La decisión del presidente Biden de canjear a dos narcotraficantes venezolanos por siete estadounidenses detenidos en Caracas, ha provocado críticas. No es la primera vez que un inquilino de la Casa Blanca actúa de esta manera. El caso de Irán-Contra fue una gran muestra.
El Gobierno de Venezuela liberó el sábado a siete estadounidenses encarcelados, incluidos cinco ejecutivos de Citgo Petroleum, a cambio de que la Casa Blanca entregara a dos sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que desde 2016 cumplían condenas por tráfico de drogas, informó la Casa Blanca.
El canje incluyó además al veterano de la Marina estadounidense Matthew Heath y otro ciudadano llamado Osman Khan, lo que constituye una de las mayores liberaciones de estadounidenses detenidos en el extranjero en los últimos 30 años, al menos públicamente.
La decisión abre un intenso debate sobre si esto representa una ruptura a la política de larga data de los gobiernos estadounidenses de no negociar con terroristas o criminales, y si es necesario liberar a delincuentes condenados por Estados Unidos para traer de vuelta a sus ciudadanos retenidos injustamente en el extranjero.
“Después de años de estar detenidos injustamente en Venezuela, traemos a casa a Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, José Pereira, Matthew Heath y Osman Khan”, dijo el presidente Joe Biden dijo en un comunicado.
Los cinco empleados de Citgo, la petrolera con capital venezolano con sede en Houston, detenidos en Venezuela en 2017 eran Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y José Pereira.
Heath, un exmarine hospitalizado luego de lo que su familia dijo que fue un intento de suicidio en junio, había estado detenido desde 2020 por cargos de terrorismo, que él negó, indicó Reuters.
Ningún otro país industrializado como Estados Unidos tiene tantos nacionales secuestrados o bajo arresto ilegal promovido por un estado, al menos públicamente, detalló una investigación de Itempnews este año.
La estrategia de esos gobiernos es socavar la política exterior de la Casa Blanca. Irán, China y Venezuela lideran la tabla con más estadounidenses retenidos.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado rechazan confirmar cualquier cifra de rehenes estadounidenses en el exterior.
Al menos unos 50 estadounidenses podrían estar secuestrados en el exterior, según James W. Foley Legacy Foundation, una organización que nació en honor al periodista independiente asesinado en 2014 por terroristas del Estado Islámico en Siria (ISIS).
Esta realidad genera fuertes presiones sobre los gobiernos de turno en la Casa Blanca, pues muchas veces los familiares de los rehenes, impulsados por los medios de comunicación, acusan a la administración de no hacer nada para traer de vuelta a sus seres queridos.
La crisis de los rehenes en Irán el 4 noviembre de 1979 marcó la memoria de Estados Unidos para siempre. Ese día decenas de estudiantes iraníes tomaron la embajada en Teherán y detuvieron a 66 personas.
Un total de 52 diplomáticos estadounidenses permanecieron 444 días en poder de sus captores.
Desde entonces el Departamento de Estado mide la seguridad de sus funcionarios y legaciones en el mundo bajo ese incidente por temor a que se repita.
El último intercambio de prisioneros en el que participaron tantas personas tuvo lugar en 2010, cuando el presidente Barack Obama acordó liberar a 10 rusos detenidos por espionaje a cambio de cuatro personas detenidas por Moscú por sus contactos con las agencias de inteligencia occidentales, de acuerdo con el New York Times.
Presión diplomática
Pero lo que ha hecho Biden este fin de semana no es algo inusual en la larga historia de negociaciones y canjes que los presidentes estadounidenses han impulsado para traer de regreso a sus nacionales.
En octubre de 2020, dos estadounidenses retenidos como rehenes por combatientes hutíes respaldados por Irán en Yemen fueron liberados en un acuerdo negociado por la administración de Donald Trump y el gobierno del sultán de Omán.
El acuerdo permitió regresar a Yemen a unos 240 hutíes en Omán, muchos de ellos excombatientes armados capturados originalmente por Arabia Saudí.
