Ningún otro país industrializado tiene tantos nacionales secuestrados o bajo arresto ilegal promovido por un estado, al menos públicamente, revela una investigación. La estrategia de esos gobiernos es socavar la política exterior de la Casa Blanca. Irán, China y Venezuela lideran la tabla con más estadounidenses retenidos.
Esta historia se actualizó el 19 de septiembre de 2023 para incluir novedades esenciales relacionadas con los estadounidenses detenidos ilegalmente en el extranjero.
Actualizado Octubre 1/2022 Actualizado agosto 8/2023 Actualizado septiembre 19/2023
Por circunstancias inherentes a lo que representa la influencia y los intereses de Estados Unidos en el mundo, en los últimos años se ha gestado la mayor crisis de rehenes estadounidenses en el extranjero la cual podría considerarse una de las más grandes en su tipo entre los países industrializados, muestra una investigación del Proyecto Itempnews.
Esta realidad está socavando la política exterior de la Casa Blanca cuyas últimas cuatro administraciones a menudo se mostraron débiles e ineficaces para traer de regreso a sus nacionales, a medida que el secuestro y las detenciones ilegales o injustas de ciudadanos estadounidenses se están prologando.
Hasta diciembre de 2021 al menos 51 estadounidenses estaban secuestrados por actores no estatales como organizaciones terroristas, grupos criminales, piratas o captores desconocidos, lo que incluye las detenciones ilegales o injustas patrocinados por un gobierno extranjero, de acuerdo con Cynthia Loertscher, directora de investigación de James W. Foley Legacy Foundation, una organización que nació en honor al periodista independiente asesinado en 2014 por terroristas del Estado Islámico en Siria (ISIS).
En diciembre la organización contaba 67 casos, unos 40 de ellos eran considerados detenciones ilegales o indebidas, contó Loertscher en una entrevista.
Sin embargo, la cantidad de ciudadanos estadounidenses que continúan detenidos anualmente disminuyó un 31% después del 1 de agosto de 2022. Esto se debe a la cantidad de liberaciones en 2022 (21) y antes del 31 de julio de 2023 (4). El mayor número de liberaciones de detenciones injustificadas conocidas públicamente en un año se produjo en 2022, según el informe de la fundación publicado el 15 de septiembre de 2023.
Las conclusiones del informe no incluyen la liberación de cinco estadounidenses que regresaron a casa el 19 de septiembre de 2023, como parte de un acuerdo con Irán que incluía que Estados Unidos levantara una congelación de 6.000 millones de dólares en fondos iraníes.
Roger Carstens, enviado especial del presidente para cuestiones de rehenes, dijo en julio de 2023 que su oficina maneja entre 30 y 40 casos. No está claro si se refería sólo a casos de detenidos ilegales o también a casos de rehenes. Estados Unidos considera que un prisionero estadounidense es un rehén si está retenido por un actor no estatal, como un grupo terrorista, informó CBS.
Ningún otro país industrializado al margen de Estados Unidos, incluso las potencias económicas del Grupo de los 7 (G7), que reúne a los líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, tiene tantos nacionales secuestrados o bajo arresto ilegal en el exterior en este momento, según datos recopilados por Itempnews.
Irán, China, Rusia y Venezuela, respectivamente, que han utilizado los arrestos ilegales de extranjeros como estrategia de diplomacia frente a Occidente, tienen el mayor número de ciudadanos estadounidenses, europeos y australianos detenidos, muestran los datos de casos hechos públicos.
Hasta hace unos años Francia fue el país con el mayor número de nacionales como rehenes en el extranjero superado luego por EEUU, según el organismo de control terrorista IntelCenter.
La mayoría de los franceses fueron apresados en países africanos por parte de mafias o grupos extremistas como Boko Haram, vinculado a Al Qaida, con la intención de cobrar recompensas y financiar operaciones.
Los ministerios de Relaciones Exteriores de los países del G7 declinaron ofrecer estadísticas sobre sus nacionales secuestrados o detenidos ilegalmente en el extranjero. Las solicitudes incluyeron cartas a los ministerios de España, Alemania, y Australia.
