Es un dato fantasma que vaga entre el derecho a la privacidad y el derecho a poseer armas. Como quiera que sea, la falta de información impide tomar medidas para que las armas robadas no lleguen a manos de los delincuentes.
Las leyes del estado de Florida no exigen ningún registro de propiedad de armas de fuego. Tampoco las autoridades llevan la cuenta de las armas perdidas y robadas a sus ciudadanos, lo que crea un vacío en los estudios e investigaciones penales en medio de la violencia que golpea a la nación.
Las policías locales en Florida tienen sus propios registros, pero tampoco es obligatorio compartirlos, motivo por el cual ni el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, en inglés) ni la Gobernación tienen idea exacta ni estimada de la cantidad de armas perdidas que circulan por las ciudades.
Si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quisiera conocer en este momento cuántas armas desaparecidas hay en el estado, sus funcionarios tendrían que comunicarse con las policías locales de cada ciudad y condado para que provean datos recopilados dentro de sus jurisdicciones. Podrían tardar días.
Más de 162.000 armas desaparecieron de las armerías de EEUU en la última década
Entre 2007 y 2017, al menos 82.000 armas fueron reportadas como robadas y nunca encontradas, según una investigación del Tampa Bay Times.
En los últimos tres años, seis de los condados más poblados de Florida (Miami Dade, Broward, Palm Beach, Jacksonville, Hillsborough y Pinellas) acumularon más de 7.500 armas reportadas como robadas, de acuerdo con datos de las oficinas del alguacil recopilados por el Proyecto Itempnews.
Cuando el Proyecto Itempnews investigó en mayo el volumen de armas de fuegos robadas y perdidas de las armerías del país, en especial las de Florida, concluyó que el FDLE no tenía registros unificados de armas extraviadas, como tampoco por tipo, lugar o causa.
La Gobernación tampoco tenía conocimiento.
Es un dato fantasma que vaga entre el derecho a la privacidad y el derecho a poseer armas, consagrado en la Constitución de Estados Unidos.
El FBI contabilizó 1.2 millones de armas perdidas y robadas entre 2017 y 2021.
Nicole Porter Stewart, especialista de la División de Servicios de Información de Justicia Penal (CJIS) del FBI, explicó que la agencia no tenía detalles sobre las armas extraviadas por estado, y que estos datos deben aportarlos los departamentos de cumplimiento de la ley.
Florida no los tenía
La falta de voluntad de los legisladores locales y del gobierno estatal de Florida para reglamentar la obtención de datos tiene un peso clave en este vacío informativo, advierten los críticos.
Sin rastros
El Departamento de Cumplimiento de la Ley tampoco recopila información sobre delitos cometidos con armas de fuego robadas.
Los informes solo indican el tipo de arma utilizada en homicidios y delitos denunciados, constató Itempnews.
El único dato clave en relación con armas robadas que muestra el Informe Unificado de Delitos de Florida (UCR, en inglés) es el “valor (monetario) de propiedad robada informado” que incluye armas de fuego.
Entre 2010 y 2020 unos $ 111 millones en armas de fuego de propietarios privados de Florida fueron robadas y apenas se recuperó un 15% del total.
Esto equivale a aproximadamente 222.000 armas en una década, de acuerdo con los cálculos de Itempnews sobre los precios promedio de un arma de fuego convencional.
“Este total monetario es para todas las armas de fuego robadas denunciadas, en todo el estado, para el período de informe específico”, señaló Jeremy Burns, portavoz de FDLE.
Por lo tanto, Florida, el tercer estado más poblado del país, con 21 millones de habitantes, y cientos de miles de armas de fuego en las calles, está a ciegas en relación con sus armas extraviadas, pues tampoco los propietarios privados tienen obligación legal de informar a la policía cuando le sustraen un arma de fuego.
Esta situación en Florida no es excepcional. El hecho es que hay ningún requisito federal en este sentido.
La ley solo exige que los vendedores de armas informen a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) cada arma de fuego extraviada, perdida o robada del inventario dentro de las 48 horas posteriores al hallazgo.
Además, deben denunciar lo ocurrido a la agencia policial local correspondiente.
Un estudio de la Rand Corporation estima que 35,3% de los adultos en Florida tienen armas en sus hogares, unas 518.000 licencias de porte.
En tal sentido, Florida es el segundo estado de la nación con más registros. Texas está en primer lugar.
Los esfuerzos de los legisladores en el Congreso para revertir esta realidad no han prosperado, sobre todo por la oposición del partido republicano.
Solo 11 estados y el Distrito de Columbia (Washington D.C.) exigen que los propietarios de armas de fuego informen la pérdida o el robo de cualquier arma de fuego a las fuerzas del orden público, de acuerdo con Giffords Center, un grupo de control de armas.
En el duodécimo estado, Maryland, se exige que las personas informen sobre la pérdida o el robo de pistolas y armas de asalto, pero no de otras armas de fuego.
En Michigan se exige que los propietarios notifiquen los robos de armas de fuego, pero no las pérdidas.
New Jersey adoptó una ley que impone responsabilidad civil por actos perpetrados con armas de fuego robadas, según el Giffords Center. Desde 2013, la exrepresentante Gabrielle Giffords, dirige la institución, quien, por cierto, casi muere en un tiroteo masivo en Tucson, Arizona.
