Indemnizar a una nación bombardeada, con millones de refugiados y centenares de muertos como Ucrania, sería una carga pesada para Rusia. Mientras los adversarios del Kremlin en Occidente tienen ahora sus miradas sobre las fortunas confiscadas, otros quieren algo más: al líder del Kremlin en el banquillo.
Mientras la devastación en Ucrania se acrecienta por los embates del ejército ruso, tribunales de varios países occidentales se preparan para recibir demandas por violaciones al derecho internacional, lo cual podría definir quién cargará con la reconstrucción o incluso si Moscú asumirá la reparación.
Los tribunales federales de Estados Unidos podrían desempeñar un papel clave según eventuales demandas de ciudadanos estadounidenses o ucranianos contra el Estado ruso, sus funcionarios, personas naturales o las empresas relacionadas con la guerra, aunque esto implica un largo y complejo proceso.
Los demandantes podrían recurrir en Estados Unidos a una ley promulgada en 1789, aunque rara vez invocada, la cual otorga la jurisdicción a los tribunales federales en las demandas por daños y perjuicios en cualquier parte del mundo.
Los particulares pueden ser declarados responsables en virtud de la Ley de Estados Unidos sobre las acciones de responsabilidad por actos delictivos entabladas por extranjeros (Alien Tort Act) de 1789 por actos de genocidio, crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario.
“Aunque la Corte Suprema limitó el alcance de estas demandas por agravio, de modo que no puede utilizarse contra empresas, las demandas contra extranjeros siguen siendo posibles”, explicó José E. Álvarez, profesor de Derecho Internacional en la cátedra Herbert and Rose Rubin de la Universidad de Nueva York.
Dado que la Casa Blanca está interesada porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asuma responsabilidades por la agresión, el Congreso también se ha mostrado dispuesto a presentar proyectos de ley para acorralar al Kremlin más allá de sanciones aplastantes.
Así las cosas, como en toda guerra, habrá que esperar el desenlace y los términos a los que lleguen las partes beligerantes.
Por el lado de Rusia, su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le brinda una ventaja eficaz a la hora de impedir que las potencias occidentales busquen indemnizaciones a favor de Ucrania.
Cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy advirtió a Rusia que debe prepararse para indemnizar a su país, las imágenes de ciudades devastadas y millones de personas escapando de los bombardeos revelaron que los costos y daños colaterales son enormes.
Con todo, gran parte de ese cheque puede terminar a cargo de oligarcas rusos vinculados a Putin, cuyas cuentas quedaron congeladas recientemente en bancos europeos y estadounidenses. Además, en varias capitales europeas, ha surgido la idea de dar uso a estos activos a favor de los ucranianos.
En el caso de Estados Unidos, “no veo cómo alguien puede en este momento demandar con éxito al Estado de Rusia, dada su soberanía extranjera en virtud de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA) estadounidense, a menos que el Gobierno designe a ese país como ‘Estado patrocinador del terrorismo’”, dijo el profesor Álvarez al Proyecto Itempnews en un email.
“Demandar a las empresas rusas es más fácil. Más prometedoras aún serían las demandas directas contra individuos rusos, incluidos los generales ubicados en Estados Unidos, que podrían ser acusados de crímenes de guerra contra los refugiados ucranianos en el país”.
Los esfuerzos desde EEUU por compensar el perjuicio causado por los rusos a Ucrania puede pasar por un largo camino de justificaciones, obstáculos y un entramado de leyes. Sin embargo, esto no es imposible, ya que hay jurisprudencia en la legislación nacional.
Desde que comenzó el conflicto, el 24 de febrero, se abrieron procedimientos contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y contra Putin y otros responsables en la Corte Penal Internacional por parte del Estado ucraniano como nación agraviada.
Ucrania demandó a Rusia ante el máximo tribunal de la ONU por planear un genocidio. Además, solicitó a la corte que intervenga para detener la invasión y le ordene al Kremlin que pague indemnizaciones, señaló el tribunal.
El 16 de marzo, por una votación de 13 a 2, con el vicepresidente Kirill Gevorgian de Rusia y el juez Xue Hanqin de China en desacuerdo, la CIJ dictaminó que Rusia “deberá suspender inmediatamente las operaciones militares que comenzó el 24 de febrero”.
Ucrania sostuvo en su demanda que, tras afirmar falsamente actos de genocidio contra la población de las provincias de Lugansk y Donetsk, Rusia declaró e implementó una “operación militar especial” para prevenir y castigar los supuestos actos.
