Funcionarios corruptos de los cuerpos de seguridad de Venezuela han tomado las riendas del mercado ilegal de armas y municiones para surtir a las bandas del crimen organizado local, un negocio que también se ha dolarizado al fragor de la crisis que sacude el país, revela una investigación del Proyecto Itempnews.
En enero de este año, al oeste de Caracas, los vecinos de una barriada popular conocida como La Cota 905, vivieron uno de los espectáculos más cruentos de la criminalidad en la capital de Venezuela.
Una banda de delincuentes de al menos 300 hombres en armas, liderados por Carlos Luis Revette, alias “El Koki”, el delincuente más perseguido del país, empezó a mostrar su poder de fuego sin recato y miedo.
“El Koki” -como lo conoce el país-, está desde 2015 en la mira de la Policía Científica venezolana por una sucesión de delitos de robo y homicidio, ignorando cuál es su peor felonía a cuesta. Lo único que saben de él es que su figura se ha hecho ubicua, intangible, poderosa.
Desde esa montaña urbanizada cundida de ranchos (como se llama en Venezuela a las viviendas de los pobres construidas en los cerros) los delincuentes aplican sus códigos de conducta y normas morales a la vida civil, que deben ser acatadas por todos los habitantes de la zona como regla de supervivencia.
La Cota 905 es estratégica porque desde allí se observa parte del valle de Caracas con sus colinas, árboles, quebradas y geografía irregular cubierta de edificios residenciales, torres empresariales, terrenos baldíos, autopistas, y los principales comandos de los cuerpos policiales y de seguridad.
Un panorama perfecto para el control absoluto de una zona donde, además, se concentra una buena parte del comercio que mueve la pequeña economía que aún subsiste en el empobrecido país suramericano.
Hubo días en enero, donde el ruido de las detonaciones era cada vez más estridente, porque la mayoría de las armas eran de alto calibre, una melodía que forma parte del coro nocturno de una ciudad habituada al caos donde los delincuentes no disimulan en exponer su poder de fuego a diario y a veces por largas horas.
Para muchos habitantes del sector huir de su vivienda era más importante que seguir soportando el cerco que imponía el crimen organizado o, peor aún, ser víctima de alguna bala perdida capaz de herir o matar sin que existiese responsable alguno.
Mientras los tiroteos eran reiterados y con mayor fuerza, algunas veces atacando vehículos policiales y con asaltos a transeúntes, no había respuesta policial que permitiera dar un respiro a los habitantes del oeste de Caracas.
Los criminales se grababan en videos colgados en YouTube exponiendo sus fusiles de asalto, pistolas automáticas, lanzacohetes y hasta bazucas, que son armas de guerra exclusivas de las fuerzas militares.
Además, en redes sociales compartían imágenes y videos donde maniobraban un dron para sobrevolar la zona y vigilar los movimientos de las policías. No podían permitir que ingresaran. Si alguno osaba pisar su territorio, era atacado a balas sin piedad alguna.
¿De dónde viene ese poder?
El uso indiscriminado de armas de guerra y el masivo gasto de municiones asombra enormemente a los caraqueños, más allá de sembrarles terror. La pregunta que simple corre entre cualquier residente es quién provee a estos grupos criminales de toda esta maquinaria de guerra.
El Gobierno vinculó la situación a grupos paramilitares colombianos que, supuestamente, con apoyo de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, quería sembrar el caos en Caracas.
“No cabe duda que grupos paramilitares armaban y financiaban a las bandas que operaban en la Cota 905 y sus alrededores, para generar violencia y desencadenar una guerra civil. Un verdadero arsenal de guerra ha sido incautado durante la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro”, declaró el 12 de julio la ministro del Interior Carmen Meléndez, mientras transmitía por televisión el basar de armas decomisadas.
Continuaremos trabajando el tiempo que sea necesario para liberar a las parroquias afectadas, articulando con la Autoridad Única, los organismos de Seguridad Ciudadana y la colectividad. No descansaremos hasta encontrar a todos los terroristas que atemorizaban a nuestro pueblo pic.twitter.com/uKhGmlI8wN
— Carmen Meléndez (@gestionperfecta) July 12, 2021
La investigación del Proyecto ITEMP se centró en conocer desde la propia voz de algunos miembros de esta red de venta ilegal de armas y municiones a las bandas organizadas de Venezuela, cómo está estructurado este negocio lucrativo con detalles que no se han revelado previamente.
Ellos son, sin más, funcionarios policiales y militares de los propios cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Aunque no podemos identificarlos por sus nombres, ni apellidos, rangos o componente, sí ahondamos en los detalles ofrecidos para entender la complejidad de esta industria de abastecimiento al servicio del crimen organizado.
