Mientras la administración Biden no muestra señales de que revertirá una política llamada LIFO, la Casa Blanca posa sus esperanzas en que un aumento del presupuesto para inmigración a partir de octubre de este año permitirá atender los cerca de 400 mil casos de asilos que esperan una resolución de las autoridades.
La decisión del presidente Donald Trump de reimplantar en 2018 una vieja política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) frenó en seco el procesamiento de cientos de miles de peticiones de asilo con años de espera acumulados, lo que agregó más carga al sistema migratorio de la nación y angustias a los solicitantes.
Mientras la administración Biden no muestra señales de que revertirá esta medida, la Casa Blanca posa sus esperanzas en que un aumento del presupuesto en unos 1.200 millones de dólares adicionales a partir de octubre, permitirá atender los casos de asilos pendientes de resolución, al tiempo que define sus estrategias para responder a la crisis en la frontera sur.
De momento, más allá de inyectar dinero a la burocracia del sistema migratorio, como un parche en medio de una hemorragia, los expertos apuntan a la necesidad urgente de ajustar algunas normas migratorias clave que podrían ayudar a responder y prevenir, en el corto y medio plazo, otra avalancha de asilos sin respuestas.
A medida que Estados Unidos enfrenta una de sus mayores crisis migratorias en veinte años, con más de un millón de detenciones en los últimos nueve meses en la frontera sur, el presidente Joe Biden tiene que lidiar no solo con los nuevos procesos de asilo que se presentan, sino con las casi 400 mil solicitudes sin respuestas acumuladas.
Hasta el segundo trimestre del año fiscal 2021 (del 1 de enero al 31 de marzo de 2021) se presentaron 15,306 peticiones de asilo, se aprobaron 1,986 y 4,545 fueron denegadas, muestran los reportes del USCIS.
“Durante los últimos seis años, la División de Asilo ha recibido muchos más casos en todas las áreas de sus responsabilidades de los que tiene capacidad para adjudicar. No obstante, esta oficina ha buscado formas de abordar eficazmente el retraso”, admitió Ana Santiago, una portavoz del USCIS.
El presupuesto “sugerido por el presidente para el año fiscal 2022 incluye $345 millones para reducir los atrasos del USCIS, incluido el de asilos afirmativos”, respondió Santiago interrogada sobre cómo su oficina planea actuar ante las demoras actuales.
Con la agenda del expresidente Trump centrada en reducir al mínimo la llegada de indocumentados, su administración se estrenó en la Casa Blanca en 2017 con una serie de polémicas medidas que alteraron la forma en que las agencias federales estaban habituadas a actuar en materia migratoria.
Cuando en enero de 2018 el USCIS anunció que programaría las entrevistas de asilo para las solicitudes recientes antes que las presentadas anteriormente, no estaba haciendo nada nuevo, y apuntaba a un esfuerzo para detener el aumento de los retrasos en casos de asilo que creció en 1750% desde 2013, triplicando las solicitudes.
Para enero de 2018, cuando entró en vigor la medida, había 311,000 casos de asilo pendientes. Para marzo de 2021, la acumulación era de 398.928, según datos oficiales.
La política de Trump, por ende, empeoró las cosas.
En Concreto, su administración desempolvó una herramienta conocida como “Último en entrar, Primero en salir” (o LIFO, en inglés) la cual se aplicó en el pasado para el control de solicitudes no meritorias o fraudulentas presentadas para aprovechar el atraso y obtener permiso de empleo.
LIFO estuvo vigente durante 20 años hasta diciembre de 2014, cuando el gobierno del presidente Barack Obama, tomó la decisión de adoptar, temporalmente, un sistema de programación denominado “Primero en entrar, Primero en salir” (FIFO, en inglés).
Los portavoces de la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de información sobre la posibilidad de un cambio en esta norma, y un vocero del senador Bob Menéndez (Demócrata de New Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exterior del Senado, quien ha promovido la estrategia migratoria del presidente Biden, declinó hacer comentarios.
Aunque la política de LIFO ha permitido que muchos de los casos presentados recientemente sean adjudicados de manera oportuna, “no ha logrado reducir el retraso, congelando a los que durante años esperaban entrevistas, mientras que se añaden nuevos solicitantes de asilo al retraso cada año”, dijoRobyn Barnard, abogada de Human Rights First, una organización no partidista con sede en Nueva York que defiende temas de derechos humanos.
Algunos casos de asilo representados por Human Rights First han estado pendientes desde antes que Trump fuera presidente, ya en 2015, de acuerdo con Barnard, por lo cual esto es un problema de viaje data que ahora vive su momento más complejo.
Receta sin éxito
Las políticas fronterizas duras y defectuosas, incluido el uso expansivo de la expulsión acelerada, también empeoran el retraso al desviar los recursos de la División de Asilo que se dedicaba a resolver las solicitudes de asilo afirmativas.
