Una tormenta de fraudes en tiempos de pandemia
El Departamento de Justicia ha registrado hasta 72 mil reportes de fraude vinculados al COVID-19, mientras la Oficina de Contabilidad del Gobierno tiene una lista de casi 1,100 denuncias de estafas a los programas de asistencia que el Congreso aprobó.
En Florida un artista de grabación de 36 años compró un Ferrari por 90 mil dólares usando los fondos de alivio contra la pandemia. En Carolina del Norte un hombre falseó documentos para conseguir $6 millones en auxilios, y en Hawái otro fue detenido por estafar $12.8 millones en préstamos contra desastres, un reflejo de lo que están desafiando las fuerzas del orden a lo largo de la nación para combatir fraudes a las ayudas por el coronavirus.
Con una crisis de salud pública que ha cobrado la vida de casi 220 mil estadounidenses, y una economía paralizada con 12,5 millones de desempleados hasta septiembre, el paquete de asistencia federal para apalear los estragos de la pandemia desató una ola de estafas y despilfarro que tiene a las agencias de fiscalización trabajando contrarreloj.
Entre marzo y septiembre se presentaron 1,079 denuncias de fraude a los distintos programas de asistencia que el Congreso aprobó el 27 de marzo en el marco de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, sigla en inglés), según los datos recopilados por ITEMP desde la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO).
En promedio la GAO recogió unas 180 denuncias por mes, seis por día, cuando solo en marzo cerró con 114 reportes de posibles fraudes desde que fue aprobada la ley.
La GAO es una agencia independiente y no partidista que trabaja para el Congreso. A menudo llamado el “perro guardián del Congreso”, examina cómo se gastan los dólares de los contribuyentes para proporcionar información en pro del ahorro y la eficiencia.
Solo el Centro Nacional de Fraude por Desastre del Departamento de Justicia, que funciona desde 2005, ha procesado hasta el 15 de octubre unas 74 mil llamadas y emails con reportes de potenciales estafas o irregularidades relacionadas con el COVID-19.
El paquete del Congreso concedió $ 2.6 billones en asistencia de emergencia para personas, empresas, el sistema de atención médica y los gobiernos estatales y locales, convirtiéndose en el mayor programa de auxilio desde la Gran Recesión en 2007.
Una buena parte de las denuncias que el Departamento de Justicia (DOJ) está manejando desde agosto provienen de planes de individuos para presentar solicitudes de préstamo fraudulentas que buscan fondos condonables del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo la Ley CARES, según los datos recopilados por ITEMP.
Para cuando las solicitudes de préstamos de APP se cerraron el 8 de agosto, estaban aprobados más de 5,2 millones de préstamos por un total de $ 525 mil millones, según el Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia (PRAC) creado para promover la transparencia en respuesta al coronavirus.
Desde estafas de personas que reclamaron montos pequeños hasta conspiraciones que incluyeron a familias que falsificaron información, los fiscales se han encontrado con fraudes millonarios donde los beneficiarios del PPP, desde un primer momento, se dispusieron a gastar el dinero en joyas, bienes raíces o artículos de lujo, y no para atender a sus negocios o evitar el despido de trabajadores.
Pocos días después de recibir un préstamo de ayuda por $3.9 millones, David T. Hines, de 29 años y residente de Miami, pagó por un deportivo Lamborghini Huracán 2020 unos $ 318,000, que registró bajo su nombre y al de una de sus empresas, según una demanda revelada en julio por el Departamento de Justicia.
Semanas después del desembolso de los fondos del PPP, de un total de $12 millones que solicitó, la demanda alega que Hines no realizó los pagos de nómina que reclamó en sus solicitudes de préstamo, pero sí se dedicó a comprar en tiendas y resorts de lujo en Miami Beach.
El caso de Hines resonó por la extravagancia de sus gastos dejando en evidencia un patrón casi similar en los últimos meses entre cientos de estadounidenses que se dedicaron a defraudar al programa federal de ayudas de emergencia.
Festín de fraudes
La Ley CARES asignó hasta $ 349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y algunos otros gastos, a través del PPP. En abril, ante la escalada de las cifras de desempleo que llegó a 23 millones, el Congreso autorizó $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP.
Esto desencadenó un festín de fraudes alrededor del país, tomando en cuenta la celeridad con que se aprobaban las asignaciones y la variedad de solicitudes. Pero las consecuencias apenas se asoman.