“Puedo tomar mi teléfono y hacer una llamada para pedir la cantidad de balas que necesitas, hoy mismo si lo deseas. Ese ese el negocio, concretamos el pago y entregamos la mercancía”, reveló uno de los oficiales que forma parte de la red y que habló con el Proyecto Itemp con la condición de no revelar su identidad debido a la naturaleza sensible de los hechos.
Tres meses después de la muerte del presidente Hugo Chávez, su recién electo sucesor en el cargo, el presidente Nicolás Maduro, promulgó el 17 de junio de 2013 la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones con el objetivo de aplacar la creciente inseguridad que mantenía al país sometido al crimen.
El objetivo de la ley, según su artículo primero, es “normar, regular y fiscalizar el porte, tenencia, posesión, uso, registro, fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, importación, exportación, tránsito y transporte de todo tipo de armas, municiones, accesorios, partes y componentes…”
Los 125 apartados que componen la legislación parecen letra muerta en una nación donde la venta ilegal de armas y municiones se volvió regla de oro para oficiales corruptos de los cuerpos de seguridad que se enriquecen a merced de la inseguridad y anarquía.
Adscrita al Ministerio de la Defensa, la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) es la encargada de fabricar, almacenar y distribuir las municiones de armas en todo el territorio nacional, para civiles y los componentes de las fuerzas armadas y policiales del país.
El Gobierno estadounidense sancionó a esta entidad en febrero de 2013 por la supuesta venta de armamento y tecnología militar a Irán, Corea del Norte o Siria en virtud de su Ley de No Proliferación de Armas, pero esto no afectó las operaciones de Cavim porque desde 2006 ya pesaba sobre Venezuela un embargo militar de Washington que forzó a Chávez a buscar otros mercados para adquisiciones.
En Venezuela Cavim trabaja en coordinación con la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), según la ley, encargada de recibir, almacenar, distribuir, asignar armas, municiones, explosivos y sustancias químicas, en todo el país, como una entidad de rango militar adscrita al Ministerio de la Defensa.
Desde las dependencias del DAEX donde quedan en resguardo los parques de armas y municiones, tanto lícitas como ilegales decomisadas por las autoridades a lo largo de operaciones especiales, están saliendo partes de las provisiones que son vendidas a las bandas delictivas en Caracas, según los testimonios de tres de los funcionarios integrantes de la red que fueron entrevistados por el Proyecto Itemp.
“Un Mayor (rango militar del funcionario) es el encargado de despachar las cajas de balas, preparar el traslado y la entrega. Nosotros solo servimos de puente para concretar la venta”, explicó el uniformado.
Las municiones están empacadas en cajas de madera que contienen mil unidades del calibre solicitado, agregó la fuente.
“Allí hay desde el .9 mm hasta el .7,62 mm que es uno de los más vendidos”, relató el testigo.
De acuerdo con las versiones de los tres entrevistados, el valor de cada munición ilegal para armas automáticas calibre .9 mm es de un dólar estadounidense.
La de mayor calibre, usados para los distintos fusiles como el .7.62 mm y el .5.56 mm se cotiza en dos dólares por unidad. Cuando las compras se hacen al mayor, el cliente obtiene “un descuento” de al menos 0,5 centavos de dólar por bala, dijo uno de los entrevistados.
Es decir, que, si el líder de una banda criminal de Caracas adquiere una caja de mil municiones, debe pagar al funcionario mil dólares en efectivo. A esto se suma una especie de servicio por seguridad y flete por traslado, que puede alcanzar los trescientos dólares adicionales.
En total, el oficial recibirá un pago de 1,300 dólares que debe distribuir entre los eslabones de la cadena ilegal de venta y distribución. En su bolsillo quedan fácilmente entre 300 y 500 dólares de ganancias, siempre dependiendo de la transacción y las personas implicadas en la venta.
Para un país donde el salario de un oficial militar de rango medio ronda los siete dólares mensuales y una inflación anualizada de hasta 1000% rompe cualquier estructura de costo, los dividendos en torno a este negocio multiplican con creces la paga promedio de los funcionarios gubernamentales, convirtiendo a las bandas criminales en los mejores patrones del país.
La oficina del director general del DAEX, general Jesús Antonio Carrera Mora, no respondió a las llamadas en busca de una versión sobre este trabajo.
Fragilidad
El comercio ilegal de las municiones representa el hoyo profundo de la corrupción que, al mismo tiempo, mantiene y financia a las bandas crimínales de un país con una de las tasas de violencia más altas de América Latina.
