A medida que la nueva administración toma forma, surge la incógnita de si será posible supervisar de manera efectiva al pequeño pero poderoso círculo de empresarios adinerados que están dando forma al segundo mandato del presidente.

El segundo mandato del presidente Donald J. Trump incluirá a más individuos ricos y multimillonarios que ninguna otra administración en la historia reciente de Estados Unidos, con patrimonios que, si se combinaran, alcanzarían los 460 mil millones de dólares, casi el 2% del producto interno bruto de la nación.
Esa concentración extraordinaria de riqueza, proveniente de sectores estratégicos de la economía, arrastra numerosos intereses hacia el vasto océano de privilegios del gobierno federal.
Si el primer gobierno de Trump (2017-2021) tuvo el gabinete más rico de la historia, con la fortuna personal del propio presidente como eje central, su segunda administración muestra una mayor diversidad en el origen de esa riqueza, en gran parte gracias al dinero en juego de las empresas tecnológicas de Silicon Valley.
A medida que la nueva administración se configura, surge la incógnita de si legisladores de ambos partidos, grupos de supervisión independientes, la prensa y el público podrán realmente monitorear y exigir rendición de cuentas a este reducido pero poderoso círculo de élites con vasto dinero y conexiones. Todo dependerá de la voluntad política de los republicanos que tienen el control total del gobierno federal.
La primera administración de Trump dejó un sabor amargo en las organizaciones de supervisión gubernamental y en los demócratas del Congreso, quienes intentaron determinar hasta qué punto el propio presidente abusó de su poder para enriquecerse con sus negocios inmobiliarios y turísticos a expensas de su cargo.
Según un informe del Comité de Supervisión de los demócratas publicado en octubre de 2024, estas prácticas representaron un abuso de poder significativo.

Con el regreso del republicano a la Oficina Oval, la pregunta es si se deberán establecer criterios más rigurosos para fiscalizar a los nuevos funcionarios y al propio presidente o si las herramientas existentes serán suficientes para garantizar la transparencia.
Esto es particularmente relevante porque algunos de estos individuos controlarán las mismas industrias que produjeron sus fortunas, mientras que otros mantendrán estrechos vínculos con esos sectores, lo que genera posibles conflictos de intereses.
¿Podrá ser más difícil supervisar a los nuevos funcionarios de acuerdo con el origen de sus fortunas o conexiones? ¿Qué puede significar desde ahora el concepto, a veces abstracto, “abuso de poder”, que pudiera encender las alarmas de los expertos en ética? Esto es algo que está a punto de descubrirse.
“El presidente (Joe) Biden se comprometió a establecer una comisión sobre ética federal para mejorar la aplicación de las leyes éticas. Dado que esta comisión no se creó y la Oficina de Ética del Gobierno (OGE, por sus siglas en inglés) no tiene capacidad para hacer cumplir estas leyes, existe un potencial significativo de conflictos de intereses con los nominados de Trump que tienen una riqueza significativa”, advirtió Danielle Caputo, abogada y asesora del Campaign Legal Center, un grupo de vigilancia no partidista.
El jefe de la OGE se elige cada cinco años con el objetivo de que no sea seleccionado de manera partidista, por lo que a menudo hay cierta superposición entre las administraciones, dijo Caputo en una entrevista telefónica con Itempnews.
El problema radica en que la OGE, que examina a cientos de candidatos aprobados por el Senado y a miles de designados políticos, solo revisa a empleados potenciales del gobierno. Esto excluye a asesores externos como los multimillonarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy, a quienes Trump ha encomendado reducir la burocracia y el “despilfarro” gubernamental.
“Una tarea inmediata será garantizar la divulgación financiera de los nominados, para que cumplan con los requisitos de transparencia sobre sus intereses y acuerdos financieros”, dijo David Huitema, director de la OGE, en una entrevista con Reuters. Este proceso incluye detalles sobre fuentes de ingresos, pasivos, obsequios y transacciones financieras. Sin embargo, incluso con estos filtros, los designados a menudo ocultan detalles clave, como sucedió con Wilbur Ross, exsecretario de Comercio en el primero gobierno de Trump.
La criptomoneda y sus intereses
Antes de asumir el cargo, el presidente Trump anunció el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $Trump, un token digital diseñado para capitalizar la influencia global de su marca y sus seguidores leales.
El token ganó rápidamente fuerza entre los partidarios e inversores, catapultando su valor hasta convertirse en una de las criptomonedas más valiosas del mundo. Sin embargo, los críticos han expresado su preocupación por la transparencia del proyecto, los posibles conflictos de intereses y sus implicaciones más amplias para la intersección de la política estadounidense y las finanzas.
Caputo, la abogada del Campaign Legal Center, ilustró lo que podría ser un potencial conflicto de intereses con la nueva criptomoneda de Trump.
“La nueva moneda está disponible y da la oportunidad para que los gobiernos extranjeros comiencen a comprarla. Esto pondrá dinero directamente en los bolsillos del presidente Trump. A partir de ahí, tal vez veamos que él decide actuar de una manera que tal vez no es algo que Estados Unidos haría tradicionalmente, ayudando a ese gobierno porque compraron su criptomoneda y ahora los está ayudando porque le permitieron a ganar dinero”.

