A pocos meses de las elecciones intermedias, los gobernadores republicanos están utilizando los fondos del Plan de Rescate Estadounidense de $1,9 trillones para impulsar discretamente sus respectivas reelecciones y agendas a expensas de los fondos que una vez demonizaron.
A cuatro meses de las elecciones intermedias, los gobernadores republicanos están utilizando el paquete de estímulo aprobado por los demócratas en marzo de 2021 para impulsar discretamente sus respectivas reelecciones y agendas a expensas de los fondos que una vez demonizaron.
Todos los republicanos en el Congreso y el Senado votaron en contra del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, en inglés) de $ 1.9 trillones, que el presidente Joe Biden finalmente promulgó como ley en marzo de 2021.
A medida que los republicanos buscan obtener el control de la Cámara de Representantes en noviembre, sus propuestas apuntan cada vez más a “controlar los billones de dólares imprudentes de gasto” en torno a ARP y otras leyes de gasto social, como dijo la presidenta de la conferencia republicana, la representante Elise Stefanik.
Pero hasta ahora, ninguno de sus gobernadores se ha negado a gastar los fondos federales extraordinarios en sus estados para diversos programas. Por el contrario, aceleraron la máquina de gastos.
Los estados se han apropiado de una parte sustancial de sus Fondos de Recuperación Fiscal (FRF), pero quedan más de $75 mil millones, incluidos $40 mil millones que el Departamento del Tesoro distribuirá este año a los estados que reciben esta asistencia en dos tramos, indicó un informe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP).
Los 36 gobernadores que se medirán en los comicios del 8 de noviembre quieren que sus votantes escuchen sobre las previsiones de buena salud en los presupuestos del año fiscal 2023, o las fuertes inversiones sociales, dos puntos clave en un año electoral marcado por la alta inflación y el aumento en los precios de la energía.
“El crecimiento en los ingresos del año fiscal 2022 condujo a superávits récord para muchos estados”, comentó Brian Sigritz, investigador de la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto del Estado (NASBO), en una entrevista.
El Proyecto Itempnews revisó las propuestas de presupuestos para el año fiscal 2023 de 33 estados, republicanos y demócratas, utilizando datos recopilados por NASBO.
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Los presupuestos mostraron apartados específicos para el uso de los fondos de ARP, que abarcan decenas de iniciativas económicas como infraestructura, salud y educación.
Gracias a una mejora en la recaudación de impuestos, a los cientos de millones de dólares federales destinados al alivio de Covid-19, así como otros estímulos que inyectó la Casa Blanca, los gobernadores tienen mayor libertad de gasto e impulso de sus agendas de poder.
Más dinero
De cierta forma, republicanos y demócratas están ansiosos de seguir recibiendo partidas extras del Departamento del Tesoro que les ayude a mantener saneadas sus cuentas, mientras invierten en asistencia social o mejoras salariales, lo cual les da capital político.
Con datos recopilados de las 50 oficinas presupuestarias estatales, los investigadores de NASBO encontraron que los gobernadores propusieron recortes de impuestos netos que reducirían los ingresos en el año fiscal 2023 en unos $15 mil millones para todos los fondos estatales.
Los legisladores en al menos 14 estados republicanos, incluidos Arizona, Idaho y Ohio, están considerando o han promulgado recortes de impuestos.
En algunos de estos estados, los legisladores han propuesto cambios drásticos en sus sistemas tributarios, incluidas propuestas para eliminar el impuesto sobre la renta en Mississippi, Arkansas y Virginia Occidental.
Desde una reducción del impuesto sobre la renta personal del 10 % que solicitó el gobernador Jim Justice, republicano por Virginia Occidental, a una propuesta similar del gobernador republicano por Nebraska, Pete Ricketts, cuyo mandato finaliza a principios de enero, a lo largo del país el superávit en las cuentas públicas está impulsando la devolución de dinero que suele asociarse con una economía fuerte y buena gestión política.
Esto no es del todo positivo para los estados a largo plazo, porque limitan sus oportunidades de inversión en el futuro, advierten los expertos en políticas públicas.
“Bajar los impuestos ahora tendría un serio costo de oportunidad, reduciendo la capacidad de los estados para abordar desafíos y provocando daños a largo plazo en la economía y las comunidades más afectadas por la pandemia”, escribió Ed Lazere, investigador del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un instituto de investigación y política no partidista con sede en Washington.
Los gobiernos estatales, locales y tribales están utilizando el programa de Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local de Coronavirus (FRF, en inglés), una parte de ARP, que entregó $ 350 mil millones, para apoyar planes de recuperación por la pandemia.