En el año 2020, con una pandemia haciendo estragos y el país prácticamente paralizado, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) contabilizó 45,6 muertes por cada 100 mil habitantes. Una de las más altas del mundo.
En la memoria de los venezolanos están las imágenes transmitidas por la televisión en julio pasado cuando los policías allanaron los antiguos fortines de la banda criminal de “El Koki” y mostraban las grandes cantidades de municiones almacenadas en contenedores plásticos como granos de maíz.
Para el criminólogo y experto en seguridad, Luis Izquiel, la corrupción forma parte de las policías del país.
“Todo lo referente al uso, distribución y almacenamiento de armas y municiones es responsabilidad del Estado, la Fuerza Armada Nacional debe custodiar cada procedimiento en relación con este tema”, subrayó el también profesor universitario.
Las “Normas para el Funcionamiento del Parque de Armas” establecidas por el Ministerio de la Defensa venezolano tiene veinte reglas de seguridad para la custodia de armamentos y municiones, pero la realidad evidencia que su cumplimiento es defectuoso.
Todos los organismos de seguridad del Estado, que incluye a militares y policías, deben “elaborar el Libro de Control de Entrada y Salida de Armamento, y el Libro de Entrada y Salida de la Munición; los cuales deben tener hoja de apertura y debidamente sellados por la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, dice la norma en vigencia desde 2013.
Según las conclusiones de estudio del señor Izquiel, en Venezuela existen tres elementos claves cuando se habla de la venta ilegal de armas y municiones.
Primero, la corrupción y negligencia en los parques de armas militares y policiales del país, de donde sale un grueso de la mercancía que es vendida en los sectores populares.
El contrabando terrestre desde Colombia es el segundo punto, ya que existen mafias organizadas al servicio de narcotraficantes que ingresan al país cargamentos ilegales bajo la tutela de los funcionarios militares venezolanos.
El tercer punto, no menos delicado, se refiere al contrabando ilegal por barcos y aviones privados que arriban a territorio nacional con la venia de la Fuerza Armada, que es la autoridad que custodia todos los puertos de entrada a Venezuela.
“Son puntos claves que nos permiten entender el porqué de un negocio ilícito y lucrativo para un grupo de funcionarios que debería velar por la seguridad de la nación. Si ellos son los principales agentes de contención del contrabando, pero a la vez forman parte de una red ilegal, estamos muy lejos de ser un país con altos estándares de seguridad”, advirtió Izquiel.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) no respondió a una solicitud de información sobre estadísticas de decomisos ejecutados en relación con bienes enviados a Venezuela, incluyendo armas, desde los puertos del país.
Agentes de la CBP interceptaron en agosto de 2020 en Florida un avión privado con destino a Venezuela cargado con 82 armas de fuego, además de 63.000 cartuchos de municiones, lo que desató especulaciones sobre quiénes eran los propietarios del arsenal.
Entre las armadas halladas durante la operación, detalló un comunicado, estaba un rifle de francotirador Barrett calibre .50 y 18 rifles, además de un supresor de arma de fuego y un chaleco antibalas. El Departamento de Justicia mantiene desde el inicio del caso la información sellada y no ha trascendido detalles clave sobre el destino final de la mercancía.
No está claro por qué se compraron las armas ni quién las financió, pero tanto la oposición venezolana como el régimen socialista de Maduro se culpan entre sí de este escándalo que no ha hecho más que elevar les tensiones entre EEUU y Venezuela.
“Gran parte del armamento incautado en Caracas proviene de Estados Unidos y Colombia. Claramente, un grupo de paramilitares estaba armando, financiando y preparando a las bandas delincuenciales para acciones terroristas contra la población civil”, denunció Maduro en julio pasado luego de las las redadas en la Cota 905.
Poder del tráfico ilegal
El Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego, 2020 de Naciones Unidas, destacó que el tráfico por tierra sigue siendo el método de comercio transfronterizo más común, y representa cerca de dos tercios del total en todo el mundo.
“En cuanto al precio del armamento y munición, habría muchos factores de mercado involucrados, incluida la disponibilidad general o la dificultad de obtener las armas, si el comercio ilícito está bien establecido o no, los niveles de corrupción”, dijo Patrick Wilcken, un prominente investigador sobre control de armas en Amnistía Internacional.
Las intercepciones en embarcaciones representaron solo cerca del 6% de todos los casos en aduanas, aunque constituyen el 33% del número total de armas de fuego incautadas por las aduanas.
