al país en jaque, simbolizaron el hartazgo de millones de sus ciudadanos a una realidad que, sigilosamente, estaba carcomiendo a cada hogar de la nación más allá de las estadísticas: escases de trabajo, bajos salarios, falta de oportunidades, inseguridad. Llegó la pandemia, sus efectos adversos, y fue la combustión perfecta.
Las protestas, en rechazo a un plan fiscal del Gobierno del presidente Iván Duque –que luego tuvo que ser retirado–, “estallaron” la tarde del 28 de abril de 2021 con un conjunto de reivindicaciones que iban desde subsidios a las familias pobres, reformas sociales, hasta exigir la renuncia del propio mandatario.
El corolario ha sido casi dos meses de bloqueos, semanas de paro, violencia callejera, saqueos, pero, sobre todo, una exacerbada brutalidad policial contra civiles dejando a varios con heridas de gravedad; lesionados; y decenas de muertos, lo que demostró un problema estructural dentro de la Policía Nacional de Colombia a la hora de responder al caos social.
El ministro de la Defensa, Diego Molano, en una entrevista con el Proyecto ITEMP no niega que su país atraviesa una situación difícil y que el uso de la fuerza excesiva fue un hecho real, aunque rechaza la versión de que sea un comportamiento sistemático dentro de la Policía Nacional, un cuerpo adscrito al Ministerio de la Defensa.
Las autoridades cifran los muertos durante las protestas en 21 personas, pero las ONG locales dicen que el número es irrisorio, y en realidad superaría los 60 fallecidos. Human Right Wash (HRW), la organización que defiende los derechos humanos, habla de al menos 68 muertos, aunque un informe publicado este miércoles, 9 de junio, dice que solo pudo verificar 34. Mucho más que lo afirmado por el gobierno.
“Estos brutales abusos no son incidentes aislados cometidos por agentes deshonestos, sino más bien el resultado de deficiencias sistémicas de la policía colombiana”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en su informe.
“Se necesita una reforma integral que separe claramente a la policía del ejército y garantice una supervisión y una rendición de cuentas adecuadas para garantizar que estas violaciones no vuelvan a ocurrir”.
El ministro Molano asumió el cargo en febrero de 2021, pero su paso por la administración del presidente Duque, desde su ascenso al poder en 2019, le ha ganado la fama de ser un defensor acérrimo de su jefe, además de contar con el respaldo de un grueso de la clase política conservadora de Colombia.
En esta entrevista adelanta los detalles de la anunciada reforma en la Policía Nacional en los próximos meses, de las protestas sociales de las últimas semanas; sobre el problema del narcotráfico, la alianza del Gobierno de Venezuela con el crimen organizado y lo que para Molano es un principio: “el paramilitarismo no volverá a Colombia”.
-Se anunció una reforma policial. ¿En qué consiste?
-Lo que busca el presidente Duque con esta reforma es garantizar que la Policía Nacional, que viene en un proceso de mejoramiento, acelere esto y logre una transformación interna. Que todos los policías: los del cuerpo ejecutivo, los oficiales, los suboficiales, y todos aquellos que pertenezcan a esta organización, se certifiquen en competencias como derechos humanos, uso de la fuerza, procedimientos policiales de atención al ciudadano. Eso significaría que el crecimiento profesional para ascensos, bonificaciones, quedarían atados a esas competencias que implica, entonces, una mejor policía.
El segundo punto de la reforma es un estatuto disciplinario, el actual tiene quince años. Con esta nueva herramienta se busca que los procesos de investigación sean más expeditos, más actualizados de acuerdo con estándares internacionales y que haya más celeridad en esta actuación. Adicionalmente, mecanismos administrativos para que se tramite de una mejor manera y más rápida las quejas y reclamos de los ciudadanos.
El tercer elemento de la reforma busca que, dentro de la estructura de la policía, el tema de derechos humanos y certificación quede bajo un departamento dirigido por un civil. Adicionalmente, la aplicación de esos procesos en toda la fuerza de policía, y, claro, que haya un área de certificación de competencias donde tenga participación la sociedad civil y la academia.
