Con años de desastre económico y represión política a sus espaldas, Venezuela se enfrenta a un cambio antes inconcebible: Nicolas Maduro, el autoritario líder socialista, podría perder la presidencia de manera aplastante
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¿Qué ocurrirá el 28 julio? Es la pregunta que se repiten los venezolanos bajo un clima de incertidumbre cuando ese día acudirán a las urnas para decidir el futuro de Venezuela en unas elecciones presidenciales que determinarán el destino del régimen autoritario de Nicolas Maduro en su cruzada por retener el poder.
Lo que suceda en el país suramericano también es una prueba final a un enfoque menos radical que la administración del presidente Joe Biden utilizó, al aceptar en 2022, conversaciones entre funcionarios de la Casa Blanca y delegados de Maduro, lo que luego de altibajos y traspiés, terminó por impulsar unas elecciones que pocos creían posible de celebrar.
Un retorno a la democracia en Venezuela a partir de ahora sería una gran victoria en política exterior para Biden en un momento en el que necesita exponer credenciales de éxito y liderazgo global frente a sus ciudadanos a cuatro meses de las elecciones presidenciales. No hay que olvidar que la crisis venezolana ha golpeado directamente la fibra de la política nacional de Estados Unidos con miles de migrantes de ese país entrando por la frontera sur.
Una encuestadora estadunidense especializada en procesos electorales, Mass Behavior Research estimó que la participación para estos comicios estará por encima de los 13,6 millones de electores, una cifra reveladora para un país de 30 millones de habitantes que ha sido testigo del colapso económico de una nación que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.
En este proceso se inscribieron 10 candidatos, entre ellos, Maduro, de 61 años, que busca su tercera reelección y en el poder desde 2013, y Edmundo González Urrutia, un exdiplomático venezolano septuagenario que fue propuesto por la coalición opositora a última hora, debido a la imposibilidad de inscribir a María Corina Machado, una de las principales líderes de oposición.
“Algunos de los candidatos a pesar de no tener ninguna opción a la victoria, mantendrán su candidatura. Su rol es obvio, confundir y dispersar el voto de uno de los sectores, sin embargo, los electores en casi su totalidad ya han decidido a quién apoyar”, dijo Torres.
El equipo de Itempnews contactó a media docena de analistas políticos en Venezuela para despejar la interrogante sobre qué puede ocurrir antes o después del 28 de julio en unos comicios que pueden conducir no solo a la derrota electoral de Maduro, sino al quiebre decisivo del modelo socialista erigido por Hugo Chávez, a partir de 1999.
El actual mandatario llegó al poder tras la muerte de Chávez en 2013 coronado como su heredero político, pero con el tiempo su figura se volvió cada vez más autoritaria y poderosa, con lo que pudo sortear una devastadora crisis económica y el colapso de los servicios e instituciones del país.
¿Logrará el candidato opositor no solo ganar sino reivindicar el mantra “hasta el final” que tanto pregonó María Corina Machado durante la campaña? ¿Maduro se aferrará a toda costa al poder? ¿Suspenderán las elecciones antes de la fecha o anularán los resultados?
Un escenario certero es difícil de predecir, incluso el mismo día de las elecciones. Existe 65% de probabilidades de que la contienda se realice el próximo domingo, según Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, una de las más antiguas y respetadas del país. El otro 35% restante se refiere a la posibilidad de que sean reprogramadas hasta diciembre “en el mejor de los casos” o suspendidas indefinidamente, en vista de la alta brecha que favorece al máximo oponente de Maduro, González Urrutia.
“La elección está diseñada para favorecer a Maduro”, señaló el abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, asociado al Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, un centro de análisis con sede en Washington.
“El cúmulo de irregularidades, fraudes y violaciones a derechos humanos es tal, que este es un proceso diseñado para favorecer a Nicolás Maduro y, por lo tanto, cualquier resultado electoral que derive en su proclamación como presidente reelecto, va a ser ilegítimo e inconstitucional. No reflejará los estándares de elecciones libres y justas, tal y como le exigen, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana”.
Fuentes consultadas por Itempnews, asociadas a las negociaciones entre el gobierno y la oposición, que prefirieron el anonimato por su seguridad, advirtieron de varios escenarios que convergen en una salida del líder socialista solo si la Casa Blanca le otorga garantías personales.
En el primer escenario, Maduro perdería en las urnas con más de 25% de los votos, como coinciden la mayoría de los sondeos. Torres, el encuestador, señaló en un análisis de junio, que González Urrutia mantiene la intención de votos muy por encima a la del actual mandatario, gracias a la campaña de Machado en el interior del país.
“Sus números se mantienen como la primera opción a la presidencia de la república, si y solo si, las condiciones actuales se permanecen”, agregó.
Segundo, el presidente aceptaría su derrota, solo si logra negociar que los Estados Unidos descongele sus bienes retenidos, suspenda la orden de captura en su contra y deje de poner precio a su cabeza, otorgándole garantías a él y su cúpula más cercana.