En este momento la información pudiera ser irrelevante, a no ser poque el estado del sol exhibe uno de los mayores registros de propietarios de armas de fuego en Estados Unidos.
Además, es uno de los estados con mayor número de armas de fuego robadas de las armerías y con unos de los mayores índices de armas extraviadas y robadas a sus ciudadanos en los últimos años.
La delincuencia ha repuntado, como lo evidencia el hecho de que entre 2015 y 2020 el número de homicidios subió 20%.
Silencio desde Tallahassee
Esta realidad inquieta a los grupos defensores del control de armas y a los expertos en el cumplimiento de la ley.
Ellos advierten que la falta de medidas alimenta el mercado ilegal de armamento, además de crear una cultura de apatía y desidia en algo tan delicado como el resguardo de las armas.
Bryan Griffin, portavoz del gobernador De Santis, manifestó que “las agencias policiales locales siempre pueden trabajar juntas para compartir información pertinente a la resolución de un caso, pero no se mantienen registros de propiedad de armas de fuego en ningún nivel”.
“A nivel estatal, no se requiere ningún registro de propiedad de armas de fuego, ya que existe un interés de equilibrio del derecho a la privacidad que los floridanos tienen para ejercer sus derechos de la segunda enmienda (sobre el derecho a poseer armas)”, agregó.
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Griffin no respondió si el gobernador DeSantis se ha planteado tomar acciones para obtener información sobre las armas robadas y perdidas, o promover medidas que lleven a la notificación de pérdida o robo de armas por parte de sus propietarios.
Ninguna de las recientes declaraciones de DeSantis apunta a esto.
“Sí, sería maravilloso y significativo en tantas formas importantes tener toda esta información (de las armas desaparecidas), porque el conocimiento es poder. Pero ¿con qué fin?, preguntó H. Scott Fingerhut, profesor de derecho de la Universidad Internacional de Florida.
“¿Para hacer que las personas estén más seguras? ¿Y qué significa eso? ¿Más armas, menos armas? ¿Y la munición? ¿Y el entretenimiento violento?”, agregó el académico.
La ciencia tiene muestras
Un estudio de Everytown for Gun Safety, grupo de control de armas con sede en Nueva York, arrojó que las leyes de notificación obligatoria para armas perdidas y robadas se asocian a un riesgo 30% menor de que las armas se compren en ese estado y se recuperen después de un delito en otro estado.
Las legislaturas controladas por los republicanos en buena parte de los estados del país se han opuesto durante años a aprobar reglamentos sobre el control de armas.
Los expertos recalcan que una ley local para impulsar a los tenedores de armas a denunciar las pérdidas no afectaría en nada lo relacionado al derecho de poseer armas.
De hecho, los dos senadores republicanos por Florida votaron en contra del proyecto de ley bipartidista sobre armas aprobado el 25 de junio destinado a evitar que personas peligrosas accedan a armas de fuego y a elevar las inversiones en el sistema de salud mental de la nación.
Los senadores Rick Scott y Marco Rubio argumentaron que el proyecto no cumple con los estándares del derecho constitucional al uso de las armas, además de que el costo para implementarlo es excesivo.
Noviembre a la vista, 2024 a la vuelta de la esquina
Lo que está por venir es mucho más complejo de cara a las elecciones de mitad de período en noviembre. El hecho es que los demócratas se juegan la mayoría en ambas cámaras, lo que dificultaría el debate y la aprobación de iniciativas hacia el control de armas.
A medida que la nación hace un angustioso examen de conciencia sobre la cultura de las armas tras verse sacudida en menos de un mes por tres tiroteos masivos mortales en California, Nueva York y Texas, los sondeos revelan que los estadounidenses se muestran más abiertos a las medidas de control de armas.
Florida no es ajena a este pulso nacional.
Una encuesta realizada en mayo por Giffords y Public Policy Polling arrojó que 85 % de los residentes del estado apoyan la verificación de antecedentes en todas las ventas de armas y que la mayoría de los votantes de Florida creen que las leyes sobre armas deben fortalecerse.
No obstante, en los últimos tres años, el estado del sol se ha visto sacudido por la fuerte presión del lobby pro-armas para suprimir los exiguos controles que derivaron luego de que el 14 de febrero de 2018, un exalumno asesinara a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland.
La ley de Florida, la llamada ley de bandera roja elevó de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas largas, agregó un período de espera de tres días para verificación, creó un programa para que el personal escolar capacitado porte armas e invirtió $400 millones en salud mental y seguridad en las escuelas.
“Antes de que termine como gobernador, firmaremos”, prometió DeSantis el pasado mes de mayo. Es lo que los partidarios llaman un proyecto de ley de “porte constitucional", que permitiría a los residentes portar armas ocultas sin necesidad de licencias.
Si el gobernador cumple o no su promesa, la mayoría republicana en la legislatura de Florida puede por sí sola impulsar la ley.
La interrogante es la inclinación que tomará DeSantis en los próximos meses en torno a un tema de interés nacional como el control de armas, desde una perspectiva local en Florida, para impulsar lo que luce como una agenda mediática con aspiraciones presidenciales para 2024.
Edición Conchita Delgado.
Corrección (7/8/2022).
Una versión anterior de este artículo mencionó a Jacksonville como un condado, pero es una ciudad que pertenece al condado de Duval, Florida.