En la mayoría de los casos, los datos examinados se obtuvieron de varias ONG dedicadas a trabajar por el regreso de sus nacionales, los cuales estaban secuestrados por grupos armados o detenidos en el extranjero por presunto espionaje o conspiración.
Australia tiene al menos tres nacionales arrestados en el extranjero por motivos de seguridad nacional, en China e Irán.
En Estados Unidos, el gobierno y las agencias que trabajan estos casos son reacios a compartir datos oficiales sobre el lugar o el número total de estadounidenses retenidos en el extranjero, entre otras razones, para acabar con un patrón de los captores que apunta a convertir a sus víctimas en “armas disuasorias” o “artículos de cambio”.
“Seguramente pueden ser muchos más, pero nosotros hablamos en nombre de quienes sus familiares han informado el secuestro, mientras otros prefieren mantenerlo bajo secreto”, comentó Loertscher.
Entre 2015 y 2017, James O’Brien, el primer Enviado Presidencial para Asuntos de Rehenes y quien ayudó a establecer la oficina por mandato del presidente Barack Obama, “trabajó por el regreso seguro de cien ciudadanos estadounidenses”, dijo la Casa Blanca en octubre de 2021 cuando designó al veterano diplomático como Coordinador de Política de Sanciones en la administración de Joe Biden.
Fue la primera vez en años recientes que el gobierno ofreció una cifra redonda de los estadounidenses que han estado como rehenes en el exterior.
El Consejo de Seguridad Nacional se negó a comentar sobre este asunto y remitió las preguntas al Departamento de Estado, donde un portavoz señaló que es una política “no revelar la cantidad de rehenes o ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente”.
“En la medida en que no se determine que la detención de un ciudadano estadounidense en el extranjero es ‘injusta’, el Departamento trabaja para brindar toda la asistencia consular adecuada”, agregó el portavoz.
Para alinearse con el trabajo de lo que representa recuperar un rehén por parte del gobierno, la fundación Foley, así como los expertos en la materia, distinguen entre los casos de rehenes y la detención ilegal o injusta por parte de un gobierno extranjero.
Basado en los datos de esta organización, la mayoría de los estadounidenses están retenidos por agentes oficiales de un gobierno que en la mayoría de los casos imputaron falsos delitos penales.
Sin embargo, la prudencia con la cual el Departamento de Estado y la Casa Blanca han manejado históricamente el secuestro y arresto ilegal de estadounidenses forma parte de una “diplomacia silenciosa” que muchas veces ha sido percibida como exagerada o una muestra de olvido por parte de la opinión pública y las familias de las víctimas.
Para algunos esto debe cambiar. Para otros, es mejor que no.
“Hay numerosos desafíos, aludiendo a tener la atención de los medios de comunicación sobre estos temas para que los estadounidenses tengan conocimiento. Porque, en definitiva, es el público el que ejerce presión, el que pide la respuesta del gobierno, el que exige a los funcionarios para que prioricen”, aseveró Loertscher.
A lo largo del tiempo la mayoría de los medios de comunicación del país han dado cobertura a casos especiales de rehenes en los que hay ciudadanos secuestrados o encarcelados injustamente en el extranjero, pero la falta de continuidad de los casos muchas veces contribuye a que la opinión pública le reste interés e incluso olvide.
Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para el financiamiento del terrorismo en la presidencia de Donald Trump, admite que “no hay una suficiente cobertura de la prensa o interés en los detalles de las situaciones de rehenes y se necesita hacer mucho más para exponer el comportamiento de los regímenes que toman gente inocente”.
“Obviamente, hay un momento para las discusiones no públicas, como los detalles sobre la forma de trabajar del Gobierno de EEUU para asegurar la liberación de sus rehenes, pero creo que el país debe saber, por ejemplo, que están haciendo los iraníes con nuestros rehenes”, advirtió Billingslea, quien se desempeña como miembro sénior del Instituto Hudson y se centra en las finanzas ilícitas y el control de armas con la Iniciativa de la Cleptocracia.