“Dos componentes del triángulo del fraude son el incentivo y la oportunidad. El fraude es un acto criminal. Como ocurre con la mayoría de los delincuentes, su incentivo para cometer fraude es el enriquecimiento personal. Con esta crisis los programas más vulnerables serán aquellos que necesariamente relajaron los controles internos a fin de facilitar el desembolso de fondos para lograr los objetivos previstos del programa”, dijo James Arp, director de investigaciones del GAO.
Hasta el 15 de octubre más de 65 personas en 50 casos han sido acusadas penalmente de obtener préstamos fraudulentamente del PPP, reportó el Departamento de Justicia.
Con este escenario a cuestas, el temor es que un segundo brote de la enfermedad a partir de los meses de otoño e invierno, como prevén los especialistas, reviva el caos de los primeros meses del año cuando la administración federal y el sistema de salud quedaron abrumados al no contar con fondos suficientes para responder a la emergencia.
A esto se ha sumado la batalla casi personal del presidente Donald Trump contra los inspectores generales a cargo de fiscalizar las operaciones de la administración federal, gracias a que, por las funciones que por ley les corresponden, se desencadenó el juicio político en su contra en enero pasado.
Bajo una realidad donde la ciudadanía está actuando de forma indebida con las ayudas contra la pandemia y los inspectores -o watchdogs- se encuentran bajo un ataque sistemático desde la Casa Blanca, el riesgo a la supervisión independiente de los más de $2 billones en gastos de alivio de coronavirus, es serio.
“Los perros guardianes o watchdogs, que supervisan a 14,000 auditores e investigadores en todo el gobierno, tienen un amplio mandato que abarca desde auditorías rutinarias de operaciones y gastos hasta investigaciones de actividades delictivas”, explicaban Lisa Rein y Ton Hambuger en The Washington Post.
Desde una óptica en la que la inyección de dinero público a la economía es enorme, este debería ser el mayor proceso de control fiscal en la historia moderna de Estados Unidos.
“Este es, con mucho, el paquete de gastos de emergencia más grande que el Congreso haya aprobado. La supervisión será un elemento fundamental para ayudar a garantizar que esta financiación llegue a donde más se necesita”, advirtió Dylan Hedtler-Gaudette, analista de políticas del Proyecto sobre Supervisión Gubernamental (POGO), una ONG de control independiente no partidista que investiga y expone el despilfarro y la corrupción pública.
Los efectos de COVID-19 “son masivos en escala y alcance, que es lo que hacen las pandemias. La respuesta del gobierno, a su vez, ha sido masiva. Para poner en contexto, la Ley CARES autorizó más fondos que TARP y la Ley de Recuperación, combinadas” cuando estalló la crisis financiera de 2008, dijo Chuck Young, director de asuntos públicos de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO).
Desde la perspectiva de los analistas del POGO el mayor desafío para supervisar el paquete de gastos de emergencia era la falta de datos de las agencias sobre cómo estaban manejando el dinero.
Cada agencia involucrada tiene el requisito legal de presentar informes mensuales al Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia, detallando cómo y con qué propósitos están distribuyendo estos fondos. “Desafortunadamente, parece que la administración está dispuesta a ignorar ese requisito legal, al menos a corto plazo”, advirtió Hedtler-Gaudette.
La GAO, por su parte, está examinando muchos aspectos de la respuesta federal y es una fuente de información no partidista basada en hechos. La Ley CARES requiere que la GAO emita informes bimensuales sobre el impacto de COVID-19 y el último fue revelado en septiembre, dejando al descubiertos anomalías en las distintas agencias y organismos a cargo de enfrentar la pandemia.
Con una crisis de salud pública que afectó todos los aspectos de la vida nacional, no hay ningún sector que deje de ser vulnerable al fraude en este momento. La propagación del coronavirus no ahuyentó otras realidades o problemas como los huracanes, los incendios forestales o las trabas del comercio global para adquirir bienes, por lo que hay doble problema.
El Gobierno está manejando dinero como nunca, y la gente sabe lo que significa.
“Todos los sectores pueden ser vulnerables al fraude. Pero como vemos en las contrataciones gubernamentales en condiciones normales, la relación entre el gobierno y la industria está lista para el despilfarro, el fraude, el abuso y el amiguismo”, señaló Dylan Hedtler-Gaudette el analista del POGO.