En casi todos los estados, la legislatura está involucrada en la asignación de recursos del FRF, ya sea incluyéndolos como parte de un presupuesto anual o complementario, o a través de comités fiscales legislativos autorizados para gastar esos dólares.
Ese caudal de dinero se tradujo en pago de bonos para los trabajadores de servicios de emergencia o inversiones en infraestructura de agua, alcantarillado y banda ancha, dando respiro a las cuentas estatales.
Pero en ningún caso, las gobernaciones bajo control republicano mencionan al presidente Biden o los demócratas como gestores del plan de rescate, o los efectos negativos para la economía si ARP no hubiera salido adelante, como indicó el Departamento del Tesoro en un informe.
La ley resultó en 4 millones de empleos más a la economía y casi duplicó el crecimiento del PIB. Sin ella, “Estados Unidos se habría acercado a una recesión de dos dígitos en la primavera de 2021”, según Moody’s, la agencia calificadora.
Mucho menos, los republicanos en sus gobernaciones comentan que los cientos de millones de dólares en fondos para educación, vivienda, alimentación y guarderías que están repartiendo a sus ciudadanos fueron rechazados por la totalidad de su partido cuando la votación se dio en ambas cámaras el año pasado.
Florida es una muestra de esa premisa.
Los legisladores republicanos que representan al estado ante Washington votaron “no” al ARP. El estado terminó recibiendo 8,8 billones de dólares en asignaciones que podrá gasta hasta 2026.
El senador Marco Rubio, republicano por Florida, llegó a catalogar el ARP de “irresponsable”, mientras el senador Rick Scoot, republicano por Florida, lo llamó “desperdicio” de dinero.
Ahora los fondos se están invirtiendo en sus jurisdicciones con inyecciones de millones de dólares en educación, como en el Miami-Dade College.
Florida recibió casi $2,4 billones para 260 colegios y universidades, incluidos $163 millones para colegios comunitarios debido al ARP, según un documento de la Casa Blanca.
Con la mirada sobre Washington
El gobernador Ron DeSantis, republicano por Florida, habla de la “inflación causada por Biden” para justificar el envío de cheques de asistencia económica a familias de bajos ingresos utilizando los excedentes de fondos de ARP, mientras que el gobernador Brian Porter Kemp, republicano por Georgia, hace lo mismo en su estado.
Ambos son acérrimos críticos de Biden y buscan la reelección en noviembre.
En los últimos tres meses más de una docena de estados controlados por demócratas y republicanos implementaron ayudas económicas para sus residentes a medida que la inflación comenzó a golpear los presupuestos familiares en toda la nación.
Los esfuerzos de estímulo varían según el estado, pero incluyen pagos únicos, reembolsos de impuestos, créditos fiscales y suspensión de impuestos a la gasolina, la cual ha aumentado 32% en los últimos doce meses.
Sin duda, el peso de la inflación sobre la economía se volvió el caballo de batalla de los republicanos de cara a las elecciones de noviembre, donde lograr el control del Congreso es clave para frenar la agenda política de Biden.
La Casa Blanca reconoce que reducir la inflación es su máxima prioridad.
Por eso liberó petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo para ayudar a estabilizar los precios de la gasolina, aplicó medidas para aliviar las interrupciones en la cadena de suministro y presionó a la Reserva Federal para que tome medidas drásticas por la situación.
El impacto de las medidas comienza a sentirse, pero lentamente.
El Índice de Precios al Consumidor subió 8,5 % en el año hasta julio, en comparación con el 9,1 % de junio, una desaceleración mayor de lo que habían proyectado los economistas. No obstante, sigue siendo la tasa de aumento más rápida en cuatro décadas.
Los estrategas demócratas están percibiendo que su partido está perdiendo apoyo de la clase trabajadora a medida que esta percibe que, a diferencia de los republicanos, ellos no hacen poco o nada por generar fuentes de empleo y mejor calidad de vida.
“Para recuperar a estos votantes, los demócratas tienen que hacer más para demostrar que estamos poniendo a los trabajadores estadounidenses en primer lugar, comenzando con la subcontratación y los malos acuerdos comerciales”, escribió Brian Stryker, estratega demócrata que trabaja con muchos candidatos en el Medio Oeste, en un artículo de opinión.
“Si los demócratas no pueden hacer estas cosas, perderán más elecciones. Muchos votantes están desanimados por las guerras culturales republicanas, pero las tolerarán si creen que están votando por el partido que está luchando por sus trabajos y billeteras”, advirtió Stryker.