Queda por ver si la desclasificación de documentos solicitada por el presidente Joe Biden, permitirá aclarar el rol que tuvo Arabia Saudita en la conducción y preparación de los ataques terroristas
Actualizada 8/1/2022
El 11 de septiembre de 2001 no solo transformó la manera en que los Estados Unidos de América se veía a sí misma como nación, sociedad y potencia líder del mundo libre, porque la magnitud con la cual ocurrieron los atentados terroristas aquella mañana fracturó el imaginario colectivo de lo que es real e inaudito al mismo tiempo.
Fueron tantas las interrogantes que surgieron luego de los ataques terroristas al World Trade Center y el Pentágono, que el interés por obtener respuestas al más pequeño de los detalles ha permitido a lo largo de dos décadas armar un rompecabezas donde aún hay pequeños elementos que siguen siendo vitales ensamblar.
La Comisión del 11-S, como se llamó al equipo creado en 2002 por el Congreso para investigar las causas de lo ocurrido, admitió que los atentando en sí “fueron un shock, pero no una sorpresa”, porque “los extremistas islámicos habían avisado con mucha antelación su intención de matar a los estadounidenses de forma indiscriminada y en gran número”.
Veinte años después, con dos guerras acuestas como consecuencia, miles de vidas perdidas y millones de dólares desperdiciados, los estadounidenses saben que el líder de la red terrorista Al Qaida, Osama Bin Laden, fue el impulsor de los ataques; conocen también las razones que lo llevaron a esto, cómo se concibieron los atentados. Incluso, son conscientes de que una falla de la comunidad de inteligencia por el celo entre agencias dio paso a todo lo ocurrido.
Pero el propio Informe de la Comisión del 11-S, un mastodóntico documento de 585 páginas, deja claro sus dudas de si los agentes de Al Qaida que participaron en los atentados llegaron a Estados Unidos gracias a una red de cómplices dentro del país que les hizo todo más fácil.
Esto es lo que aún falta por dilucidar: a través de quién, cómo y de qué forma dentro del país los organizadores se escabulleron para armar parte de la trama que dio pie a los actos terroristas. Allí entra la pregunta, inclusive, de dónde provino el dinero para perpetrar los atentados.
La ejecución del 11-S costó entre 400 mil y 500 mil dólares. Los organizadores gastaron más de 270 mil dólares en Estados Unidos en todo lo que significó el operativo, reveló el informe de la Comisión.
Pero hasta 2004, cuando se entregó el reporte, y a 20 años de la tragedia, la interrogante es la misma: “no hemos podido determinar el origen del dinero utilizado para los atentados”.
De acuerdo con el informe, el egipcio más importante en el círculo de Bin Laden era un médico cirujano, Ayman al- Zawahiri, que dirigía una fuerte facción de la Yihad Islámica Egipcia.
Al-Zawahiri se convirtió en el máximo líder de Al Qaida tras la muerte de Bin Laden, en una operación de las fuerzas estadounidenses, en mayo de 2011.
Zawahiri liquidado
El presidente Joe Biden anunció el 1 de agosto de 2022 que Al-Zawahri murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Kabul, una operación que, según dijo, brindó justicia y, con suerte, “una medida más de cierre” para las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos, de acuerdo con Associated Press.
Biden emitió una advertencia a Al Qaida y otros grupos terroristas de todo el mundo, diciendo que Estados Unidos “siempre hará lo que sea necesario” para garantizar la seguridad de los estadounidenses.
El suceso se produce casi un año después de que el país se retirara de Afganistán.
“A aquellos en todo el mundo que continúan tratando de dañar a los Estados Unidos, escúchenme ahora: siempre permaneceremos atentos, actuaremos y siempre haremos lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los estadounidenses en casa y en todo el mundo”, dijo Biden en declaraciones desde la Casa Blanca.
El propio informe de la Comisión del 11-S recordó que, en febrero de 1998, el exiliado saudita de 40 años Osama Bin Ladin y Al-Zawahiri, lograron desde su refugio afgano que un periódico árabe en Londres publicara lo que llamaron una fatwa emitida en nombre de un ” Frente Islámico Mundial”.
Una fatwa es normalmente una interpretación de la ley islámica por parte de una autoridad islámica respetada, pero ni Bin Ladin, Zawahiri ni los otros tres que firmaron esta declaración eran estudiosos de la ley islámica.
Afirmando que Estados Unidos había declarado la guerra contra Dios y su mensajero, pedían el asesinato de cualquier estadounidense, en cualquier parte de la tierra, como el “deber individual de todo musulmán que pueda hacerlo en cualquier país en el que sea posible hacerlo”.
Las dudas
Los autores del reporte de la Comisión del 11-S admitieron también que “las pruebas (sobre la colaboración interna) son escasas: simplemente no existen en algunos casos, y son preocupantes en otros”.