El criminólogo Izquiel destaca que cuando se hacen incautaciones de armas y municiones en operativos de seguridad, y todos esos implementos son mostrados a los medios de comunicación, “no hay investigaciones abiertas ni seguimiento que nos permita conocer qué pasó con todo ese arsenal despojado a las bandas criminales”.
“Es un círculo vicioso que favorece al crimen organizado, y si no existen políticas que ataquen los problemas sociales, se mejore la operatividad de los cuerpos policiales, se reestructure el sistema de justicia y penitenciario, y no se elimine la impunidad, seguiremos padeciendo como sociedad el ataque del crimen organizado”, añadió Izquiel.
Cómo funciona al interior este círculo mafioso es lo que explicaron los funcionarios que participan de esta red de venta ilegal en varias entrevistas con ITEMP. Dejan claro que ellos se convierten en “juez y parte” de un mercado ilegal que les genera ganancias, conscientes de los riesgos a cuesta.
“Antes, las policías tenían incentivos para nosotros cuando hacíamos procedimientos y lográbamos incautar armas en la calle. Por ejemplo, nos daban un bono que equivalía al doble del costo de esa arma incautada. Por eso salíamos a la calle a capturar delincuentes y lograr que tuviera un armamento. Eso nos permitía ganar más dinero en nuestro sueldo. Pero todo eso se vino al piso con la situación económica del país y la dolarización. Ningún cuerpo policial va a pagar de incentivo el doble de lo que cuesta una pistola en el mercado negro, y mucho menos en dólares”, explicó un funcionario entrevistado cuya identidad no puede relevarse.
Para muchos agentes de seguridad la situación país los llevó a formar parte de ese entramado corrupto que practica cada día la ilegalidad para obtener dólares estadounidenses, cuando el Bolívar, la moneda oficial de Venezuela, no tiene ningún valor real en el mercado.
Muchos policías incautan armamento ilegal que luego venden a los delincuentes, y tiempo después se lo arrebatan nuevamente, y el ciclo vuelve a repetirse, según el testimonio del funcionario.
“Es como jugar a la ruleta, hoy te vendo un arma que mañana te voy a quitar para venderte de nuevo. Es el efecto de ganar y ganar”, describe uno de ellos.
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el precio de la compra de armas de fuego en el mercado ilegal suele ser considerablemente más alto que en la esfera lícita, ya que refleja los riesgos adicionales y la especulación que conlleva el mercado ilegal.
Sin embargo, la excepción se da en América Latina y el Caribe, donde los precios de las armas de fuego ilícitas fueron inferiores a los precios en el mercado lícito.
Esto indica que hay una amplia disponibilidad de armas de fuego en el mercado ilícito, advirtió la UNODC en su informe mundial sobre tráfico de armas de 2020.
Sin duda, los costos del armamento de guerra son elevados. Pero las bandas del crimen organizado tienen liquidez necesaria para obtener la cantidad que se les antoje.
En el mercado ilegal venezolano un arma calibre .9 mm marca Glock o Beretta PX4 tiene un costo de entre 800 y 1000 dólares, un fusil AR-15 está valorado en 3,500 dólares, lo mismo cuesta un fusil AK-103 o el AK-47, según el testimonio de tres oficiales entrevistados.
Las granadas cambian de precio según su capacidad. Una granada fragmentaria de explosión masiva se cotiza en 800 dólares, y las de humo y aturdidoras pueden oscilar entre 400 y 600 dólares, dijeron las fuentes.
“En el mercado ilegal venezolano un arma calibre .9mm marca Glock o Beretta PX4 tiene un costo de entre 800 y 1000 dólares”
Traficante de armas
Definir el costo de un arma en el mercado negro de cada nación es irrelevante conforme cada país tiene distintas formas de manejar el negocio.
Según los expertos del estadounidense Foro sobre el Comercio de Armas “realmente no hay un precio promedio para las armas y municiones; varía significativamente según el estado legal del arma en particular (es decir, si la propiedad civil es legal o ilegal en un país determinado)”.
“Incluso en los casos en que la propiedad civil es legal, aún puede variar de un país a otro y con el tiempo. En resumen, no hay una respuesta sencilla”, dijeron los especialistas de esta organización tras una consulta de ITEMP.
Javier Ignacio Mayorca, criminólogo y reputado periodista venezolano experto en temas militares, resaltó que el crimen organizado se jacta de proveerse de municiones producto del negocio con funcionarios.
“Es mucho más lucrativo el comercio de balas en este país porque las armas ya están, y el uso de proyectiles para enfrentarse con los organismos del Estado y con bandas enemigas se ha vuelto indiscriminado. En Venezuela hay más balas que delincuentes y no hay medida para gastarlas, por el contrario, eso le da cierto estatus a la organización criminal porque le permite mostrar el gran poder de fuego que tiene, y eso pone en alerta a los enemigos”, refirió Mayorca.