Los procesos de asilo en Estados Unidos se dividen en dos tipos: el afirmativo, que decide el USCIS y el defensivo, que se dirime en las cortes bajo mandato del Departamento de Justicia en cada estado.
Por orden, los nacionales de Venezuela, Guatemala, China, El Salvador, Honduras y México, fueron los principales solicitantes de asilo afirmativo en el país en 2019.
Las cortes están en la actualidad tan abarrotadas de casos que las fechas de las audiencias para debatir los pedidos de asilos en 2015 debían resolverse en 2019, de acuerdo con cálculos realizados por ITEMP sobre la base del tiempo promedio de respuesta y el volumen de solicitudes.
Bajo la actual política, si un caso de asilo fue presentado en 2018, tomando en cuenta el acumulado hasta 2021 de peticiones, los solicitantes podrían ser atendidos en 2023 o 2024, según los cálculos de ITEMP.
La experiencia de lo que fue el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) -antecesor del USCIS- durante el último gran período de atraso que vivió el país en la década de 1990, mostró que muchas solicitudes de asilo no tenían fundamento y se presentaron para obtener una autorización de trabajo, según los informes de la época.
Para abordar este problema, el INS implementó varias reformas, incluido en enero de 1995, al sistema de programación LIFO mediante el cual la División de Asilo programó los casos que se presentaron recientes para ser entrevistados antes que los más antiguos.
Al dar prioridad a los casos más nuevos, los solicitantes estaban al tanto de que la presentación de asilos solo para obtener una autorización de trabajo conllevaba el riesgo de que sus peticiones fueran escuchados rápidamente.
A principios del año fiscal 2013, poco más de 4.200 casos estaban pendientes de adjudicación durante más de seis meses.
“LIFO es una herramienta fundamental en el control de solicitudes no meritorias o fraudulentas presentadas para aprovechar el atraso para obtener la autorización de trabajo”, escribió Santiago, la portavoz del USCIS.
La abogada Bernard explicó que “si se tienen en cuenta las familias multipersonales representadas en cada solicitud, en la actualidad el número real de personas en espera podría acercarse a los 600.000 individuos. El retraso coincide con los niveles récord de desplazamiento de refugiados a nivel mundial”.
Juan Blanco, un abogado de inmigración con oficina en Miami, lleva más de una década trabajando peticiones de asilo de ciudadanos de países en conflicto o en crisis como Colombia, Venezuela, Cuba y algunos de Centroamérica.
“En este momento la mayoría de mis clientes son de Venezuela y Cuba que llegaron en busca asilo”, dijo Blanco.
Como muchos abogados a lo largo del país, la oficina de Blanco acumula casos de asilo que tienen años esperando respuesta.
Uno de sus clientes en 2012 introdujo su petición de asilo y aún no ha sido llamado por las autoridades.
“Esto no es algo nuevo, el problema es que ahora es mucho mayor el retardo”, agregó.
Después de que USCIS anunciara el final de la programación de LIFO en diciembre de 2014, el número de solicitudes de asilo afirmativas presentadas por año aumentó de 56,898 en el año fiscal 2014 a 83,197 en el año fiscal 2015 (+ 46%); a 114,965 en el año fiscal 2016 (+ 38%); a 141,695 en el año fiscal 2017 (+ 23%).
La acumulación de solicitudes de asilo afirmativo creció en consecuencia tras el cambio que aplicó Obama dos años antes de dejar la Casa Blanca.
En el año fiscal 2015, doce meses después de eliminar LIFO, la cartera de pedidos creció 77%; en el año fiscal 2016 creció 79%; y en el año fiscal 2017 creció 49%.
Para detener la acumulación de solicitudes de asilo e identificar peticiones “frívolas, fraudulentas o no meritorias”, el 31 de enero de 2018 el USCIS anunció que volvería al sistema de programación LIFO, una política que los legisladores republicanos que trabajan para limitar la inmigración desde el Congreso agradecieron al presidente Trump en vista de la crisis que estaba en progreso.
Modelo de prueba
El presidente Biden presentó el 27 de julio un plan con el que busca responder a las consecuencias de la actual congestión migratoria que, sumado al impacto de la pandemia, disparó la cifra de solicitantes de asilo y refugio en el país.
Semanas antes, el 16 de junio, el Departamento de Justicia revocó dos de los fallos de la Administración anterior que restringían severamente las protecciones de asilo para las víctimas de violencia doméstica y de pandillas.
También restauró la discreción de los jueces de inmigración para cerrar administrativamente los casos en otro paso para garantizar que las solicitudes prioritarias se consideren de manera oportuna.
El plan de la Casa Blanca apunta “reducir los retrasos en los tribunales de inmigración al asegurar que los casos prioritarios se consideren de manera oportuna y contratar más jueces de inmigración”.
El presupuesto para el año fiscal 2022 solicita 100 jueces de inmigración adicionales a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, a cargo del Departamento de Justicia, así como personal judicial adicional con el fin de avalar el procesamiento de los casos.
