Extraditado el 16 de octubre a Estados Unidos, hasta el momento el caso del empresario colombiano Alex Saab -protegido del líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro-, tiene acusaciones selladas contra al menos dos docenas de personas que se lucraron por medio de él en supuestas operaciones de fraude y pago de sobornos.
La mañana en que Alex Saab despertó por primera vez en una prisión federal estadounidense, su desayuno fue austero.
Dos huevos hervidos, un plato de sémola de maíz (buttery grits) una rebanada de pan blanco, una fruta y una taza de café. Era domingo 17 de octubre de 2021, siete de la mañana como hora obligatoria para comer.
Su celda estaba en una zona de aislamiento, se conoce Special Housing Unit, donde por regla general los nuevos prisioneros son apartados hasta completar las evaluaciones médicas y conocer las orientaciones del sistema penitenciario.
En algunas situaciones, por la relevancia del caso a juzgar, el reo permanecerá custodiado en esa área por seguridad hasta que sea sentenciado.
“Cada recluso es entrevistado y examinado por el personal de las unidades de administración de casos, médica y de salud mental. Más tarde, un preso es asignado al Programa de Admisión y Orientación, donde recibe una charla formal sobre los programas, servicios, políticas y procedimientos de esa instalación”, dijo Randilee Giamusso, un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.
Como todas las cárceles federales a lo largo de la nación, Saab deberá acostumbrarse a un clima casi gélido, porque los aires acondicionados trabajan al máximo para evitar la propagación de bacterias y virus entre los centenares de reclusos.
No hay ventanas con vista al exterior, y mucho menos entrada de sol.
El lugar de reclución asignado fue el Centro Federal de Deteción de Miami (FDC-Miami, en inglés) porque está adyacente a la corte donde se hacen las primeras comparecencias.
En adelante, como establecen las reglas del Departamento de Correcciones de la Florida, el desayuno, almuerzo y cena del preso será a la misma hora y el menú apenas variará en el tipo de proteína, bebida y postre, que sin importar quién sea el recluso o lo que hizo, será igual cada día, semana, y mes, hasta el último momento que Saab se halle tras las rejas.
Si hay un ápice de socialismo en los Estados Unidos, las cárceles pueden ser un exponente de ese modelo: allí adentro se práctica una igualdad hacia los convictos donde los privilegios están abolidos.
El desafío, a costa de ese régimen, es sobrellevar el enclaustramiento entre cuatro paredes de colores pasteles, robustas rejas de acero y la melodía estridente de decenas de llaves que se golpean entre sí a medida que los guardias deambulan el recinto a cualquier hora.
Los Estados Unidos logró el pasado 18 de octubre la extradición desde la república africana de Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, acusado de operar al servicio del Gobierno de Venezuela, aunque a la vista de los fiscales, ha sido sobre todo un gestor vital del aparato de corrupción personal en torno al líder autoritario venezolano, Nicolás Maduro.
La acusación contra el empresario colombiano, de 49 años, incluye ocho cargos, entre ellos, lavado de dinero por unos 350 millones de dólares, donde Saab junto con otro socio, también colombiano, Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas, estafaron al Estado venezolano a través de diversos esquemas.
Los expedientes en la Corte de Distrito Sur de la Florida, donde comenzaron las investigaciones, dicen que ambos empresarios presentaron documentos de importación falsos y fraudulentos para artículos y materiales que nunca llegaron a Venezuela y sobornaron a funcionarios públicos con el fin de aprobarlos.
También se afirma que se “llevaron a cabo en Miami reuniones para coordinar los pagos de sobornos y que Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con este mecanismo a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida” lo que dio facultad al gobierno estadounidense de actuar contra ellos.
El Departamento del Tesoro sancionó a Saab en 2019, acusándolo de ser un “especulador” que se enriqueció a través de los contratos con sobreprecio del programa estatal de distribución de alimentos CLAP para las familias más vulnerables de Venezuela.