-La propuesta incluye crear un Viceministerio de Seguridad Ciudadana, pero la crítica siempre ha sido que la Policía de Colombia está bajo control de Ministerio de la Defensa, una entidad militar ¿por qué no aprovechar la reforma para dar la separación final?
-Porque en las condiciones de seguridad de Colombia el país requiere que la policía siga en el Ministerio de Defensa. La policía dentro de esta cartera cumple un papel fundamental bajo las condiciones de violencia y amenaza que tiene la nación. Hay un trabajo muy fuerte entre las fuerzas militares y la policía.
Lo que busca esta reforma es que se ajuste a un viceministerio que otorgue las políticas de seguridad y defensa. Se mantiene una policía dentro del Ministerio de Defensa, pero ahora estamos fortalecimiento las políticas de seguridad con esta nueva dependencia. Además, se crea un Observatorio de Derechos Humanos (interno) que hace un seguimiento y vigilancia a toda la fuerza pública.
-¿Cómo puede describir la situación de Colombia en este momento, tomando en cuenta las protestas sociales, el paro, e incluso, una moción de censura en su contra que no prosperó?
– Aquí lo que queda claro es que Colombia es un país democrático, con un gobierno de talante democrático, legítimo, que ha enfrentado recientemente unas manifestaciones sociales. Pero el gobierno del presidente Duque respeta la manifestación social.
De hecho, han sucedido 12.500 manifestaciones que ha acompañado la fuerza pública y que en 1.300 oportunidades se ha presentado violencia y disturbio que afectaron la tranquilidad. En esas oportunidades es que ha actuado la fuerza pública y en particular la policía, para controlar la violencia.
El Gobierno ha buscado acompañar la manifestación pacífica, cuando esto es así, pero, por supuesto, en los eventos violentos, actuar. Hemos desarrollado la oportunidad de defender los derechos de terceros, de otros que no están involucrados en las manifestaciones, pero se han visto afectados, sobre todo, su integridad física y también por los bloqueos que afectaron los derechos a la alimentación, el oxígeno a los enfermos. Han afectado a civiles que se quedan en las ambulancias porque no pueden transitar por las carreteras colombianas.
Se ha creado un diálogo con todos aquellos manifestantes pacíficos, pero se sigue actuando de forma contundente contra ese vandalismo que afectó la estabilidad de terceros.
-Pero la forma como respondió la policía, donde ahora hay jóvenes con un ojo vaciado, violencia excesiva, muertes con armas de fuego, ¿respondió a un grupo de agentes que se excedieron o esta era la forma como estaba la policía entrenada?
-Yo creo que es allí donde ha estado la gran diferencia. A lo largo de las semanas ha quedado en evidencia que el gobierno ha respetado la manifestación pacífica. De hecho, más de 12 mil manifestaciones han sido acompañadas y solo en 1,300 se intervino cuando hubo violencia. Y lo importante en ese período de violencia es entender cuáles han sido las condiciones.
Se han dado unas cifras que no corresponden a la realidad de lo que vienen sucediendo porque hay una campaña de desinformación y noticias falsas muy grandes.
– ¿Cómo así?
-Cuando se han dado actos irregulares, la policía ha abierto las investigaciones en 178 oportunidades. Hay tres hechos que quedaron claros. Salieron unas cifras internacionales donde determinaron el número de homicidios superior a 50 y hoy quedó en evidencia que son 19 (para el domingo 6 de junio, día de la entrevista) y están en proceso de investigación por parte de la fiscalía para determinar en dónde actuó la policía, que hasta ahora ha sido determinado en cuatro casos particulares.
Segundo, se hablaba de un número de personas desaparecidas, la fiscalía comenzó a investigar. Las ONG hablaban de unas 500, pero al final eran 76 que están bajo búsqueda urgente y solo hay tres denuncias de desaparición forzada.
Se ha señalado también actuaciones de la fuerza pública de forma irregular, sin embargo, hay 178 policías bajo investigación de 56 mil agentes que vienen atendiendo este mismo proceso. Aquí no hay una práctica generalizada del Gobierno y la policía en contra de las manifestaciones pacíficas, sino al contrario, es en contra de la violencia que sí ha destruido, porque hay organizaciones criminales y violentas que no son manifestantes pacíficos, sino, por el contrario, cometen actividades criminales.