El total de la partida extraordinaria, tanto para el USCIS como el Departamento de Justicia, con el objetivo clave de responder a los asilos en mora, llega a 1,236 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de ITEMP tras revisar documentos de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.
Para los abogados y expertos en temas migratorios estos últimos pasos del Gobierno pueden ser positivos a lo largo del tiempo, pero no solucionan el problema técnico de fondo que complica el sistema de asilos actual.
“Hemos instado al USCIS a que introduzca de inmediato cambios en el momento en que se adjudican las solicitudes de asilo afirmativo, designando simultáneamente a una parte de los funcionarios de asilo para que se ocupen estrictamente de los casos atrasados, que puedan trabajar ‘de atrás hacia adelante’ para garantizar que los casos más pendientes se aborden rápidamente, y continuar con la política LIFO de adjudicar las nuevas solicitudes a medida que se presentan”, explicó Bernard, la abogada de Human Rights First.
Una de las peticiones estrella que hizo esta organización al USCIS, y que fue secundada por otros movimientos en el país, fue la creación un “período de corte” de cinco años; un período tras el cual una solicitud de asilo pendiente recibiría una mayor prioridad en la cola de solicitudes.
“Estos cambios permitirían una mayor uniformidad en los tiempos de espera y darían la seguridad a los solicitantes de que no tendrán que esperar décadas para una entrevista”, indicó Barnard.
Reloj detenido
Ramiro Gómez llegó en agosto de 2016 a Miami procedente de su natal Colombia, en vista de que las amenazas de unos paramilitares de quitarle la vida se hicieron constantes y más radicales.
“Este mito de que Colombia está en paz está dirigido al exterior, pero todos sabemos que no es así. Aún hay bandas armadas, paramilitares, narcotraficantes, buscando tierras, cobrando extorción”, relató Gómez, quien espera por la respuesta a su asilo.
Media docena de abogados consultados por ITEMP en Miami, Los Angeles, Nueva York y San Antonio (Texas) argumentaron que el mayor problema para sus clientes es que con tantos años de retraso permanecen separados de sus seres queridos, con situaciones extremas donde sus cónyuges e hijos siguen en peligro en su país de origen.
Syed, un periodista bangladesí que recibió asilo en 2018, estuvo alejado de su familia durante tres años mientras se encontraba en la cola para recibir respuesta.
Su esposa y sus tres hijos finalmente se reunieron con él en Estados Unidos a finales de 2019 después de que USCIS aprobara su petición de asilado.
“Mi hija era un bebé cuando me encarcelaron, y cuando fui liberado, no me recordaba. Me vi obligado a abandonar el país para salvar mi vida mientras mi esposa estaba embarazada. Mis dos hijos más pequeños no recordaban que hubiera vivido con ellos en Bangladesh”, relató Syed.
Los Estados Unidos, como la mayoría de las naciones, rige su política de asilo sobre la base de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, que establece taxativamente las razones por las que debe concederse el asilo.
Las leyes migratorias estadounidenses contemplan que puede solicitar asilo cualquier persona que teme, con fundamento, ser perseguida o ya ha sufrido persecución por razón de su raza, nacionalidad, religión, opinión política o por pertenecer a un determinado grupo social.
En esa categoría entró Brian Chacón y su esposa en 2016, cuando ambos salieron de Venezuela debido a las amenazas de muerte y extorsión que estaban viviendo por parte de policías corruptos. Desde entonces están esperando respuesta a su caso de asilo.
“Yo quiero que me entrevisten de una vez porque mi caso es real, sustentado, y es de carácter público. A los empresarios en Venezuela nos acosaron y culparon de las desgracias del país cuando era el gobierno de Nicolás Maduro el verdadero responsable”, expresó Chacón, quien era un comerciante de artículos de aseo.
Él teme que los agentes de inmigración caigan en la idea de una falsa normalidad en Venezuela, luego de que su caso tiene más de cinco años de espera, y sea rechazado porque el tiempo corrió.
“Al contrario de lo que muchos creen, ahora todo está comprado por la corrupción en Venezuela, hay una falsa normalidad”, agregó el comerciante, quien en 2020 se convirtió finalmente en padre de una niña luego de que su esposa perdiera varios embarazos.
“Yo no iría a Venezuela con mi hija, menos siendo ella una ciudadana americana. Allá hay un totalitarismo. Ella nació en libertad y merece crecer en libertad”, confesó Chacón al teléfono desde su casa en Miami.
Pocas semanas después de asumir la presidencia, Biden y los legisladores del partido demócrata que controlan el Congreso presentaron una reforma migratoria que incluye un proceso de ocho años para naturalizar a los 11 millones de personas que se estiman viven el país sin documentos en regla.
La medida, sin embargo, fue bloqueada por los republicanos y en el Senado hay discrepancias, incluso entre demócratas, para aprobar este plan.