Con la salida de Maduro de Miraflores, el gobierno de Joe Biden le pondría fin a los compromisos acordados con el régimen venezolano durante las negociaciones, que comenzaron a hacerse efectivos cuando EEUU liberó a Alex Saab, un empresario colombiano ficha de Maduro que estuvo preso por lavado de dinero. Su detención obligó a Maduro a negociar y convocar a elecciones con un órgano electoral menos politizado.
González Urrutia lideraría un proceso de transición en Venezuela que incluye la reinstitucionalización del Estado, y en un lapso de dos años máximo, se efectuarían unos comicios presidenciales libres y democráticos, con observación electoral e independencia de poderes.
Ese sería uno de los puntos acordados con EEUU y la razón por la cual el Consejo Nacional Electoral, la entidad que organiza las elecciones en el país, mantuvo vigente la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, una coalición de partidos de oposición, y admitió la participación de González. En ese momento, participarían María Corina Machado (Plataforma Unitaria), Diosdado Cabello, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, y Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta de la República a con Somos Venezuela, una nueva organización conectada con el gobierno.
La última jugada
Si las negociaciones con el gobierno de Biden y la Unión Europea no prosperan, el madurismo, que tiene el control de todas las instituciones del Estado, sacaría un “as bajo la manga”: una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dando respuesta a una particular solicitud del dirigente opositor Luis Ratti, quien es visto como ficha del gobierno.
La sentencia se basaría en la prohibición de la doble militancia, ya que la MUD no es un partido político. Es una coalición que agrupa a los principales organizaciones políticas de la oposición.
Suspender esa tarjeta de votación horas antes de la elección generaría confusión en el electorado y, por consiguiente, anulación de votos para González Urrutia, pero este candidato no solo está respaldado por esa tarjeta sino por la de Un Nuevo Tiempo y Movimiento Por Venezuela.
Aníbal Sánchez, analista electoral y diputado del Parlamento venezolano, explicó que la amenaza por parte del régimen de inhabilitar la tarjeta de la MUD, que agrupa a los seis partidos de oposición mas votados, “siempre va a estar” sobre la mesa. Aseguró que la coalición de partidos no cumplió con el requisito de recolección de firmas para renovación de partidos que lanzó el CNE años atrás. Debido a que en su mayoría, las manifestaciones de voluntad fueron anuladas bajo la prohibición de doble militancia partidista. Su habilitación en estás elecciones es el resultado de acuerdos políticos.
Otra opción ante una eventual anulación de la candidatura de González es usar el “candidato anónimo” que ya se encuentra inscrito, explicó una fuente ligada a la dirección estratégica de la campaña de la Unidad.
Un jaque a María Corina.
Ese escenario dejaría por fuera el poder que tiene María Corina Machado sobre el candidato opositor. También conllevaría a la abstención electoral, por decepción de los votantes, beneficiando nuevamente a Maduro.
Esa idea no es descabellada. El régimen, desde que Machado inició su campaña a la presidencia participando en las primarias, ha intentado bloquear su camino al Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana.
Aunque fue la ganadora de las primarias de la oposición con más del 90% de los votos (3 millones aproximadamente), no pudo inscribirse como candidata por una inhabilitación política que pesa en su contra desde 2013, la cual, según políticos y abogados expertos en la Constitución, no tiene sustento jurídico ni fue una sentencia dictada por un juez.
El organismo electoral tampoco admitió la participación de Corina Yoris, una académica venezolana de 80 años que era la primera opción de Machado para competir en su nombre. No pudo ser inscrita pese a cumplir con todos los requisitos y no tener ningún tipo de causa jurídica abierta que le impidiera su participación.
Según las leyes venezolanas, los requisitos para ser presidente son: ser ciudadano venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, en pleno goce de sus derechos, tener 30 años cumplidos al tiempo de la elección y no estar sometido a condena mediante sentencia definitiva firme.
El camino del terror
Hernández, el constitucionalista, destacó que, aunque se espera que la siguiente movida de Maduro sea suspender las elecciones o inhabilitar la tarjeta de la MUD, el costo político sea un freno en el camino.
“Maduro no ha hecho estas movidas, y por el contrario ha asumido el costo y el riesgo de permitir una muy delicada, frágil e imperfecta campaña electoral, por el costo político. No es que él quiere estas elecciones, es que ha sido forzado a mantener estas elecciones”, resaltó.
La comunidad internacional ha sido la mayor promotora de estas elecciones. Desde 2021 se han mantenido negociaciones en Barbados, Noruega, México y Qatar, en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, que ha dejado más de ocho millones de venezolanos huyendo a otros países, según Naciones Unidas.
