La Corte Suprema amplió en mayo pasado una legislación de la que muchos nunca han oído hablar. Los expertos dicen que la “Ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva” en realidad está dejando a personas inocentes tras las rejas, y la mayoría de los casos a los que afecta no tienen nada que ver con el terrorismo o la pena capital.
Si prestaste atención, aunque sea a medias, en la clase de historia del instituto, se te puede perdonar que pienses que los tribunales federales son los más poderosos del país.
Después de todo, han sido responsables de sentencias históricas sobre todo tipo de temas, desde el derecho al aborto hasta la eliminación de la segregación escolar, disputas tan conocidas que los casos son nombres familiares: Roe versus Wade. Brown versus el Consejo de Educación.
A principios de mayo de 2022, la Suprema Corte comunicó al preso de Arizona Barry Jones que, a pesar de que cuatro jueces federales estaban de acuerdo en que podía ser inocente del asesinato de 1994 que lo envió al corredor de la muerte, el alto tribunal no podía anular su condena ni impedir que Arizona lo ejecutara.
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En una decisión de 6-3 el lunes 23 de mayo, en un caso titulado Shinn contra Martínez Ramírez, los jueces conservadores dijeron que no podían hacer nada al respecto, debido a una ley torcida aprobada por el Congreso en 1996 y firmada por el entonces presidente Bill Clinton.
Llamada engañosamente Ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva (AEDPA, en inglés), la legislación fue creada durante la década de los 90 de mano dura contra el crimen, para evitar que los presos violentos fueran liberados por lo que los políticos llamaban tecnicismos.
Pero ahora, los expertos dicen que la ley en realidad mantiene a personas inocentes en prisión por tecnicismos, y la mayoría de los casos a los que afecta no tienen nada que ver con el terrorismo o la pena capital.
En estos casos, la importancia de la finalidad supera cualquier reclamación que los presos puedan hacer, dictaminó la mayoría conservadora de la corte. “‘La repetición en serie de las condenas definitivas socava la finalidad que ‘es esencial tanto para las funciones retributivas como disuasorias del derecho penal'”, escribió el juez Clarence Thomas.
Si bien muchos jueces y fiscales se quejan de la duración del proceso de apelación, en la actualidad hay pocos defensores de la ley de 1996, además de los fiscales generales de los estados que procesan las apelaciones en los tribunales federales.
“Mucha gente está atascada”, comentó Christina Mathieson, directora del Instituto Nacional de Hábeas, que defiende a los presos en estos casos. “Las puertas de los tribunales federales están cerradas”.
Aquí hay cinco cosas que debe saber sobre la ley conocida como AEDPA:
- Se creó tras el atentado a la ciudad de Oklahoma.
La idea de que los tribunales federales podrían proporcionar a los presos estatales una capa adicional de protección contra la extralimitación del gobierno estatal se remonta a la fundación de Estados Unidos. Los padres fundadores imaginaron a los jueces federales como una salvaguardia para garantizar que los estados rebeldes no ignoraran la Constitución del país.
Sin embargo, en la década de 1990, con las tasas de criminalidad y los índices de aprobación de la pena de muerte en máximos históricos, una pequeña pero ruidosa minoría de republicanos se cansó de lo que veían como presos que presentaban interminables y frívolas apelaciones que privaban a las víctimas de la finalidad que merecían.
Los republicanos querían establecer plazos de presentación más estrictos, reducir las reclamaciones que los presos estatales podían pedir a los jueces federales que revisaran y limitar el poder de los jueces federales para anular las condenas estatales.
Cuando Timothy McVeigh puso una bomba en un edificio federal en la ciudad de Oklahoma en 1995, los republicanos acababan de arrasar en las elecciones de mitad de mandato, y Clinton vio la oportunidad de trabajar con el presidente entrante de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, en una iniciativa de mano dura contra el crimen.
La “Ley de Pena de Muerte Efectiva” -parte de la agenda legislativa de Gingrich- se incorporó en la Ley Antiterrorista de Clinton.
La recién creada AEDPA fue aprobada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado por amplios márgenes, incluso cuando el entonces senador Joe Biden trató, sin éxito, de frenar algunas de las disposiciones más onerosas de la ley, advirtiendo que mantendría a personas inocentes en prisión -aunque acabó votando a favor de todos modos.
2. La ley hace más difícil que muchos presos ganen las apelaciones.
Para entender por qué esto es así hay que conocer un poco el funcionamiento de las apelaciones. La mayoría de los casos penales -más del 95%- pasan por los tribunales estatales. Pero si alguien quiere seguir luchando contra su condena, puede llevar el caso a un tribunal federal.