“Mientras exista una línea de despacho y venta ilegal con funcionarios, estamos lejos de acabar con este flagelo de la criminalidad”, anotó el criminólogo y periodista.
Poder descontrolado
La muestra del uso indiscriminado de proyectiles también deja en evidencia el mercado criminal que permite a las bandas organizadas obtener el dinero necesario para abastecer sus anaqueles.
Los delincuentes se dedican a la extorsión de comerciantes, al secuestro, al robo de vehículos y venta de drogas para generar ganancias que, más allá de cubrir ciertos lujos de vida, les permite comprar al mayor todas las municiones e implementos de guerra que utilizan.
Las cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) de 2020 son alarmantes cuando de muertes violentas se habla.
Según el informe, el año pasado el OVV contabilizó 11.891 personas fallecidas por causas violentas en Venezuela. De ese total, 8,300 perdieron la vida por impactos de bala, ya sea en enfrentamientos entre bandas o con policías, por robo o venganza.
En promedio cada víctima recibió, al menos, dos impactos de bala, dice el texto, lo que demuestra que se usaron 18,600 proyectiles, la mayoría de calibre .9 mm. Esto deriva en un resultado macabro, donde la vida de un venezolano costó, en promedio, dos dólares.
De forma general, más del 50% de los homicidios que se producen cada año en el mundo se llevan a cabo con un arma de fuego. Su disponibilidad está vinculada a la tasa de homicidios: un aumento de la tasa de tenencia de armas de fuego en un país suele ir acompañado de un aumento de la cifra de homicidios, de acuerdo con la ONU.
Los delincuentes que exhiben su poder de fuego de modo exagerado, sin medir daños, tienen problemas cognitivos severos por múltiples factores.
Títeres del mal
El especialista en pensamientos criminales y estudioso del cerebro humano, Luis Bravo, destacó que los integrantes de una banda delictiva son por lo general jóvenes entre 17 y 25 años que vienen de familias disfuncionales y tienen fácil acceso a las drogas y violencia.
“Muchos de estos jóvenes cumplen roles que no les corresponden y sufren daños cerebrales que derivan en alteraciones cognitivas, que dan paso directo a la violencia. Presentan fallas emocionales y morales, que les permite causar daños sin ningún tipo de remordimiento. La mente criminal muestra aspectos extremos del ser humano”, dijo Bravo.
Esa conducta la demuestran abiertamente estos jóvenes en redes sociales cuando atacan vehículos policiales y disparan en ráfagas contra cualquier objetivo sin piedad. Existen muchas evidencias audiovisuales que muestran a criminales disfrutar de sus ataques.
“Son individuos sin control de su propia vida, donde los líderes se aprovechan de la inmadurez de muchos jóvenes para usarlos y controlarlos a conveniencia. Es un efecto cerebral que aumenta el placer por causar mal a los demás y por ende las conductas agresivas”, subrayó Bravo.
Los venezolanos siguen viviendo sobre una bomba de tiempo, donde los policías y los crimínales se dan la mano, se sientan en la misma mesa y hacen negocios que les permite mejorar su calidad de vida momentáneamente.
Entre 2003 y 2020 las autoridades venezolanas destruyeron más de 521 mil armas de fuego, mostró un reporte del Ministerio del Interior. Solo en octubre de 2020 se inutilizaron más de 18,500 armas de fuego incautadas por los cuerpos de seguridad en diferentes procedimientos, dijo la misma fuente.
Para los expertos que durante años han debatido sobre la criminalidad en Venezuela y en un contexto global de lucha contra las armas, los negocios ilícitos seguirán hasta que la voluntad de cambio se imponga con la mayor fuerza y las leyes se cumplan.
La problemática de las armas de fuego ha sido abordada en las últimas dos décadas a través de legislaciones internacionales impulsadas por Naciones Unidas. Normas y tratados a los que Venezuela se ha suscrito, creando al mismo tiempo, leyes internas que en la práctica no se cumplen.
Mientras los policías vean como un negocio la reventa de armas y municiones confiscadas al servicio de criminales, y el Gobierno no ataje de frente la problemática estructural, el circulo vicioso entre mafias y poder continuará alimentando la industria de la violencia que mantiene a los venezolanos sometidos a los dictámenes de un cuarteto de hampones.
Frank López Ballesteros contribuyó con información desde Miami
Actualización: El comentario de Patrick Wilcken, un experto en control de armas, fue agregado luego de que respondiera a una solicitud de información.
