Texas, el mayor estado del país en restringir los abortos, tiene ahora tres prohibiciones importantes en su legislación, lo que crea un potencial campo minado legal.
Practicar un aborto es ahora un delito castigado con hasta la cadena perpetua en Texas, después de que el 25 de agosto pasado entrara en vigor la ley estatal de activación, o Trigger Law, como se conoce, que sólo tiene estrechas excepciones para salvar la vida de una paciente embarazada.
La ley se “activó” cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos emitió su sentencia en Dobbs v. Jackson, el caso que anuló Roe v. Wade y permitió que los estados establecieran sus propias leyes sobre el aborto.
Las clínicas de aborto en todo Texas ya habían dejado de realizar el procedimiento, por temor a ser procesados bajo las leyes estatales que estaban en los libros antes de Roe v. Wade.
Texas cuenta ahora con tres importantes prohibiciones del aborto y varias normas administrativas que regulan el procedimiento, lo que plantea un posible conflicto mientras el mayor estado que prohíbe el aborto navega por este nuevo panorama legal.
La ley penaliza la realización de un aborto desde el momento de la fertilización a menos que la paciente embarazada se enfrente a “una condición física potencialmente mortal agravada por, causada o derivada de un embarazo”. El estatuto prohíbe específicamente procesar a una paciente embarazada que se somete a un aborto.
Las violaciones de la ley se castigan con hasta cadena perpetua. El estatuto también dice que el fiscal general “deberá” buscar una sanción civil de no menos de $100,000, más los honorarios del abogado.
La Asociación de Abogados del Distrito y del Condado de Texas ha expresado su preocupación por este lenguaje.
“Si esto le hace saltar la bandera roja de la doble incriminación, felicitaciones”, reza un memorándum en el sitio web del grupo, citando un caso de 1994 en el que la Suprema Corte dictaminó que a un acusado condenado y castigado por un delito penal no se le puede imponer también una sanción civil no reparadora. Del mismo modo, si un acusado paga una multa civil, no puede ser procesado penalmente por el mismo delito.
“Al exigir [a la oficina del fiscal general, (OAG en inglés)] que persiga una pena civil de seis cifras como mínimo por la misma conducta que potencialmente incurre en una sentencia de prisión por delito grave y una multa penal”, se lee en el memorando, “la legislatura ha creado un marco legal que podría impedir una condena penal por ciertas violaciones del nuevo delito de la ‘ley gatillo’ contra el aborto si alguna de esas multas civiles es cobrada por la OAG”.
Charles “Rocky” Rhodes, profesor de derecho en la Facultad de Derecho del Sur de Texas, dijo que aún no está claro si la multa de $100,000 impediría el enjuiciamiento penal.
“Yo podría intentar [esa defensa] si estuviera representando a alguien, pero … no creo que haya un claro golpe de suerte allí”, dijo.
La multa civil, sin embargo, puede llegar a ser una pieza importante de ejecución a medida que más fiscales se oponen públicamente a las leyes penales.
Varias ciudades importantes están considerando o han aprobado medidas que prohíben el uso de fondos locales para investigar o perseguir delitos relacionados con el aborto, y los fiscales de distrito de cinco grandes condados -Bexar, Dallas, Fort Bend, Nueces y Travis- han dicho que no presentarán cargos penales en estos casos.
Los legisladores conservadores ya han dicho que tienen la intención de proponer una legislación que permita a los fiscales llevar los casos de aborto fuera de su propia jurisdicción si el fiscal de distrito local no lo hace.
“Eso nunca se ha hecho en Texas, pero la Legislatura probablemente pueda al menos poner en marcha esa bola”, comentó el abogado de Dallas David Coale. “Entonces, tienes fiscales con opiniones contradictorias sobre el mismo conjunto de hechos, y entonces realmente tienes un zoológico”.
Otras leyes de aborto
También se plantean cuestiones legales sobre cómo se alinean estas leyes con otras leyes de aborto del estado. Los estatutos anteriores a Roe, que se remontan al primer código penal de Texas en 1857, conllevan de dos a cinco años de prisión, en comparación con los cinco años a cadena perpetua de la nueva prohibición del aborto.