Pero la ley de 1996 lo hizo mucho más difícil, añadiendo complejas restricciones técnicas tanto para los presos como para los jueces, cambios que Brian Stull, abogado principal del Proyecto de Pena Capital de la ACLU, comparó con “toboganes y escaleras y procedimientos bizantinos por los que tiene que navegar un preso”.
Como resultado, muchos menos presos pudieron conseguir que los tribunales federales consideraran -y mucho menos que estuvieran de acuerdo- con sus reclamaciones por mala conducta del fiscal, inadecuada abogacía y otros problemas en sus juicios.
En 2009, un estudio reveló que, antes de la ley de 1996, entre la mitad y dos tercios de los presos estatales condenados a muerte veían reivindicados sus argumentos en los tribunales federales. Después, esa cifra se redujo al 12%.
3. La ley pretendía acelerar las apelaciones del corredor de la muerte, pero fracasó.
Antes de que la legislación de 1996 entrara en vigor, las personas encarceladas no tenían un plazo exacto sobre el tiempo que podían esperar para presentar sus reclamaciones ante los tribunales federales, según Rob Dunham, del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
“Simplemente no se podía retrasar sin razón”, agregó.
Pero ahora, los presos tienen solo un año para preparar y presentar sus apelaciones federales.
Si eso parece mucho tiempo, recuerde que los casos de pena de muerte a menudo requieren investigaciones intensas para rastrear testigos y descubrir nuevas pruebas. Como resultado, los presos regularmente pierden su única oportunidad en una apelación federal solo porque se acabó el tiempo.
Una investigación del Marshall Project en 2014 descubrió que 80 presos condenados a muerte habían perdido el plazo de un año y su oportunidad de apelar ante un tribunal federal -a veces por un solo día- debido a errores de envío o de presentación.
A pesar de los problemas que puede causar el plazo de un año, no ha logrado corregir el problema que pretendía resolver: El tiempo medio entre la sentencia y la ejecución se ha duplicado desde la aprobación de la AEDPA.
4. No sólo afecta a los casos de terrorismo y pena de muerte.
El nombre “Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva” es un poco equívoco. Aunque la ley afecta tanto a los casos de terrorismo como a los de pena de muerte, también afecta a otros recursos penales, que incluyen desde delitos de drogas hasta asesinatos. Según algunas estimaciones, más del 99% de los presos afectados por la AEDPA no han sido condenados por terrorismo ni sentenciados a muerte.
En parte, el efecto de la ley es tan amplio debido a la prolongada falta de inversión en la defensa de los indigentes, es decir, cuando los acusados pobres reciben abogados.
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Los defensores públicos suelen estar “poco cualificados, poco compensados y con pocos recursos”, dice Christina Swarns, directora ejecutiva de Innocence Project. Esto hace que les resulte difícil plantear una defensa enérgica en el juicio o en la apelación, lo que requiere buscar testigos, reunir documentos y consultar a expertos. Esta falta de inversión, a su vez, hace más probables los errores y descuidos.
“No hay una lucha justa en el frente”, dijo Swarns. “Para que esta demanda de finalidad tenga integridad, tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo en el frente está funcionando. Y sabemos que no lo está”.
5. Hace que los tribunales federales sean menos poderosos.
La AEDPA cambió el equilibrio de poder en las apelaciones penales. Los jueces federales ya no pueden anular las decisiones de los tribunales estatales -incluso las que violan la ley federal- excepto en circunstancias muy limitadas.
“Si eres un juez federal, no puedes estar en desacuerdo o anular una sentencia obviamente errónea en un tribunal estatal simplemente porque no era lo suficientemente errónea”, dice George Kendall, un abogado especialista en pena de muerte que ha argumentado ante la Suprema Corte.
En el caso que la Suprema Corte decidió a finales de mayo, un segundo hombre, David Martínez Ramírez, argumentó que el estado de Arizona violó su derecho constitucional a un abogado eficaz cuando le asignó un abogado que no examinó los retrasos en el desarrollo y los atroces abusos que sufrió de niño, pruebas que un abogado competente habría utilizado para persuadir al jurado de que merecía la cadena perpetua en lugar de la muerte.
Un tribunal de apelación acordó que Arizona violó la Sexta Enmienda al nombrar a una abogada que admitió que ella no estaba “preparada para manejar ‘la representación de alguien tan perturbado mentalmente como … Ramírez'”.
Aun así, la Suprema Corte argumentó que su condena a muerte debía mantenerse porque no siguió el procedimiento correcto al presentar sus recursos.
*Esta historia se publicó originalmente en The Marshall Project. Reservados todos los derechos.
*The Marshall Project autorizó al Proyecto Itempnews a reproducir en español el artículo original titulado: The 1990s Law That Keeps People in Prison on Technicalities
*Reporte adicional por Maurice Chammah