Una guía interna del Departamento de Seguridad Nacional, revelada en una demanda federal, permite sumar puntos por tatuajes, camisetas o contactos personales, como base para deportaciones sin juicio.
Tatuajes, ropa urbana y camisetas de los Chicago Bulls son algunas de las señales que el gobierno de Estados Unidos ha estado utilizando para etiquetar a migrantes venezolanos como pandilleros y deportarlos sin juicio, según documentos judiciales revelados recientemente en una demanda.
La llamada “Guía de Validación de Enemigos Extranjeros”, elaborada por la administración Trump, establece un sistema de puntos que permite a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) clasificar a migrantes como miembros del Tren de Aragua (TDA) —una pandilla recientemente designada como organización terrorista extranjera— y ordenar su deportación inmediata bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En conjunto la “Guía de Validación” está compuesta por una lista de verificación con 20 observaciones distribuidas en seis categorías: resultados judiciales, conducta delictiva, simbolismo, asociaciones, información y presencia en redes sociales.
Cada observación tiene un valor entre dos y diez puntos, y la suma de esos puntos define si un migrante será clasificado como integrante de la pandilla venezolana y, por tanto, sujeto a remoción.
Basta con obtener ocho puntos para que un agente de ICE pueda validar a un migrante como miembro de la organización. El sistema otorga, por ejemplo, cuatro puntos por tener tatuajes “asociados” con el TDA —como coronas, trenes, relojes o el logotipo de Michael Jordan— y otros cuatro puntos por usar ropa considerada “urbana de alta gama”, como camisetas de los Bulls o de Jordan.
“Para que te manden a la cárcel en El Salvador, basta con 1) tener un tatuaje que un agente del ICE considere de pandillas y 2) mostrar logotipos, símbolos o ropa que un agente del ICE considere de pandillas”, escribió en su cuenta de X Aaron Reichlin-Melnick, miembro sénior del Consejo Americano de Inmigración, al compartir los documentos de la demanda.
NEW: @ACLU obtained ICE's "Alien Enemies Act Validation Guide," confirming all it takes to be sent to rot in prison in El Salvador is 1) having a tattoo an ICE officer says is a "gang tattoo" and 2) displaying "logos," "symbols," or clothes an ICE officer says are gang signs. pic.twitter.com/eJGj0tuGef
— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) March 30, 2025
Tras conocerse que la administración del presidente Donald Trump había trasladado a 137 migrantes venezolanos a El Salvador bajo acusaciones de pertenecer al TDA, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó la demanda en nombre de los afectados para revertir estas deportaciones.
El documento fue acompañado de unas 150 páginas de anexos que incluyen artículos de prensa, registros públicos previamente divulgados y una copia de la controvertida guía.
Según ACLU, muchos de los migrantes fueron enviados sin juicio previo ni posibilidad de impugnar los señalamientos en su contra. Todos fueron recluidos en el CECOT, una prisión de máxima seguridad con duras condiciones.
Para que un migrante venezolano sea clasificado como “enemigo extranjero”, ICE primero debe confirmar que la persona tiene nacionalidad de ese país suramericano, es mayor de 14 años, y luego aplicar la guía.
Sin embargo, los puntos se acumulan con rapidez.
Enviar un mensaje de texto a un supuesto miembro de la TDA equivale a seis puntos. Usar aplicaciones como Venmo o CashApp para traspasar dinero a esa persona suma tres más. Nueve puntos en total: suficientes para validar una afiliación.
“Esta lista de verificación es impactante”, dijo Reichlin-Melnick. “Con esta lista, el ICE puede declarar a cualquier venezolano como ‘enemigo extranjero’ sin ninguna prueba concreta, basándose únicamente en la interpretación que un agente del ICE hace de los tatuajes, las señas o en la mala suerte de tener un compañero de cuarto que ICE considera miembro del Tren de Aragua”.
El formulario incluso otorga 10 puntos automáticos si una persona admite ser “asociado” de la pandilla —no necesariamente miembro—, algo que, según Reichlin-Melnick, viola la propia lógica de la Ley de Enemigos Extranjeros, que solo aplica a miembros de organizaciones hostiles.
El caso de Andry José Hernández Romero, un maquillador venezolano de 31 años, evidencia lo frágil del sistema. Medios locales reportaron que fue deportado por ICE tras ser señalado como integrante de la banda, únicamente por tener tatuajes de coronas en el cuerpo. Las autoridades interpretaron esos símbolos como una muestra de afiliación, aunque su significado era profundamente personal: una corona junto a la palabra “Mamá” y otra junto a “Papá”.
Hernández Romero, quien se identifica como gay y había trabajado en concursos de belleza en Venezuela, solicitó asilo en Estados Unidos alegando persecución por su orientación sexual y por su activismo político. En lugar de protección, fue enviado a El Salvador.
La periodista venezolana Ronna Rísquez, experta en el Tren de Aragua, también cuestionó la validez del enfoque de ICE: “Los tatuajes no identifican al Tren de Aragua. Quizás haya algún miembro con un símbolo, pero eso no basta. Son diseños populares entre jóvenes en toda América Latina”, explicó en una entrevista con NPR. Mencionó, por ejemplo, que la frase “Real hasta la muerte”, considerada por las autoridades como indicio de pertenencia, es en realidad un eslogan del reguetonero Anuel AA y un tatuaje común entre sus fanáticos.
El pilar legal de las deportaciones
La base legal que sustenta estas deportaciones es la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma firmada en 1798 que otorga al presidente de Estados Unidos poderes excepcionales para detener y deportar ciudadanos extranjeros de países enemigos en tiempos de guerra. Tradicionalmente, esta ley ha sido invocada en contextos de conflicto bélico declarado, como durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero el marco legal es tan amplio que ni siquiera exige evidencia de que la persona represente una amenaza real. “La Ley de Enemigos Extranjeros no le exige al presidente determinar ni siquiera creer que las personas no ciudadanas detenidas o deportadas representan una amenaza para la seguridad nacional”, escribió Katherine Yon Ebright, abogada del Brennan Center for Justice. “Solo basta con haber nacido o residido en el país incorrecto o tener un pasaporte de ese país”.
Además, las personas afectadas no tienen derecho a defenderse. “La ley no les concede ninguna oportunidad de presentar pruebas de su lealtad a los Estados Unidos”, agregó Ebright. “No hay ningún procesamiento mediante el cual puedan apelar a la decisión presidencial de detención o deportación”. Incluso cuando se presentan recursos de hábeas corpus, los tribunales suelen limitarse a revisar si la persona nació o residió en un país considerado hostil, sin entrar en los méritos del caso.
Para Ebright, aplicar esta ley en el contexto actual no solo es un anacronismo legal, sino un riesgo grave para los derechos civiles y el principio de debido proceso. En sus palabras, representa “una herramienta susceptible de abuso” que puede ser usada para evadir deliberadamente las garantías que ofrece el sistema migratorio ordinario.
Defensores de derechos humanos, expertos legales y periodistas coinciden en una preocupación común: no se trata solo de una estrategia migratoria, sino de un precedente peligroso que normaliza la vigilancia, el perfilamiento y la deportación sin pruebas sólidas.