Desafío
El Departamento de Justicia se adentra ahora en una etapa clave, quizá la más compleja en el ecosistema del proceso penal federal estadounidense: que el acusado se declare culpable y comience a cooperar con los fiscales.
Desde que el gobierno comenzó a procesar y arrestar a exfuncionarios de Venezuela e individuos vinculados a esquemas de corrupción y sobornos en esa otrora rica nación petrolera, solo dos han ido a juicio y no se declararon culpables.
Los sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, recibieron sentencia de 18 años de cárcel por una corte federal de Manhattan en julio de 2017, tras ser hallados culpables por conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos. Se habían declarado inocentes de los cargos imputados.
A simple vista la extradición de Saab consuma una larga cacería de los funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley que llevan más de una década investigando a decenas de personas de Venezuela que fueron corrompidos por el embudo de corrupción.
Dos docenas y más
Meses antes de la llegada de Saab desde Cabo Verde, los fiscales comenzaron a juntar las piezas para una partida que arrancó el mismo lunes 18 de octubre cuando compareció por primera vez ante un tribunal federal de Miami.
Allí el juez a cargo, magistrado John O’Sullivan, le informó que estaba siendo acusado de ocho cargos de lavado de dinero.
Como suele ocurrir en casos donde las acusaciones implican abundante evidencia, la defensa pidió posponer la presentación para examinar el material y prepararse.
El juez fijó otra audiencia para el 1 de noviembre en la que Saab tendrá la oportunidad de declararse culpable o no culpable de los cargos.
De declararse culpable en la fiscalía deberá entregar, además de información, todo lo relacionado a sus propiedades, inversiones y cuentas bancarias.
“Hasta el momento el expediente de Saab guarda los nombres de dos docenas de personas que trabajaron o se beneficiaron a través de él en sus operaciones fraudulentas. Algunas acusaciones están selladas, pocas se hicieron públicas, pero las que están por venir son más importantes. Y no todos implicados son venezolanos”, dijo un exfuncionario de alto rango de la administración Trump que conoció detalles del caso y que son revelados por primera vez.
“Los fiscales tienen el caso del señor Saab muy bien armado, pero era fundamental su captura para lograr cerrar el círculo por el que Maduro se ha estado beneficiando”, agregó la fuente, quien pidió no revelar su identidad al no estar autorizado a compartir detalles de un proceso penal en curso.
“No hay nada de falso cuando se dice que el señor Saab es un testaferro de Maduro, porque el círculo familiar del dictador se benefició a expensas de este empresario colombiano”, admitió el exfuncionario que trabajo en conexión con la Casa Blanca hasta enero pasado.
Solo cinco días despúes de la extradición del empresario, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida reveló cargos contra cinco personas por lavado de dinero en relación con un presunto plan de soborno en el que también Saab está conectado y el programa de alimentos estatal CLAP fue el puente para cometer fraudes.
Caudal de pruebas
Las leyes estadounidense estipulan que si un acusado se declara culpable, no hay juicio, pero el siguiente paso es prepararse para una audiencia de sentencia.
Durante estas semanas, antes de la segunda presentación el primero de noviembre, la defensa del empresario tendrá por primera vez la oportunidad de revisar y examinar todas las pruebas del caso, así como detalles de la acusación que hasta ahora el propio imputado podía desconocer.
Para Richard Gregorie, fiscal retirado del Distrito Sur de Florida, esta es una de las etapas más complejas del caso.
“El primer y mayor problema es el descubrimiento. Estados Unidos debe entregar a la defensa cualquier evidencia que sea útil para el acusado. Eso significa todo el material en posesión del gobierno federal, incluido el clasificado”, explicó Gregorie, quien durante sus años en la fiscalía abrió varias acusaciones contra funcionarios venezolanos.
“Esto no podía suceder hasta que Saab fuera extraditado”, dijo exfiscal, conocido por las imputaciones contra el general panameño Manuel Antonio Noriega y capos de la droga del Cartel de Medellín.