Marisela Betancourt, politóloga, cursante de la maestría de ciencias políticas del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, explicó que la polarización política y el ventajismo electoral de Maduro sumado a la falta de experiencia política y reconocimiento de la candidatura principal de la oposición, “que es una persona que no es política, sino que surgió a partir de una negociación de última hora”, incide en la participación y en la voluntad del voto.
El sistema de terror que mantiene el régimen venezolano se ha intensificado durante la campaña violando no solo las leyes, sino los acuerdos establecidos durante negociaciones políticas, los cuales estipulan la libre participación política y de expresión.
Recientemente, Maduro advirtió en cadena nacional de televisión sobre un “baño de sangre” si llegase a ganar “la derecha fascista”, y aseguró que él es el único que puede garantizar la paz en Venezuela. Ese mismo día, Freddy Bernal, un militar que gobierna el estado fronterizo de Táchira, aseguró que si “la revolución bolivariana pierde, la oposición no duraría ni un año en el poder, por el pueblo en la calle”.
Horas más tarde, María Corina Machado denunció la detención arbitraria por la policía política de su jefe de seguridad, que la acompañaba durante la gira por el país, el cual debe recorrer de manera particular – en carro, moto y hasta lanchas- porque no puede montarse en avión (las aerolíneas no le venden boletos) y el régimen le pone trabas y alcabalas en su camino.
Durante la campaña de la líder opositora unas setenta personas de su equipo han sido encarceladas y varios negocios fueron clausurados o sancionados luego de recibir visita de la candidata.
Machado también sufrió un atentado durante uno de sus viajes al interior del país. El 18 de julio denunció que los vehículos donde se traslada fueron vandalizados con pinturas en los vidrios y los frenos fueron cortados, lo que pudo haber ocasionado una tragedia
Días antes, el Partido Comunista Venezolano, que en el pasado respaldó a Maduro, hizo público un presunto plan de violencia preparado por el régimen para que se suspendan las elecciones presidenciales.
Por primera vez, el Ejército no activará el Plan República, como se denomina al movimiento de tropas en todo el territorio para custodiar los centros de votación. Esta vez los militares se quedarán acuartelados. La tarea de seguridad de los centros electorales la tendrá la Milicia Bolivariana, un cuerpo de civiles voluntarios leales a Maduro que anteriormente servían como reserva militar y que no tienen conocimientos estratégicos de seguridad y orden público.
El amargo camino de Maduro
“Que Maduro mantenga una elección frágil es un indicador de que por un lado la presión internacional ha funcionado. Quizás haya un problema interno (en el gobierno). Ahí la Fuerza Armada, es un punto clave. Quizás la gran ventaja es que, digamos, frente a la elección, la Fuerza Armada no tiene que hacer nada”, advirtió Hernández.
Este escenario, sumado al uso de los recursos públicos, movilización de las instituciones y la falta de observación internacional imparcial favorecen al candidato oficialista. Hernández, señaló que en ese contexto cualquier resultado que favorezca a Maduro, sería nulo.
“No hay observación electoral internacional en los términos estrictos que esta expresión tiene en el derecho internacional porque el régimen revocó la invitación de la observación de la Unión Europea, frustrando de esa manera un proceso que se había iniciado en 2021 con el memorándum de entendimiento en México y con la misión de observación electoral de las elecciones regionales. Si revisamos el Índice de Elecciones Libres y Justas, pues bueno, Venezuela está en el mismo nivel del Congo. Entonces, todas estas son sólidas evidencias que apuntan a que cualquier resultado que favorezca Nicolás Maduro jurídicamente será nulo”, agregó el especialista.
A juicio de Sánchez, el analista electoral, la mejor carta que tiene la oposición “es ganar en un sistema semi competitivo” que controle la infraestructura, aplique la ley, acabe con el ventajismo y administre con orden los recursos del Estado. Añadió permitir la supervivencia del chavismo y madurismo y evitar la persecución contra Maduro y sus aliados, ayudaría a la esperada transición.
Sobre el planteamiento de una transición, el politólogo Guillermo Aveledo Coll, señaló que es todavía prematuro asumir que el régimen venezolano se abrirá para reconocer opciones de cambio político fuera de su control.
Para Aveledo el 28 de julio “es uno de los momentos más cercanos hacia el cambio político que hemos tenido en las últimas décadas”. Sin embargo, aclara que también hay un autoritarismo electoral más pronunciado que en anteriores contiendas.
Maduro arrastra costos infinitos si pierde, su cabeza tiene un precio de 15 millones de dólares, y aunque sus aliados y la élite militar a su sombra le hace eco de su protección de China y Rusia. No solo tiene la presión de ganar, sino que está obligado a mejorar la situación institucional, económica y social del país, como lo ha prometido durante la campaña. De lo contrario, perdería el bajo apoyo popular que lo respalda. De aferrarse al poder, se sostendría en unas bases frágiles; no tiene la capacidad económica, el liderazgo local ni el acompañamiento internacional para continuar seis años más.
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