En mayo de 2014 el presidente Obama logró la liberación del sargento Bowe Bergdahl tras casi cinco años de cautiverio en manos de los talibanes en Afganistán.
Como parte del acuerdo, Estados Unidos entregó a cinco talibanes detenidos en la instalación militar de la Bahía de Guantánamo.
El presidente Biden firmó en julio una orden ejecutiva para tratar de mejorar los esfuerzos del gobierno para liberar a los rehenes y detenidos estadounidenses, luego de que Rusia, bajo por presión por la guerra con Ucrania, detuviera en febrero a la jugadora de baloncesto profesional de la WNBA Brittney Griner y otro estadounidense, Paul Whelan.
La orden ejecutiva se emite en medio del creciente uso de nacionales estadounidenses como moneda de cambio de regímenes autoritarios y terroristas para presionar a Washington.
La medida establece nuevos costos, incluidas sanciones y prohibiciones de visas, contra los perpetradores de tales actos.
Además, el Departamento de Estado ha introducido un nuevo indicador de advertencia “D” que está diseñado para ayudar a los estadounidenses a comprender dónde y cuándo viajar puede implicar un mayor riesgo de detención injusta, posiblemente durante largos períodos de tiempo.
Si los viajeros toman la decisión de ir a pesar de esta advertencia “D”, deben saber que están incurriendo en un riesgo personal masivo y que es posible que el gobierno no pueda asegurar su liberación.
Los traumas de Irán-Contra
Un hecho que impactó la política doméstica de la nación fue la admisión por parte del presidente Ronald Reagan, de que su administración vendió armas a Irán a cambio de conseguir la liberación de rehenes estadounidenses, tomando “toda la responsabilidad” en 1987 de lo que pasó a llamarse el “Irán-Contra” ante la opinión pública.
El asunto Irán-Contra fue un acuerdo secreto de armas de Estados Unidos que intercambió misiles y otras armas para liberar a algunos estadounidenses secuestrados por terroristas en el Líbano, incluyendo al jefe de la CIA en ese país. Las ganancias de la venta de armas se canalizaron en secreto a los rebeldes de la contra en Nicaragua, que intentaban derrocar al régimen marxista del país, conocido como los sandinistas.
El polémico acuerdo, y el consiguiente escándalo político, amenazaron con terminar la presidencia de Reagan porque desde cualquier óptica, el plan era ilegal. Existía un embargo de armas contra Irán y una prohibición de ayuda estadounidense a los contras impuesta por el Congreso.
A principios de 1985, el director del Consejo de Seguridad Nacional, Robert C. McFarlane, emprendió la venta de misiles antitanques y antiaéreos a Irán con la creencia errónea de que esto aseguraría la liberación de los rehenes estadounidenses en poder del movimiento chií Hezbolá en Líbano durante la guerra civil en ese país.
Esta y varias ventas de armas posteriores al régimen de los ayatolás en 1986 contradecían directamente la política declarada públicamente por el gobierno de Estados Unidos de negarse a negociar con terroristas o ayudar a Irán en su guerra con Irak, una política basada en la creencia de que Teherán era un patrocinador del terrorismo internacional.
Políticas de reacción
En otro hecho sin aparente relación, Siamak Namazi, un estadounidense iraní de 51 años encarcelado en Irán durante casi siete años por cargos de espionaje rechazados por Washington como infundados, pudo salir de la prisión de Evin en Teherán con una semana de permiso, indicó su abogado el sábado.
Por separado, a su padre y exfuncionario de las Naciones Unidas Baquer Namazi, quien también fue condenado por cargos de “colaboración con un gobierno hostil”, se le permitió salir de Irán para recibir tratamiento médico, dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en un comunicado citado por Reuters.
El consenso mundial al que están llegando la mayoría de los países víctimas de esta forma de “diplomacia de rehenes” se materializa a través de una Declaración lanzada por Canadá en febrero de 2021 la cual cuenta hasta ahora con 67 países firmantes, que apunta a frenar el uso de las detenciones arbitrarias en las relaciones de Estado a Estado.
No obstante, la respuesta interna de los propios gobiernos ha sido la piedra de tranca para responder la actual crisis.