“A veces puedes crear, si pasa a ser un caso del dominio público, terroristas que buscan propiciar una crisis internacional y se aferran a mayores exigencias”, explicó Brian Jenkins, prominente asesor de RAND Corporation y autor de numerosos libros e informes sobre el terrorismo.
Queda una pregunta en el aire: ¿Puede el pueblo estadounidense culpar a cualquier administración de tener rehenes en el extranjero?
“La respuesta simple es no”, remata Jenkins, quien trabajó junto con el gobierno para solucionar algunos casos de rehenes en el pasado.
“Debemos tener en cuenta que entre 40 y 90 millones de estadounidenses viajan al extranjero cada año. Al menos 10 millones son expatriados que viven o trabajan fuera del país, esto no incluye a millones de residentes permanentes que están fuera, o estadounidenses con doble nacionalidad en sus respectivos países”.
Jenkins no resta valor a otros aspectos complejos de las relaciones entre gobiernos que condujeron a que en los últimos años decenas estadounidenses permanezcan en cautiverio.
“Está el hecho de que Estados Unidos es percibido como un país rico o poderoso, por lo cual los extremistas o criminales secuestran ciudadanos de nuestra nación con el fin de ganar influencia política sobre su gobierno local, como ocurrió en la década de 1970 y 1980 en América Latina y Medio Oriente, y hasta hace poco en la guerra de Irak”.
Durante la administración de George W. Bush, los funcionarios estadounidenses adquirieron experiencia en la respuesta a estos eventos mientras se enfrentaban a un aumento alarmante de los secuestros en Irak tras el comienzo de la guerra en ese país.
Entre 2003 y 2007, 43 estadounidenses fueron raptados en suelo iraquí, 14 de los cuales fueron ejecutados, incluido Nicholas Berg, cuyo asesinato fue grabado en video y compartido ampliamente en Internet, en un preámbulo de lo que sería el método bárbaro de propaganda del Estado Islámico (ISIS).
Billingslea, quien también fungió como negociador de control de armas de Trump, concuerda con que la perspectiva general de la sociedad estadounidense y los intereses del país en todo el mundo muchas veces son determinantes a la hora de entender por qué hay tantos ciudadanos de Estados Unidos en cautiverio.
“El problema en este momento es que no se ve ningún enfoque (contundente) por parte de la administración Biden para traer a los secuestrados estadounidenses a casa y estamos proyectando debilidades en todo el mundo, y eso está incentivando la toma de rehenes”, criticó el exfuncionario.
Billingslea recordó la manera en que el gobierno del expresidente Donald Trump respondió ante el caso del pastor estadounidense Andrew Brunson, encarcelado en 2016 por Turquía bajo acusaciones de supuesto terrorismo y espionaje. En 2018 fue puesto en libertad tras una escalada de tensiones entre Ankara y Washington.
La continua negativa de Turquía de liberar al pastor evangélico forzó a Trump a imponer sanciones contra altos funcionarios del gabinete turco, y el Departamento del Tesoro duplicó los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de ese país, lo cual precipitó la caída de la moneda nacional frente al dólar y una crisis en sus finanzas.
“En este momento no he visto ninguna prueba de que Estados Unidos haya planteado como condición previa en sus negociaciones con Irán la devolución de los rehenes estadounidenses que han sido tomados por el régimen de Teherán”, criticó Billingslea.
Cuando el presidente Obama firmó en 2015 el acuerdo nuclear con Irán, la letra pequeña no incluyó un punto clave en la relación bilateral: la desaparición en marzo de 2007 de Robert Levinson, exagente del FBI y de la DEA que viajó a la isla Kish de Irán para una misión de inteligencia al servicio de la CIA.
Levinson es el rehén estadounidense con más años en cautiverio en poder de una nación hostil a Washington. Su situación es el reflejo del modo de actuar de los iraníes que en los últimos 40 años optaron por las detenciones arbitrarias de occidentales como apéndice de su política exterior.
La crisis de los rehenes en Irán el 4 noviembre de 1979 marcó la memoria de Estados Unidos para siempre. Ese día decenas de estudiantes iraníes tomaron la embajada en Teherán y detuvieron a 66 personas. Un total de 52 diplomáticos estadounidenses permanecieron 444 días en poder de sus captores.