“Cada una de las leyes tiene un alcance un poco diferente, diferentes castigos y posibles argumentos sobre hasta dónde se extienden”, agregó Rhodes. “La posición de la Legislatura de Texas será que estas leyes son complementarias, en lugar de estar en conflicto”.
Los estatutos anteriores a Roe están actualmente en vigor, pero la Suprema Corte del estado no ha emitido un fallo final sobre si se pueden aplicar penalmente en el futuro. Coale sostuvo que este limbo legal puede empujar a los fiscales a presentar cargos bajo la ley de activación.
“Si eres un fiscal, ¿por qué diablos te acercarías a eso?” se preguntó. “Va a cobrar algo bajo el nuevo estatuto de la manera más limitada posible que claramente no entre en conflicto con nada en los estatutos anteriores”.
Si un fiscal presenta un caso bajo la ley de activación, Coale explicó que los acusados probablemente intentarán argumentar que los estatutos están en conflicto. Pero gran parte de esto seguirá siendo teórico hasta que se identifique y acuse un caso de prueba, lo que puede no suceder de inmediato.
“Mi expectativa es que lo que va a ocurrir es exactamente lo que ocurrió con la ley SB 8”, manifestó, refiriéndose a la prohibición civil de los abortos después de unas seis semanas de embarazo. “La gente va a pecar de precavida y… el efecto disuasorio va a ser enorme”.
Una diferencia significativa entre las dos leyes es que, aunque ambas penalizan a la persona que realiza el aborto ilegal, las leyes anteriores a Roe también permiten presentar cargos contra cualquiera que “proporcione los medios” para un aborto.
“La ley de activación se dirige realmente al proveedor de abortos, mientras que la antigua ley… también tiene esta base adicional de responsabilidad de cómplice para la persona que procura los medios para poder abortar”, indicó Rhodes. “Sin embargo, la ley es vaga en cuanto a lo que realmente significa”.
En la era del aborto con medicamentos, en la que la gente puede recibir píldoras inductoras del aborto por correo en sus casas desde farmacias extranjeras o redes de promoción, identificar a quien realizó o proporcionó los medios para un aborto ilegal será probablemente más difícil.
Los fondos para el aborto sin ánimo de lucro que ayudan a las personas a viajar fuera del estado ya han interrumpido su labor, por temor a posibles procesos penales en virtud de los estatutos anteriores a Roe. Los legisladores de Texas y de otros estados conservadores han discutido la posibilidad de prohibir los viajes interestatales para practicar el aborto.
“La gente está diciendo algunas cosas en su entusiasmo por el aborto que simplemente no son muy democráticas, y no hay otra forma educada de decirlo”, comentó Coale.
Incluso en jurisdicciones donde la policía y los fiscales no están trabajando activamente para identificar y acusar estos casos, la amenaza de acciones civiles aún se cierne. Texas permanece bajo el Proyecto de Ley 8 del Senado, que permite a cualquier ciudadano privado demandar a cualquier persona que “ayude o sea cómplice” en un aborto después de unas seis semanas de embarazo.
Con $10,000 por aborto en juego, manifestó Coale, existe una motivación significativa para que los ciudadanos privados intenten identificar a las personas que han tenido un aborto y, en el proceso, llevarlas al sistema de justicia penal.
“Mientras tengamos la ley SB 8, la gente va a estar ahí fuera… tratando de conseguir esa pena de 10.000 dólares”, advirtió. “Quién más tendrá su mano en ello dependerá de quién esté al mando”.
*Esta historia se publicó originalmente en The Texas Tribune. Reservados todos los derechos.
*The Texas Tribune autorizó al Proyecto Itempnews a reproducir en español el artículo original titulado: Texans who perform abortions now face up to life in prison, $100,000 fine
*Traducción por Frank López Ballesteros
*Foto de Gayatri Malhotra en Unsplash
Un grupo de manifestantes protesta frente a la Suprema Corte de Justicia, en Washington, DC. el 4 de octubre de 2021.