Hasta el momento en que las pruebas sean estudiadas por los abogados del empresario, a quién Venezuela designó como diplomático y ahora considera una especie de mártir, Saab deberá decidir por sí mismo si continúa adelante en un juicio o se dispone a cooperar.
Un juicio por lavado de dinero, además de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero -uno de los cargos en su contra- podría llevar hasta un año o año y medio en la corte, de acuerdo con la práctica habitual.
De lo contrario, a medida que la cooperación inicia, en un promedio de ocho meses la sentencia puede dictarse.
Cuando el gobierno tiene un caso sólido -que parece es lo que ocurre aquí-, los fiscales pueden ofrecer al acusado un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio y tal vez reducir su exposición a una sentencia más larga, según el Departamento de Justicia.
El lavado de dinero puede acarrear cargos por delito grave con una pena máxima de hasta 20 años en prisión, aunque ninguno de los acusados en relación con Venezuela alcanzaron estas condenas tan largas.
A veces, el gobierno aceptará, como parte de un acuerdo de culpabilidad, no recomendar una sentencia mejorada (como tiempo adicional en prisión por ciertas razones), pero se deja en manos del juez determinar cómo se castigará al acusado.
Culpables
Desde 2016 Estados Unidos ha procesado o enjuiciado a unos cuarenta individuos conectados con Venezuela en casos de corrupción, soborno y lavado de dinero, según registros judiciales revisados por Itemp.
Esto es aparte de una lista extensa de 22 narcotraficantes internacionales que en la última década tuvieron alguna conexión con los círculos de poder civil y militar venezolanos y utilizaron ese país para el trasiego de drogas hacia suelo estadounidense, de acuerdo con los datos compilados por este medio.
Sobre quienes participaron en esquemas de fraude y corrupción en Venezuela, con incidencia en Estados Unidos, de los 21 casos abiertos, y los 43 implicados, todos se declararon culpables para obtener beneficios de reducción de pena, muestran los registros.
El banquero Matthias Krull, un reputado administrador patrimonial del banco suizo Julius Baer Group, fue condenado en 2018 a 10 años de prisión luego de declararse culpable, pero los fiscales valoraron su cooperación, y la sentencia fue reducida a tres años en marzo de 2021.
Krull fue una figura clave en un sofisticado esquema en el que funcionarios venezolanos y la élite adinerada desviaron dinero de la compañía petrolera estatal del país, PDVSA, y lo destinaron a activos en Europa y Estados Unidos, según los fiscales federales, como informó el Miami Herald.
Dos escapatorias para Saab
De ser condenado por la corte, Saab podría beneficiarse de al menos dos formas como lo han hecho hasta ahora otros acusados por lavado de dinero en Venezuela: en el momento de la sentencia (la moción 5K1.1) y después de la sentencia (Regla 35). En ambos casos, el gobierno debe presentar una moción para reducir la pena, según un informe de la Comisión de Sentencias.
Una moción dentro de la ley federal conocida como la Regla 35, permite la reducción de las penas para los delincuentes que cooperan con el Gobierno Federal en sus esfuerzos por investigar o enjuiciar a otros, pero en el caso del empresario colombiano dependerá de los efectos reales que deje su cooperación.
Una muestra de este beneficio lo obtuvo recientemente Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y extesorero de Venezuela, quien recibió una reducción de sentencia a menos de tres años luego de haber sido condenado a una década en prisión.
Andrade se declaró culpable en 2018 de haber participado en un esquema para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos, y su cooperación fue clave para perseguir otros escándalos de corrupción venezolano.
Tras el caso del “tuerto Andrade”, como se le conoció en su país, el arresto, extradición y eventual juicio contra Saab es el mayor proceso de Estados Unidos en contra de quienes participaron para defraudar a la nación petrolera.
Sobre todo, su valor radica en la relación que el empresario habría tejido con Maduro, su familia y aliados políticos para esquivar las sanciones estadounidenses conforme se enriquecían con dinero de la corrupción venezolana.