Desde entonces el Departamento de Estado mide la seguridad de sus funcionarios y legaciones en el mundo bajo ese incidente por temor a que se repita.
“Irán ha sido un maestro manipulador en el escenario geopolítico y ha estado utilizando rehenes europeos y estadounidenses como peones durante más de 40 años, con lo cual ha logrado apalancamiento en pagos financieros e intercambios de prisioneros, en lo que de otro modo es una relación de poder muy asimétrica con Occidente”, advirtieron John Sanderson y Susan Morgan, dos reputados académicos australianos, en un ensayo del Instituto Australiano de Asuntos Internacionales.
Al igual que muchos ciudadanos con doble nacionalidad encarcelados en Irán, sus casos están vinculados a las relaciones de la república islámica con otros países. Para los expertos y víctimas esto simboliza una forma de terrorismo moderno patrocinado por el estado.
“Los gobiernos extranjeros a los que les gustan los rehenes occidentales incluyen a Turquía, Arabia Saudí, Rusia, Egipto, Cuba, Corea del Norte y Venezuela, y se puede decir que los peores infractores de todos los tiempos son Irán y China”, agregaron Sanderson y Morgan.
Y es que en los últimos años los funcionarios estadounidenses y occidentales han visto cómo China está implantando a los extranjeros una política de detenciones arbitrarias y prohibiciones de salida coercitivas del país para impulsar su política exterior.
Un reflejo de esto se vio en noviembre de 2021 cuando las autoridades de Pekín permitieron que los hermanos Víctor y Cynthia Liu, ambos ciudadanos sinoestadounidenses, regresaran a EEUU tras impedírseles abandonar el país durante más de tres años.
El regreso de los dos jóvenes se produjo poco después de que el Departamento de Justicia llegara a un acuerdo con la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, que le permitió regresar a China luego de casi tres años de arresto domiciliario en Canadá.
Hablar o no
Si millones de estadounidenses ignoran que sus compatriotas están secuestrados, y en muchos casos es contraproducente difundirlo, el dilema para las familias y los negociadores es hasta cuándo no hay que hablar y actuar.
Desde hace dos años Mark Denman intenta todos los días desde su cuenta de Twitter llamar la atención de la Casa Blanca y sus funcionarios de alto rango para lograr un mayor compromiso por la liberación de Airan Berry y Luke Denman, este último hermano de Mark.
Ambos son ex integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, o ex boinas verdes, como se les conoce. Ellos fueron arrestados como mercenarios en 2019 mientras participaban en una invasión orquestada para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, la cual fracasó.
“La última administración no hizo nada por nosotros. Esta administración hasta ahora no ha hecho nada tampoco. Algunas personas han accedido a reunirse con nosotros. Sin embargo, cuando nos encontramos, dicen que lamentan mucho la situación, pero no dicen nada más”, se quejó Denman, quien fundó la ONG American Rescue Coalition para impulsar el regreso de Airan y Luke.
“Mientras hacen preguntas y cuentan nuestra historia, (los funcionarios del gobierno) asienten con la cabeza y no dicen nada que nos brinde información o cómo pretenden ayudar. En este momento no tengo ningún interés en gastar dinero para viajar a Washington y hablar más con ellos, ya que es una pérdida de tiempo y dinero”, lamentó Mark Denman en respuesta a unas preguntas enviadas por correo electrónico.
Venezuela era hasta el primero de octubre pasado el país del hemisferio occidental con más ciudadanos estadounidenses bajo arresto. La Casa Blanca considera estas detenciones como ilegales e impulsadas políticamente por el gobierno de Maduro para presionar a EEUU.
En un giro inesperado de la situación, el Departamento de Estado informó el 1 de octubre de 2022 que Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados y Estados Unidos cajeó a dos sobrinos de la esposa de Maduro que estaban pagando condena desde 2016 por narcotráfico.
“Damos la bienvenida a la liberación por parte de Venezuela de seis ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente: Jorge Toledo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Matthew Heath y Osman Khan, así como del residente legal permanente de los Estados Unidos, José Pereira”, declaró el Departamento de Estado en un comunicado.
