El magnicidio del presidente Jovenel Moïse no es algo sui géneris en la historia de los haitianos. De los 22 presidentes que tuvo el país entre 1843 y 1915, 21 fueron asesinados o derrocados por insurrecciones que buscaban gratificar la ambición personal y el deseo de poder de los líderes
La agitación que por estos días se respira en Haití tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio, y las rivalidades entre quienes deberían gobernar bajo la actual coyuntura, no son hechos aislados a la historia de esta empobrecida isla del Caribe donde las revoluciones, los asesinatos políticos y la anarquía han moldeado su historia como nación y sociedad a lo largo de dos siglos.
La que fue la primera nación en abrazar la independencia en América Latina ha visto como de los 22 presidentes que tuvo entre 1843 y 1915, 21 fueron asesinados o derrocados por revoluciones militares emprendidas únicamente con el propósito de gratificar la ambición personal y el deseo de poder de los líderes.
En el pasado, la antigua colonia francesa experimentó numerosos períodos de intenso desorden político y económico, lo que provocó la intervención militar estadounidense en 1915, días después del linchamiento del presidente haitiano por parte de una turba enfurecida al fragor de una insurrección.
Al concluir la ocupación de 19 años, las fuerzas militares estadounidenses se retiraron en 1934 y Haití recuperó su soberanía, sin que eso se tradujera en estabilidad o una democracia plena.
Al contrario, fue la antesala de la férrea dictadura de Francois “Papa Doc” Duvalier y luego su hijo Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier que dirigieron regímenes despiadados de 1957 a 1971 y de 1971 a 1986, respectivamente.
La Oficina del Historiador del Departamento de Estado ha recopilado durante décadas archivos diplomáticos de las relaciones entre Estados Unidos y Haití, donde la espiral de violencia en la isla ha marcado la mayor parte de los informes, según media docena de documentos examinados por ITEMP para presentar esta historia.
Uno de esos memorandos recoge cómo desde 1886, cuando el presidente Lysius Salomon completó su primer mandato, hubo doce presidentes de Haití donde ninguno culminó su período.
De estos doce, cuatro murieron y seis fueron expulsados de su cargo en medio de luchas intestinas por gobernar. Con el magnicidio del presidente Moïse el pasado 7 de julio, Haití acumula cinco gobernantes asesinados mientras ejercían el poder, un récord inusual en la historia del continente.
Si el asesinato del presidente Moïse mientras dormía junto a su esposa en su casa privada de la capital del país, Puerto Príncipe, sacudió a la comunidad internacional, la crudeza con la cual varios de sus predecesores perdieron la vida estando en el poder, refleja la forma en que los haitianos han tomado la justicia por sus propias manos en señal de hartazgo.
Cuando en 1888 el presidente Vilbrun Guillaume fue derrocado y asesinado por una turba que lo hizo pedazo y luego lo desmembró para repartir sus partes por el país, nadie imaginó que 24 años después, en 1912, otro mandatario, Cincinnatus Leconte, perecería por la explosión de una bomba en el palacio presidencial.
Estos sucesivos actos de violencia con el tiempo, más que repartir el poder de un partido a otro, terminó por derruir la institucionalidad del país, la cual no permite sostener con cada cambio de gobierno, las más elementales tareas de un Estado como lo son el manejo de recursos fiscales, los cuerpos de seguridad y la administración de salud.
Ese es el problema de fondo antes, durante y después de la muerte del presidente Moïse.
Cuanto antes, identificar quienes estuvieron detrás del magnicidio es clave porque a la sombra de teorías conspirativas sobre mercenarios extranjeros o enemigos locales, la historia haitiana demuestra que esa búsqueda peligrosa de justicia popular, inexorablemente, arrastra a inocentes e incendia al país.
El jefe de la policía nacional haitiana indicó que un médico nacido en Haití residente en Florida, Christian Emmanuel Sanon, fue arrestado como sospechoso clave en el asesinato del mandatario, y sugirió que creía que el sospechoso estaba conspirando para convertirse en presidente.
Pero incluso armando las piezas que dieron forma al magnicidio (una conspiración de clanes locales o el complot de un gobierno extranjero), la respuesta de los haitianos puede ser igual de calamitosa porque no hay una garantía de estabilidad institucional en el país más pobre del hemisferio occidental.
En el último año, en medio de la pandemia que aceleró la recesión y la crisis social, los poderes públicos colapsaron con un Parlamento sin funciones, la muerte del presidente del poder judicial a causa del Covid-19, primeros ministros que compiten entre sí por quién es la autoridad, sumando ahora al magnicidio de Moïse.
En una nación marcada por la violencia política y las decisiones de la comunidad internacional que aporta más de 20% del presupuesto anual, no fue extraño que las autoridades del gobierno interino solicitaran a Estados Unidos el envío de tropas ante un escenario imprevisto de caos que escape de las fronteras del país.
No luce claro que en un período histórico en el que Estados Unidos se repliega de Afganistán o apunta su estrategia de contención militar hacia China, la administración Biden se disponga a enviar tropas para la estabilización de Haití, al menos, sin el consentimiento del Congreso, o un mandato extraordinario de Naciones Unidas.
Bajo la actual circunstancia, a diferencia de 1994 cuando la Casa Blanca emprendió una intervención armada sobre Haití para restituir al presidente Jean-Bertrand Aristide en el poder, hoy no existe agravio real contra el gobierno constituido, ni ninguna razón para su derrocamiento que se eleve por encima del plano del deseo de mantener al país en calma hasta las elecciones a finales de año.
“La mejor opción para Estados Unidos en este momento es esperar, observar y escuchar no solo a los sospechosos habituales, sino también a una amplia nueva generación de demócratas haitianos que pueden comenzar a avanzar responsablemente hacia una política haitiana más viable”, escribió en un artículo Amy Wilentz, una analista de temas latinoamericanos.
Por el momento Estados Unidos ha enviado una delegación interinstitucional para ayudar en las pesquisas del magnicidio, informó la Casa Blanca en un comunicado que indirectamente revela la postura de Washington de impulsar un diálogo entre los haitianos más que aventurarse a una intervención militar.
“La delegación se reunió con el primer ministro interino Claude Joseph y el primer ministro designado Ariel Henry en una reunión conjunta, así como con el presidente del Senado, Joseph Lambert, para fomentar un diálogo abierto y constructivo para alcanzar un acuerdo político que permita al país mantenerse libre y elecciones justas”, refirió el texto.
El gobierno que nazca de las próximas elecciones tendrá que enfrentarse a una férrea crisis económica producto de la pandemia de coronavirus que empobreció más a los haitianos, además de reforzar el combate contra las mafias ligadas al narcotráfico que dispararon los secuestros y la extorsión en los últimos años.
Para la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europeo, la situación de Haití es desafiante conforme su historia demuestra que sucesivos actos de violencia terminan, tarde o temprano, convulsionando al país hacia la inestabilidad permanente.
Recomponer las instituciones malheridas durante la gestión del expresidente Moïse, a lo que luego se sumó los estragos de la pandemia, luce primordial para mantener en pie al gobierno que surja de los próximos comicios, apuntando a un plan de vacunación contra el Covid-19 con el aval de la ONU y la filantropía de las naciones ricas, para poder enterrar uno de los tantos obstáculos que acosa al pueblo haitiano.