Aunque los veredictos de la CIJ son vinculantes, los informes noticiosos cuestionaron si Moscú acataría el fallo y el tribunal no tiene medios directos para hacerlos cumplir.
El caso de Ucrania ante la Corte Internacional fue interpuesto por la firma estadounidense de abogados Covington & Burling, que, actuando pro bono, se sumó a la larga lista de organizaciones y empresas privadas que están mostrando interés global por llevar esta situación hasta sus últimas consecuencias legales.
“Fruto de tales actuaciones puede haber condenas de reparaciones”, advirtió el profesor Francisco Jiménez García, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.
Según el derecho internacional, “todo hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado ha de ser reparado íntegramente o en su caso indemnizado y tales reclamaciones pueden ser presentadas por Estados que se vieron lesionados por la guerra como particulares”, agregó.
“De llegarse a sentencias condenatorias, estas pueden incluir indemnizaciones a víctimas y reparaciones al país”, declaró José Esteve Molto, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Valencia, en España.
“Además, acaban de abrir diligencias penales por las fiscalías generales en Alemania y España, y hay más en camino en otros países europeos”.
Una vez concluido el conflicto bélico del Kremlin, se establecerán las medidas de compensación, aunque “dependerá de la disposición de negociación que exista en ese momento”, aclaró el profesor Jiménez.
Por el momento, tanto Rusia como Ucrania están estancadas en algo primordial: abrir la puerta a un alto el fuego permanente. Si bien sus posiciones públicas se han suavizado, siguen estando muy alejados. Hablar sobre un resarcimiento en este instante no está en el papel.
En los últimos dos siglos, desde el Tratado de Versalles en 1919 que puso fin a la Primera Guerra Mundial y obligó a Alemania a pagar por daños y perjuicios, hasta la reciente sentencia contra Uganda en enero pasado para compensar a la República Democrática del Congo por la guerra, los precedentes sobran.
Lo más parecido a una posible indemnización por parte de los rusos sería el “Fondo de Compensación (petróleo por alimentos) que se instituyó con respecto a Irak tras la invasión a Kuwait en 1991, pero el Fondo fue establecido por el Consejo de Seguridad y en este caso estaría vetado por Rusia”, argumentó el profesor Jiménez.
La llamada Comisión de Indemnización de la ONU fue establecida con el mandato de tramitar reclamaciones y pagar indemnizaciones por la invasión promovida por el dictador iraquí, Sadam Hussein.
Se presentaron 2,7 millones de reclamos a la Comisión, en busca de $ 352 mil millones en compensación.
Con el pago final por parte de los iraquíes el pasado 13 de enero de 2022, se otorgó un total de $ 52.400 millones en resarcimiento a 1,5 millones de reclamantes, 31 años después de la invasión y sin Hussein en el poder.
A medida que Occidente acorrala a Rusia sancionando a su Banco Central, congelando activos financieros del Estado en el extranjero, retirando al país del sistema SWIFT de comunicaciones bancarias, y decenas de empresas cancelando operaciones, la posibilidad de que todo ese dinero se use a favor de Ucrania para resarcir los costos de la guerra es, por el momento, imposible.
“Los bienes soberanos como embajadas, edificios, arte, no serían significativas en esto, porque están protegidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” y no pueden ser embargadas, comentó Tyler Kustra, profesor adjunto de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Nottingham en Reino Unido.
Kustra advierte, sin embargo: “Estados Unidos no ha reconocido previamente la inmunidad soberana de algunos países cuando le conviene”. En tal sentido, podría sentar un precedente y un desafío el hecho de que el presidente Joe Biden decidera usar el patrimonio del Estado ruso para entregarlo a Ucrania en compensación.
La Casa Blanca se negó a comentar sobre los planes de la administración y sus socios europeos para ayudar a Ucrania a buscar resarcimiento por el conflicto bélico.
Cuando la Unión Europa, Estados Unidos y Reino Unido empezaron a castigar a empresarios y magnates rusos, la decisión tenía sentido por la manera en que se repartió el poder en Rusia tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, y a partir de 1998, con la primera gran crisis económica en el país.
La interrogante ahora es, si este caudal de riqueza de los oligarcas podría ser redirigido para resarcir a Ucrania y los países vecinos que están recibiendo la avalancha de refugiados, o volverán luego de la guerra y negociaciones a manos de sus dueños.
En el Reino Unido, que por años fue santuario de las grandes fortunas de oligarcas vinculados con Putin y el Gobierno de Rusia, el ministro del Gabinete, Michael Gove, señaló que se está explorando la opción de utilizar los inmuebles de personas rusas sancionadas para albergar a refugiados ucranianos, sin descartar otros usos.