Entre los liberados están cinco empleados de la petrolera Citgo, con sede en Houston (Vadell, ambos Zambrano, Toledo y Pereira).
También fue liberado un ex infante de marina, Matthew Heath, acusado en 2020 de delitos relacionados con el terrorismo y tráfico de armas, y un hombre de Florida, Osman Khan, quien fue arrestado en enero de 2022.
El 8 de marzo de 2022 Gustavo Cardenas y Jorge Fernandez fueron liberados y regresaron a Estados Unidos tras de una visita secreta a Venezuela por parte de altos funcionarios de la administración de Biden, quienes llevaban meses trabajando en esto, según la Casa Blanca.
Cárdenas y otros cinco ejecutivos de Citgo, permanecieron detenidos en Venezuela desde 2017, “soportado cinco años de privaciones y encarcelamiento a manos de un sistema injusto”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Fernández fue detenido en febrero de 2021 cerca de la frontera con Colombia luego de que se le encontrara en posesión de un dron. Fue acusado de terrorismo por las autoridades venezolanas.
Todavía están presos en Caracas dos exboinas verdes desde 2019.
Respuesta desde casa
El Gobierno de Estados Unidos rige su actual política de rehenes en el extranjero bajo una directiva aprobada en 2015 por el presidente Obama la cual reescribió la forma en que las futuras administraciones debían responder y coordinar estos sucesos.
La revisión se produjo a raíz de varias tragedias que resultaron en estadounidenses retenidos en el extranjero por grupos terroristas. En el verano de 2014, los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff y el trabajador de ayuda humanitaria Peter Kassig fueron asesinados por el ISIS en Irak y Siria.
A partir de esa política se crearon tres entidades principales dentro del gobierno para manejar los asuntos de rehenes.
Una es la Célula de Fusión de Recuperación de Rehenes, que opera dentro del FBI; la Oficina del Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes, dentro del Departamento de Estado, y un grupo de respuesta, a modo de comité adjunto, dentro del Consejo de Seguridad Nacional.
La Casa Blanca hizo una distinción entre las concesiones que los particulares pueden hacer a los terroristas, que son en gran parte el pago de recompensas e incluso el contacto directo, y los acuerdos más amplios que cualquier administración podría lograr, incluida las acciones militares y otras prioridades de política exterior, como el intercambio de prisioneros.
Mientras que los gobiernos europeos pagan discretamente rescates multimillonarios a grupos terroristas y regímenes corruptos que secuestran a sus ciudadanos, EEUU se niega a negociar y aprobar una política de este tipo.
“Creo firmemente que la política que tenemos con respecto al secuestro y toma de rehenes tiene que mantenerse por completo. En particular, es esencial que no ofrezcamos ninguna concesión a los secuestradores, porque si empiezas a hacer concesiones, incentivas más la toma de rehenes”, argumentó el exsubsecretario Billingslea.
Los legisladores desde el Congreso vienen presionando en público y privado al Departamento de Estado para obtener respuestas sobre estos casos, a medida que la seguridad nacional y la política exterior se ven cada vez más afectadas.
“El Comité de Inteligencia del Senado sigue de cerca los casos de los detenidos y encarcelados en el extranjero, y trabaja para que la comunidad de inteligencia tenga las capacidades y los recursos que necesita para apoyar el regreso de los estadounidenses”, expresó el senador Mark Warner, demócrata de Virginia quien preside el comité, en un correo enviado a Itemp.
Los últimos estadounidenses liberados en el extranjero fueron el periodista Danny Fenster en Myanmar, en noviembre de 2021, y 16 misioneros secuestrados durante dos meses por una banda en Haití, que regresaron a EEUU en diciembre pasado.
En el caso de los misioneros, se desconoce si hubo pago de rescate por parte de las familias o la Iglesia a la que pertenecen, ya que lo captores exigían un millón de dólares por persona.