–De lo que en muchos casos se habló con estas protestas fue del resurgimiento de paramilitarismo en Colombia, civiles armándose, trabajando incluso con la fuerza pública, ¿esta es la realidad?
-Definitivamente no, en Colombia no puede ocurrir lo del pasado cuando unos civiles se armaron para tomar justicia por sus propias manos. El monopolio de las armas está en el Estado colombiano y su fuerza pública. Lo que ha venido sucediendo es que el nivel de violencia que se presentó ha sido muy alto y algunos civiles trataron de armarse para defender algunos comercios, eso no se puede permitir. De hecho, ya hay investigaciones en la fiscalía sobre los civiles que tomaron esa decisión y también en los casos en los que estaban siete policías que actuaron de manera inadecuada.
Este gobierno tiene la absoluta convicción de que el monopolio de las armas está bajo control del Estado, que en Colombia no se puede permitir la justicia propia y en ese caso, quienes actuaron incorrectamente, serán investigados.
-Usted habló de noticias falsas, de una campaña mediática, incluso, vinculando al Gobierno de Rusia y Venezuela, ¿en qué quedaron estas denuncias?
– Hay varios informes en redes sociales que señalan un alto número de incidencias con IP de Rusia que han activado movilizaciones de redes sociales en Colombia, lo mismo que el caso venezolano, el número de bots que se utilizan.
– ¿Cuál es su visión sobre lo que se vio en Venezuela recientemente, que un grupo disidente de las FARC logra secuestrar a militares de ese país?
-Lo primero es que en Venezuela hay un régimen de una dictadura vinculada con el narcotráfico que es la de Nicolás Maduro. Sus jefes militares también tienen relación con el narcotráfico y han logrado que grupos criminales y narcos colombianos tengan presencia allí.
En Venezuela está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, la rama denominada Narcotalia donde estaban asociados (los jefes guerrilleros) Iván Márquez y Jesús Santrich. Las disputas a esos grupos, como el ELN, como las disidencias de las FARC, en conjunto con las fuerzas militares, originaron confrontaciones como las que sucedieron en Arauca, precisamente por el negocio criminal del narcotráfico ocasionando ese desplazamiento tan grande que hubo allí.
En esas disputas con la disidencia de las FARC, donde actuó también la fuerza pública, fue donde sucedió el secuestro y ninguna de esas actuaciones ha intervenido el Estado colombiano.
-¿Maduro le pidió información o cooperación a Colombia luego del secuestro de los militares venezolanos?
-Desde el punto de vista militar, no tenemos ninguna comunicación
-Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, en 2016, ¿Qué salió mal que hoy estamos viendo tantos grupos criminales surgiendo y disidencias guerrillas dando pelea?
-Colombia firmó el Acuerdo de Paz y el Gobierno del presidente Duque desplegó una política de paz que ha venido implementándose. Hay unos 13 mil desmovilizados de las FARC que siguen siendo apoyados en diferentes programas estatales. Hay planes de asistencia y protección sobre aquellos que están haciendo política.
– ¿Qué ha sucedido?
-Pues la gran apuesta que era la disminución del narcotráfico, porque las FARC tenían que declarar cuáles eran las rutas, donde había presencia, cómo se manejaba ese negocio, no ha sido aún evidenciada, y el negocio continuó. Eso es un tema fundamental, porque el narcotráfico es el que alimenta la violencia en Colombia, sobre todo, cuando los disidentes de las FARC siguen con ese negocio que amenaza tanto la estabilidad. Esa es la primera falla.
En este proceso reciente, Colombia sí ha avanzado. El país tuvo en 2020 la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años, y la tasa de secuestro más baja en 37 años. Es un país que sigue avanzando en el nivel de la violencia con hechos.
Hoy hay un tema más convulsionado que es una conjugación de varios factores, como un año y medio de restricciones de movilidad por efectos de la pandemia. Eso originó manifestaciones sociales en América Latina que el Gobierno de Colombia ha respondido.