“Esta dinámica es tanto más verdadera y corrosiva en tiempos de emergencia, ya que las cosas se mueven más rápidamente y, a menudo, con menos escrutinio de lo habitual. Los gigantes contratistas de defensa, por ejemplo, buscan obtener su parte del pastel de respuesta a la pandemia y su dominio preexistente sobre el espacio de contratación del gobierno les da una ventaja desproporcionada en el contexto del coronavirus”, acotó.
Hasta septiembre se promulgaron cuatro leyes de ayuda, incluida la Ley CARES, para proporcionar asignaciones para abordar las amenazas económicas y de salud pública planteadas por COVID-19.
Al 31 de julio de 2020, último dato disponible, el gobierno federal había comprometido $ 1.6 billones y gastado $ 1.5 billones de los fondos de ayuda de COVID-19 según lo informado por las agencias federales en USAspending.gov.
Los programas de préstamos comerciales, los programas de estabilización económica y asistencia a sectores en dificultades, el seguro de desempleo, los pagos por impacto económico, el fondo de emergencia de servicios sociales y de salud pública y el fondo de ayuda para el coronavirus representan 2,2 billones de dólares, u 85%, de las cantidades totales, según la misma fuente.
Soltar al perro guardián
Cuando el 25 de marzo el Departamento de Justicia presentó el primer caso de fraude relacionado con COVID-19, los fiscales y agentes de la ley supieron que lo que estaba por venir sería inédito como la propia pandemia. Pero hasta el 15 de octubre hay cargos penales en 33 casos en todo el país relacionados con vacunas, tratamientos, pruebas fraudulentas o aumento de precios en la venta de suministros médicos escasos, según las autoridades.
El sobreprecio, falsificación de insumos y la comercialización ilegal de medicamentos de alta demanda, son los delitos o faltas más comunes que las fuerzas encargadas del orden están revelando a diario.
Alguna de estas prácticas, incluso, constituyeron un riesgo a la salud pública como cuando un proveedor de equipos de protección personal falsificados desde China trató de vender máscaras N95 a una red de hospitales, pero la operación fue abortada porque los productos no llegaron.
En estos momentos las cadenas de suministro farmacéutico siguen siendo muy susceptibles a la corrupción, advirtió Jodi Vittori, una académica no residente en el Programa de Democracia del Carnegie Endowment en Washington.
“La crisis del coronavirus llegó en un momento en que los estadounidenses ya desconfían de que la industria farmacéutica tenga los mejores intereses en los pacientes. Estados Unidos todavía se encuentra en medio de una crisis de opioides, con juicios en curso contra las principales farmacéuticas del país y el mundo”, escribió la experta en una nota sobre las vulnerabilidades de corrupción durante el COVID-19.
Nikki Clowers, directora general de atención médica de la Oficina de Contabilidad del Gobierno indicó que para evitar fraudes en este sector “se están examinando las cadenas de suministros farmacéuticos, con un enfoque en el examen de fuentes de ingredientes activos” lo que permite conocer el valor de la producción y comercialización.
Con el coronavirus, este puede ser el año de la industria farmacéutica y sanitaria para influir en los políticos, para financiar sus campañas, el año para ganar favores para sus productos y marcas.
“Los riesgos son que, en medio de una crisis de salud pública, no serán las innovaciones verdaderamente efectivas y eficientes las que lleguen al mercado más rápido, sino las producidas por las empresas e industrias que están mejor conectadas”, subrayó Hedtler-Gaudette desde el POGO.
No solo Estados Unidos se ha enfrentado sin precedentes desde 1918 a una pandemia de la magnitud del coronavirus. El mundo ha ensayado, errado y enmendado sobre cada uno de los aspectos que forman a la sociedad para evitar su disrupción.
Lejos del caos político y social por el polémico manejo de la pandemia durante la administración Trump, la nación no ha estado exenta de ver cómo sus propios ciudadanos hacen gala de malas acciones para lucrarse de las ayudas, sin importar los daños a la sociedad.
El desafío en los próximos días o meses es que, en consonancia con el caos multifacético que ha ido proliferando, las autoridades tenga la capacidad de responder a cada uno de estos retos. Un pequeño fraude en la venta de máscaras o desinfectantes a un hospital de una zona rural del medio oeste del país puede costarle la vida a cientos de personas y desencadenar una crisis sanitaria, por lo que hoy es mucho lo que está en riesgo.