Fenster estuvo encarcelado durante más de seis meses después de que un tribunal militar de Myanmar lo sentenciara a 11 años de prisión por supuestos cargos de sedición y terrorismo. Esto fue interpretado por el Departamento de Estado como una detención ilegal para presionar a Biden por sus críticas a la Junta Militar de ese país.
El consenso mundial al que están llegando la mayoría de los países víctimas de esta forma de “diplomacia de rehenes” se materializa a través de una Declaración lanzada por Canadá en febrero de 2021 la cual cuenta hasta ahora con 67 países firmantes, que apunta a frenar el uso de las detenciones arbitrarias en las relaciones de Estado a Estado.
No obstante, la respuesta interna de los propios gobiernos ha sido la piedra de tranca para responder la actual crisis.
Billingslea recordó una propuesta que hizo al Departamento del Tesoro de la era Trump para afrontar la creciente amenaza del secuestro y arresto ilegal de estadounidenses en el extranjero. Sin embargo, la burocracia se impuso.
“Uno de los esfuerzos que ideé y que no tuvo éxito en la negociación dentro del gobierno fue un decreto ejecutivo que autorizara la imposición de sanciones (financieras) relacionadas con el secuestro por rescate, y es lamentable que ese esfuerzo se haya estancado por luchas internas de la burocracia gubernamental”, criticó el exfuncionario.
Esta iniciativa “es algo que la administración Biden debería emitir contra las redes, personas y entidades involucradas en situaciones de secuestro” como una forma innovadora de responder por parte de Estados Unidos.
Criterio de evaluación: James W. Foley Legacy Foundation (JWFLF) utiliza la definición convencional de rehén como una persona detenida y bajo amenaza de muerte, lesiones o detención prolongada por parte de una persona o grupo para obligar a un tercero a realizar (o abstenerse de realizar) cualquier acto como forma explícita o condición implícita de la liberación de la persona. Un acto de toma de rehenes incluye a estadounidenses retenidos por actores no estatales, específicamente por organizaciones terroristas, militantes, grupos criminales, piratas o captores desconocidos, como secuestradores. El total de casos mencionados en este trabajo incluye información pública, otorgada por la fundación sobre casos de rehenes estadounidenses y de detención ilegal o injusta. JWFLF considera que la detención de un estadounidense es ilegal o injusta según los criterios que se encuentran en la Ley Robert Levinson para la Recuperación de Rehenes y la Toma de Rehenes. Algunos de estos son: -Los funcionarios estadounidenses reciben o poseen información creíble que indica la inocencia de la persona detenida. -La persona está detenida única o sustancialmente por ser ciudadana de EEUU. EEUU.
Edición y corrección: Conchita Delgado
Actualización I: Esta historia fue actualizada el 1 de octubre de 2022 para incluir que Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados en ese país a cambio de la puesta en libertad de dos sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, presos desde 2015 en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
Actualización II: Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo el 10 de agosto de 2023 para conseguir la libertad de cinco estadounidenses encarcelados a cambio de varios iraníes en prisión y el eventual acceso a unos 6.000 millones de dólares de ingresos procedentes del petróleo iraní. Las autoridades de Irán transfirieron a los cinco iraníes estadounidenses de prisión a arresto domiciliario. Los detenidos son Siamak Namazi, Emad Sharghi y Morad Tahbaz, todos ellos encarcelados por cargos infundados de espionaje, así como otras dos personas cuyos nombres no han sido revelados por sus familias. Según el New York Times, uno de los estadounidenses es científico y el otro es empresario.
Actualización 13/09/2023: Cinco estadounidenses liberados de la custodia iraní regresaron a suelo estadounidense el martes 19 de septiembre, poniendo fin a una pesadilla de años para ellos y sus familias. Los cinco, que habían sido designados por Estados Unidos como detenidos injustamente, fueron liberados como parte de un acuerdo más amplio iniciado por el presidente Joe Biden que incluía que Estados Unidos descongelara 6 mil millones de dólares en activos iraníes. Los tres hombres incluidos en el acuerdo –Emad Shargi, Morad Tahbaz y Siamak Namazi– llevaban detenidos más de cinco años. En 2015, Namazi fue arrestado. Se desconocen públicamente las identidades de los otros dos estadounidenses.