Conexiones y sillas de poder
El equipo de transición presidencial debe realizar 11,000 nombramientos para los próximos cuatro años, de los cuales 2,000 debían estar asignados antes de la toma de posesión el 20 de enero, según The New York Times. Hasta esa fecha, solo se conocían 113 nominados para 817 cargos rastreados por la Asociación para el Servicio Público y The Washington Post. La mayoría provenía del sector privado, lo que puede generar conflictos de intereses, como encontró Itempnews tras revisar algunas nominaciones para el Departamento de Estado cotejando sus perfiles con información pública y datos de OpenSecrets, un grupo de transparencia gubernamental.
El presidente tiene la autoridad de designar unos 4,000 puestos en el poder ejecutivo y dentro de las 441 agencias independientes, incluidos 1,300 que requieren confirmación del Senado. Esto permite repartir posiciones entre colaboradores, estrategas políticos, antiguos cabilderos y donantes que apoyaron a Trump en su regreso al poder.

Al menos una docena de multimillonarios y magnates de industrias como tecnología, construcción, entretenimiento y banca han sido designados para roles clave del gobierno, incluyendo embajadores y cargos no oficiales.
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y Vivek Ramaswamy, magnate de la biotecnología y excandidato presidencial, encabezarán el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Este organismo, impulsado por Trump, tiene como objetivo “reducir el despilfarro” y el tamaño del gobierno.
Además de estas figuras de alto perfil, otras designaciones han recaído en nombres menos conocidos públicamente, como Jacob Helberg, asesor principal de la contratista de defensa Palantir, y Susie Wiles, una influyente lobista y estratega republicana que dirigió la campaña de Trump en 2024. Estas decisiones subrayan el ascendente poder de las corporaciones y sus aliados en la política estadounidense.
Helberg, experto en asuntos tecnológicos y exmiembro de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, fue nominado subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente. Por su parte, Wiles asumirá el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, consolidándose como una de las funcionarias más cercanas al círculo íntimo de Trump.
La conexión entre intereses económicos y funciones públicas es evidente en casos como el de Helberg, quien está casado con Keith Rabois, un millonario inversor tecnológico y ejecutivo en Palantir, la empresa donde Helberg trabajó como asesor. Palantir mantiene contratos millonarios con el Ejército estadounidense, suministrando software de defensa. En septiembre pasado, la pareja organizó una recaudación de fondos para la campaña de Trump, donde Helberg donó personalmente un millón de dólares.
Rabois es miembro de la llamada “Mafia de PayPal”, un grupo de fundadores de la empresa de pagos digitales. Aunque ha destacado como inversor, ha sido Helberg quien durante años ha alertado sobre la necesidad de frenar el avance de China en inteligencia artificial, un sector donde Palantir tiene inversiones significativas y ha destinado millones de dólares a actividades de lobby, según registros públicos.
Ken Howery, inversor tecnológico y exembajador en Suecia durante la administración Trump, ha sido designado embajador en Dinamarca. Fue socio de Keith Rabois en Founders Fund, una destacada firma de capital de riesgo, y ocupó el cargo de primer director financiero de PayPal, mientras que Rabois se desempeñó como director ejecutivo de OpenStore.

Si Helberg es confirmado como subsecretario de Estado, una de sus principales responsabilidades será promover la innovación tecnológica y los intereses de las industrias privadas estadounidenses en el contexto de la creciente rivalidad tecnológica con China. Este enfoque podría alinear los intereses del Gobierno con los de Palantir y su entorno, reflejando las tensiones de la nueva guerra fría tecnológica.
¿Dónde comenzar?
Las regulaciones federales son siempre un tema delicado en cada administración. Desde el primer día del segundo mandato de Trump, las decisiones sobre la derogación de regulaciones federales han sido vistas como una respuesta a intereses ocultos de donantes privilegiados o funcionarios con conexiones, advierten los expertos.
“Ahora podemos estar entrando en una nueva era en la que el dinero se fusiona con el poder. Es tibio quejarse de que los ‘grandes donantes’ tienen una influencia indebida en el gobierno. Los mayores donantes ahora dirigen las campañas. No son financistas clandestinos ni buscadores de petróleo y gas, sino grandes contratistas del gobierno y, en el caso de (Elon) Musk, el propietario de una de las mayores propiedades mediáticas del mundo”, escribió en un boletín Michael Waldman, director ejecutivo del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Con una administración republicana respaldada por ultrarricos, el desafío para los funcionarios y ciudadanos encargados de la ética es que el sistema actual de divulgación financiera y supervisión sea lo suficientemente eficaz para detectar a tiempo posibles conflictos de interés. A medida que los activos y beneficiarios crecen en magnitud, rastrear su origen y conexiones se vuelve cada vez más complicado.
Algunos historiadores argumentan que los padres fundadores temían a las corporaciones debido a los riesgos asociados con la concentración de poder, especialmente en términos de riqueza.
Sin embargo, ha sido a través de estos intereses y demandas a lo largo de tres siglos que se ha moldeado la nación, formando las estructuras gubernamentales actuales y sentando las bases de los Estados Unidos modernos. Lo preocupante es que los principios y estándares que han sostenido a la nación puedan erosionarse completamente debido a una opacidad tolerada desde lo más alto del poder.