A medida que se acerca el vigésimo aniversario del 11 de septiembre, los estadounidenses, y en especial los familiares de las 2,977 víctimas del ataque, están forzando por tener una radiografía más exacta de lo que el gobierno sabe al respecto, en especial, si la familia real de Arabia Saudita colaboró de antemano con los terroristas.
“Quedan dudas sobre los vínculos entre los operativos de Al Qaida y las instituciones religiosas sauditas. Los clérigos sauditas operaban con considerable autonomía antes del 11 de septiembre, propagando la doctrina conservadora wahabí del reino en todo el mundo con generosos fondos del estado. También apoyaron a varias organizaciones benéficas vinculadas a Al Qaida y otros grupos militantes islamistas”, escribióel reportero y experto en seguridad nacional Tim Golden en una historia sobre este caso en Propublica.
Lo complejo
Y es que la relación entre estadounidenses y saudíes ha sido durante años un matrimonio de conveniencia tormentoso en el que ambas partes reconocen la necesidad de tenerse, a pesar de las poderosas diferencias entre sí.
Por esta razón, con la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Binde el 3 de septiembre, solicitando al Departamento de Justicia la revisión, desclasificación y divulgación de documentos vinculados con las investigaciones del 11-S, lo que puede venir por delante es un punto de inflexión. O simplemente nada.
La orden ejecutiva requiere que el fiscal general Merrick Garland dé a conocer los documentos desclasificados públicamente durante los próximos seis meses, con la salvedad de que el material que siga siendo vital mantener en secreto, seguirá bajo resguardo en consonancia con la seguridad nacional.
Para Terry Strada, esposa de una de las víctimas de los ataques en Nueva York al World Trade Center, “después de 20 años, todavía no tenemos un informe completo del 11 de septiembre”.
“Sabemos que el gobierno de los EEUU tiene en su poder documentos vitales para las investigaciones del Reino de Arabia Saudita por el papel que desempeñaron al brindar un apoyo monetario y logístico sustancial a algunos, sino a todos, los 19 secuestradores”, advirtió Terry al Proyecto ITEMP.
La señora Strada es la presidenta del “Grupo de Familias y Sobrevivientes Unidos por la Justicia contra el Terrorismo del 11-S”, que representa a más de 10,000 personas afectadas por los ataques, y ha sido la voz más fuerte durante años para exigir transparencia al gobierno sobre lo ocurrido.
“Necesitamos que todos los documentos se publiquen en la mayor medida posible, especialmente con lo que está sucediendo en Afganistán. Con los talibanes nuevamente en control, Al Qaeda no tardará en tomar refugio allí una vez más, y ambos volverán a sus patrocinadores, es decir, al Reino en busca de financiación”, dijo.
En agosto pasado, cuando el colectivo advirtió al presidente Biden con no aceptarían su presencia en los actos conmemorativos por los 20 años del ataque, las familias se mantuvieron firme en señalar el papel estelar de los saudíes en la trama.
“Desde la conclusión de la Comisión del 11-S en 2004, se han descubierto muchas pruebas de investigación que implican a funcionarios del gobierno saudí en el apoyo a los ataques”, citaba el comunicado.
En 2017 el colectivo que preside Strada demandó en un tribunal de distrito federal en Nueva York a Arabia Saudita por complicidad, y las familias han presionado a cuatro presidentes estadounidenses, sin éxito, para que divulguen más información sobre la posible participación de esta rica nación petrolera en la financiación de los ataques.
Entre los documentos que busca el grupo se encuentran las pruebas de apoyo encontradas durante una investigación generalizada del FBI sobre los ataques que examinaron presuntos vínculos con Arabia Saudita y se completó en 2016.
La tesis saudí tomó fuerza entre muchos por dos hechos particulares: Bin Laden era de origen saudí y 17 de los 19 conspiradores que estrellaron los aviones eran también de esta nacionalidad.
Sin embargo, León Panetta, exsecretario de Defensa y exdirector de la CIA durante la administración Obama, no cree que “haya nada dramáticamente sorprendente en la información que se dará a conocer” tras la orden del presidente Biden, dijo en una entrevista con ITEMP.
“Sabemos mucho sobre Al Qaeda y Bin Laden. Y cómo armaron la planificación para el ataque del 11-S, yo creo que lo que puede ser interesante es quizás el papel que jugaron otros países en brindarle algún apoyo o por su capacidad para poder hacer algunas de las cosas que lo hizo como terrorista. Así que eso podría ser interesante, pero no creo que sea información nueva”, agregó Panetta.
Aunque el propio Osama Bin Laden no surgiría como un riesgo significativo hasta finales de los años 90 del siglo XX, la amenaza del terrorismo islamista creció a lo largo de la década.
“Sospecho que probablemente la información más interesante sea con respecto al papel de Arabia Saudí, ya que ese era el hogar de Bin Laden. Su familia es de Arabia Saudí”, dijo el exfuncionario.
Esta historia fue actualizada el 1 de agosto de 2022 para informar sobre la muerte de Ayman al-Zawahri en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses.