Más allá de las leyes de propiedad privada británica y toda la artillería legal que los cerca de 800 rusos sancionados en el Reino Unido pueden utilizar para recuperar sus bienes, el asunto se centra en cuál es la verdadera responsabilidad de ellos en el actual conflicto.
“Si bien los nombres de los oligarcas rusos y las figuras empresariales con fuertes vínculos con el Kremlin son bien conocidos, vincularlos con determinados delitos está plagado de dificultades”, escribieron tres investigadores sobre finanzas ilegales en el blog de la London School of Economics, citado por Fortune en un informe.
“En el caso de los oligarcas, habría que probar su vinculación con la agresión rusa o cuyo apoyo resultara decisivo para las operaciones de guerra”, coincidió Jiménez, el catedrático de Derecho Internacional Público.
Detrás de lo que el Departamento del Tesoro llamó “el núcleo de la maquinaria de guerra de Putin”, se esconden decenas de apellidos poderosos en Rusia y con conexiones en otros países. Sin lugar a dudas, darán la batalla para recuperar su botín.
Las definiciones legales estadounidenses de lo que constituye resarcimiento o indemnización están bien descritas y reglamentadas, y, cuando se trata de un conflicto armado o una guerra, los abogados y jueces reconocen que las conversaciones pueden ser a veces complejas y hasta inviables.
Estados Unidos en el medio de todo
Lograr que las empresas rusas conectadas con el Kremlin se vean obligadas a reparar por la invasión causada por Putin podría ser el blanco de las víctimas ucranianas ante los tribunales estadounidenses.
Sin embargo, medir hasta dónde son verdaderos responsables es otro reto.
Los activos de las empresas rusas en Estados Unidos no estarían amparados en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, como sí los bienes del Estado.
“Dichas empresas (y los oligarcas que las rigen) podrían ser objeto de demandas por daños y perjuicios, pero habría que ver (incluso) cuál es la teoría de esa demanda ‘por daños y perjuicios’”, explicó el profesor Álvarez de la Universidad de Nueva York, quien ha asesorado al Departamento de Estado en diversos asuntos y es autor de seis libros en materia de derecho internacional.
“No creo que el apoyo financiero indirecto al Gobierno ruso (como el pago de impuestos) constituya una conexión suficiente para permitir una demanda de este tipo; se necesitarían más hechos que indiquen el apoyo directo de las empresas o del oligarca a la invasión o a los actos ilícitos relacionados”, recalcó el académico.
Lo que evoca hechos comparables en Estados Unidos a lo que está en juego al fragor de la invasión de Ucrania se remonta a las demandas en un tribunal de distrito en Manhattan que las víctimas de la Guerra de Bosnia entablaron en 1993 contra Radovan Karadzic, presidente de la autoproclamada república serbobosnia de “Srpska”.
Karadzic estaba acusado por la ONU de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra de Yugoslavia.
Luego de un complejo proceso en Estados Unidos, en el que se invocaron la Ley de Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que data de 1789, y la Ley de Víctimas de Tortura, una corte de apelaciones dictaminó que Karadzic podía ser responsabilizado por su complicidad en los delitos que se le imputaban.
Finalmente, Karadzic fue enjuiciado por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia luego de su arresto en 2008.
Indemnizar a una nación bombardeada, con más de dos millones de refugiados y miles de desplazados internos como Ucrania representará una carga pesada para quien sea que asuma esta tarea. No obstante, los adversarios del Kremlin en Occidente tienen ahora su atención en que los combates lleguen a su fin para dar paso a la búsqueda de justicia, más allá de las sanciones en curso.
Sobre las fortunas confiscadas a los oligarcas rusos, eventuales juicios por crímenes de guerra, el futuro político de Putin o Rusia, la historia de las guerras y conflictos enseña que hay una delgada línea entre quiénes son los agresores y las víctimas, el vencedor y el derrotado.
No obstante, el hecho de que Ucrania haya sido invadida tan perversamente y bajo argumentos efímeros convierte esta situación en un reto sin precedentes a toda la estructura de la seguridad colectiva, al menos, desde el fin de la Guerra Fría en 1989.
Lo que ningún líder de las potencias occidentales ha dejado de reiterar desde que el primer tanque pisó Ucrania en febrero, es que Putin, o Rusia, pagarán por lo ocurrido. Dependerá de muchos factores que están por relucir.
Edición y corrección: Conchita Delgado
Edición de fondo: Carlos Tagliafico
Diseño ilustración: Proyecto Itempnews/Con foto de la Presidencia de Rusia.